El juez embarga bienes de un supuesto 'cripto-estafador' hasta alcanzar 50 millones de euros

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha ordenado embargar "toda cuenta bancaria, criptomoneda o moneda de curso legal" que tenga en propiedad el investigado Santiago Fuentes hasta alcanzar 50 millones de euros.

Así consta en un auto, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, que aclara que en esta cantidad se ha fijado "el importe de las responsabilidades pecuniarias que pudieran derivarse de la presente causa", el llamado caso Arbistar.

En ella, el juez investiga si Fuentes, como fundador de la plataforma Arbistar, lideró una "estafa de carácter piramidal con un alto alcance en cuanto a la cantidad defraudada, superior a 50.000.0000 euros cuantificados al día de la fecha".

Un total de 3.141 personas se encuentran personadas en este caso. No sólo hay afectados en España, sino en otros países como Irán, Bulgaria, Colombia o Argentina.

Según analiza la Audiencia Nacional, la supuesta estafa habría consistido en "fingir una inversión rentable". Pero lo que se hace, realmente, es "pagar los intereses de los inversores con el capital que no se invierte o con el de los nuevos inversores". "Mientras se obtienen nuevos clientes, la pirámide crece, pero cuando dejan de existir el montaje se cae", expone el juez Calama en su auto.

"La dinámica delictiva de este tipo de estafas es la entrega de los primeros dividendos para dotar de credibilidad al negocio financiero, siempre inexistente", añade. "Este modelo piramidal conduce necesariamente a la frustración del negocio prometido, pues en la medida que se incrementa el capital recibido, aumentan exponencialmente las necesidades de nuevos ingresos para abonar los intereses", explica el juez.

El embargo cautelar de los 50 millones —solicitado por la defensa ejercida por el despacho Aránguez Abogados— responde a que el juez cuantifica en esta cantidad la supuesta estafa. Y toma la decisión, ya que sería la cantidad que, de resultar condenado, tendría que devolver a sus víctimas.

Para justificarlo, Calama alude a "la existencia de indicios de criminalidad" y a la posibilidad de que Santiago Fuentes "se pueda colocar en una situación de insolvencia que impida o dificulte que un eventual pronunciamiento condenatorio pudiera hacerse efectivo".