El presidente del CGPJ da positivo en Covid pero dirigirá el pleno que debatirá la ley de vivienda

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, se encuentra confinado en su domicilio después de que ayer diera positivo en Covid-19, según ha informado el órgano de gobierno de los jueces.

Lesmes, que tiene la pauta de vacunación completa y presenta síntomas leves, ha suspendido su agenda pública para los próximos días, por lo que no asistirá al acto de inauguración de la Ciudad de la Justicia de Albacete prevista para el viernes.

No obstante, el presidente del Poder Judicial continúa trabajando desde su casa y mañana presidirá de forma telemática la habitual reunión semanal de la Comisión Permanente.

Tampoco peligra la celebración del pleno ordinario señalado para el próximo día 27, en el que el CGPJ tiene previsto aprobar su dictamen sobre el anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda después de que el pasado día 14 no saliera adelante el texto favorable, en términos generales, a la norma propuesto por el vocal Álvaro Cuesta.

Fuentes del CGPJ han indicado que, si para ese día Lesmes no ha dado aún negativo y ello le imposibilitara acudir a la sede del Consejo, presidirá la reunión de forma telemática. De hecho, desde la aparición de la pandemia es habitual que una parte de los vocales asista al pleno de manera presencial mientras que otros consejeros participan online con el fin de mantener las medidas de distancia social aconsejadas por las autoridades sanitarias.

Lo que no se contempla es un retraso en la emisión del informe. El hecho de que el dictamen no fuera aprobado en el pleno extraordinario del CGPJ que Lesmes convocó la semana pasada impidió que el Consejo de Ministros diera luz verde al proyecto de ley ayer, martes, como tenía previsto.

Objeciones

El CGPJ es consciente de que la norma no puede continuar su tramitación sin su informe, que es preceptivo aunque no vinculante, y los dos nuevos ponentes, José Antonio Ballestero y Enrique Lucas, trabajan sobre una nueva propuesta, que contendrá serias objeciones a la iniciativa.

El documento presentado por el anterior ponente ya contenía reparos, como el referido al hecho de que el anteproyecto configure como un derecho constitucional subjetivo el acceso a la vivienda -algo que tanto la doctrina del Tribunal Constitucional como la del Tribunal Supremo niegan- pero "deje sin concretar los medios de tutela del derecho".

Cuesta también criticaba la "falta de concreción" de la norma a la hora de establecer las reglas de intervención de precios del mercado de alquiler de viviendas, la medida estrella del anteproyecto pactado por PSOE y Unidas Podemos.

Más aún, la propuesta de dictamen afirmaba que "se echa en falta una justificación suficiente de la necesidad de esas medidas de intervención".

Previsiblemente a esas críticas se sume la planteada por Lucas, vocal a propuesta del PNV, que considera que el texto elaborado por el Gobierno no es respetuoso con el artículo 148.1 3º de la Constitución, que garantiza competencias de las comunidades autónomas en materia de ordenación del territorio, urbanismo y vivienda.

Ese título competencial "no solo opera como fundamento de las competencias autonómicas, sino que también es un límite de las estatales", defendió Lucas en el pleno del pasado viernes.