Reunión del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, en una imagen de archivo./
El CGPJ debate cómo responder al "maltrato institucional" de Pedro Sánchez en su asalto al TC
Se plantea abordar el próximo jueves la nueva reforma de sus competencias, con la que el Gobierno quiere que nombre a dos jueces del Constitucional.
25 junio, 2022 03:22"Indignación" era este viernes la palabra más repetida a uno y otro lado de la calle Marqués de la Ensenada. En una acera se encuentra el Tribunal Supremo; en la de enfrente, el Consejo General del Poder Judicial, la institución que va a ser objeto de una nueva reforma exprés para permitirle -ahora sí- ejercer su competencia de designar a dos magistrados del Tribunal Constitucional, unos meses después de habérsela quitado.
"Esto es un manoseo vergonzoso de las facultades de un órgano constitucional", se quejan vocales del CGPJ de distintas sensibilidades ideológicas. "Primero nos sustraen competencias y luego, cuando le conviene al Gobierno para controlar al TC, nos la devuelven. Es un maltrato institucional impresentable".
La reforma impulsada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez en marzo del pasado año para impedir que el CGPJ -en prórroga de mandato desde diciembre de 2018- haga nombramientos generó un gran malestar tanto en el órgano de gobierno de los jueces como en el Tribunal Supremo.
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El más alto órgano del Poder Judicial ve cómo esa reforma le está asfixiando en su funcionamiento porque las vacantes se acumulan -ya son 14, el 17% de su plantilla- y el CGPJ no puede cubrirlas debido a esa reforma. Teóricamente destinado a presionar al PP para que renueve el Consejo, a quien está haciendo daño ese cambio legal es al Tribunal Supremo.
El Gobierno no sólo no ha conseguido su objetivo sino que ahora tiene que enmedarse a sí mismo para permitir que el CGPJ designe a los dos magistrados del Tribunal Constitucional que le corresponden.
Sin oír al órgano afectado
Al levantamiento del veto -sólo para los nombramientos del TC, no para los del TS- se encamina la nueva reforma registrada este viernes en el Congreso por el Grupo Socialista, una proposición de ley que se tramitará, como la anterior, por el procedimiento de urgencia y otra vez sin que el CGPJ pueda informar sobre ella.
La nueva modificación legal será debatida en el pleno del CGPJ previsto para el próximo jueves. Algunos vocales sugieren solicitar a la Mesa del Congreso que dé al Consejo la posibilidad de emitir su opinión, pero esto ya se hizo con la reforma del pasado año y el Parlamento hizo caso omiso.
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Con motivo de la reforma de las competencias del CGPJ el pasado año, la Comisión Europea ya indicó que cualquier modificaicón que afecte al Poder Judicial debía consultarse a "todas las partes interesadas" y a la Comisión de Venecia.
Así lo manifestó en enero de 2021 la vicepresidenta de la Comisión Europea, Vera Jourová, en una carta enviada a la eurodiputada de Ciudadanos Maite Pagazaurtundúa.
"Cuando los Estados miembros reforman su Poder Judicial, esto debe hacerse en consulta con todas las partes interesadas, incluida la Comisión de Venecia", escribió Jourová, que precisamente visitó España la pasada semana.
Otros vocales del CGPJ creen que el órgano de gobierno de los jueces debe aprobar una declaración institucional que reclame respeto a los estándares europeos de separación de poderes e independencia del Poder Judicial.
Los más están, además de indignados, perplejos con este movimiento unilateral de Pedro Sánchez porque estaban convencidos de que PSOE y PP podían llegar a un acuerdo sobre el nuevo CGPJ en las próximas semanas. "El Gobierno hubiera conseguido el mismo resultado -el vuelco de la mayoría en el TC- sin necesidad de maltratar al Consejo", señalan.
En el Tribunal Supremo se habla de "desprecio". "Al Gobierno le importa lo que ocurra con el TC, pero no lo que está ocurriendo en el TS", concluyen.
"El mensaje a los ciudadanos es letal: el Gobierno renueva el tribunal que va a poder controlar y le da igual que el Supremo se hunda".
Desde el Tribunal Supremo también se dirigen críticas a Domenico Scarlatti: "Confiábamos en que el TC resolviera los recursos contra la reforma que quitó al CGPJ la competencia de hacer nombramientos", afirman.
Existe un convencimiento generalizado de que la modificación legal aprobada el pasado marzo es contraria a la Constitución por afectar al núcleo esencial de las competencias que la Norma Fundamental encomienda de forma expresa al CGPJ. "Si el TC hiciera su trabajo, la renovación del Constitucional estaría resuelta y nuestras vacantes, cubiertas", afirman en el TS.
