La reforma legal promovida por PSOE y Unidas Podemos que sustrae al Consejo General del Poder Judicial una de sus competencias esenciales -elegir a los altos cargos de la Magistratura- mientras esté en funciones se está revelando ineficaz para lograr su principal objetivo: presionar al Partido Popular para forzarle a renovar el órgano de gobierno de los jueces, en prórroga de mandato desde diciembre de 2018.

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El plan del Gobierno pasa por que se acumule tal número de vacantes, especialmente en el Tribunal Supremo, que el bloqueo en el funcionamiento de la cúpula judicial sea insostenible y la responsabilidad recaiga sobre el partido de Pablo Casado. El líder del PP rechaza renovar el CGPJ si no se cambia la ley para que en el futuro sean los propios jueces, y no las formaciones políticas, los que elijan a los 12 vocales del Consejo que deben proceder de la carrera judicial.

Pero el riesgo de que el Tribunal Supremo se paralice "no existe", afirman fuentes del CGPJ. Y el PP lo sabe. Por ello, Casado no se siente en absoluto presionado por un cambio legal hecho a uña de caballo (se aprobó por las dos Cámaras en menos de tres meses), sin contar con la oposición, sobre el que el Consejo no pudo opinar y que está impugnado ante el Tribunal Constitucional.

Casado ha hecho en los últimos días consultas sobre si el Tribunal Supremo u otros tribunales pueden verse afectados con el paso del tiempo por la reforma que impide al CGPJ realizar nombramientos discrecionales. La respuesta ha sido clara: todos los órganos del Poder Judicial van a seguir funcionando.

Cálculos

"El Gobierno no calculó bien el impacto de la reforma", aseveran desde el CGPJ. Las fuentes consultadas explican que, cuando entró en vigor la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial el pasado 31 de marzo, sólo había una vacante en la Sala Civil del Tribunal Supremo, ninguna en la Sala Penal, dos en la Sala de lo Contencioso-Administrativo, una en la Sala de lo Social y otra en la Sala de lo Militar.

Dos meses después la situación sólo ha empeorado en la Sala de lo Contencioso. A las dos vacantes del turno de juristas de reconocida competencia se han sumado otras tres a consecuencia de los fallecimientos de Nicolás Maurandi y Ángel Aguayo y de la excedencia voluntaria de Jesús Cudero. La primera jubilación prevista en esa Sala se producirá el próximo agosto.

Con ese escenario, la eventual dificultad de completar alguna Sección por la ausencia puntual de algún magistrado (por enfermedad, permisos, etc) la puede solventar el presidente, César Tolosa, ya que la ley le autoriza a presidir cualquier Sección en cualquier momento.

También está prevista una vacante más en la Sala de lo Social por la marcha de Lourdes Arastey al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Pero no habrá jubilaciones hasta octubre de 2022, cuando tendrá que cesar por edad la presidenta de esa Sala, María Luisa Segoviano.

El año próximo

En el CGPJ prevén, por tanto, que no habrá problemas de constitución de Salas en el Tribunal Supremo antes de la primavera de 2022, cuando se jubilan otros dos magistrados de la Sala de lo Contencioso.

Si llegado ese momento no se ha producido la renovación, existen otros mecanismos legales como el nombramiento de magistrados suplentes o en comisión de servicio, que en el Tribunal Supremo son muy excepcionales pero a los que el CGPJ puede recurrir in extremis para garantizar que las Salas sigan trabajando.

De hecho, el pasado abril el Consejo aseguró el funcionamiento de la Sala de lo Militar con el nombramiento como magistrados suplentes de Fernando Marín y Ricardo Cuesta mientras volvía a completar el proceso selectivo para cubrir dos vacantes, en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Supremo que tumbó los iniciales nombramientos de esos magistrados. Marín y Cuesta estuvieron unas semanas como suplentes y volvieron a ser elegidos titulares de la Sala de lo Militar el pasado 17 de mayo.

30 cargos con mandato vencido

Además de las vacantes en el Tribunal Supremo, de aquí a final de año terminará el mandato de un total de 30 cargos judiciales. Seis de ellos son presidentes de Tribunales Superiores de Justicia, cinco de los cuales (Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña y Comunidad Valenciana) vencieron el pasado febrero, mientras que el presidente del TSJ de Murcia lo hará el 28 de junio.

A ellos se suman 12 presidentes de Sala de TSJ y 12 presidentes de Audiencias Provinciales (Cádiz, Sevilla, Huesca, Teruel, Ávila, Barcelona, Gerona, Castellón, Lugo Murcia, Álava y Guipúzcoa).

La terminación del mandato de estos 30 cargos no tiene repercusión en el funcionamiento de los tribunales concernidos ya que la ley prevé que los nombrados se mantengan en sus puestos hasta que sean sustituidos.

El Consejo General del Poder Judicial quiere la renovación y su presidente, Carlos Lesmes, la ha reclamado por escrito hasta en cuatro ocasiones, pero el CGPJ no está dispuesto a que su anómala situación repercuta en los tribunales. "Aunque al Gobierno le venga mal, no vamos a dejar que se caiga el Tribunal Supremo", subrayan en el órgano de gobierno de los jueces.

Lo que pide Europa

La vía de presión al PP escogida por el Gobierno puede quedar, así, en agua de borrajas. Casado, tranquilizado por la ineficacia -al menos a corto plazo- de la reforma del Ejecutivo, se muestra firme en su exigencia de cambiar el sistema de elección de los vocales judiciales del CGPJ y considera que esta demanda está en la línea de los principios del Estado de Derecho en la Unión Europea.

El Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO) viene planteando desde 2013 la necesidad de que España modifique "el marco legislativo que rige el Consejo General del Poder Judicial" y analice "los efectos que tiene sobre la independencia de este órgano cualquier influencia indebida, real y aparente, con objeto de corregir cualquier deficiencia que se detecte".

Todos los informes de evaluación posteriores han considerado incumplida esa recomendación. En esos documentos, el GRECO, ya sin rodeos, habla de la "necesidad de eliminar la elección del turno judicial por parte de los políticos".

En noviembre de 2019, este organismo del Consejo de Europa volvió a insistir en que no objeta que el Congreso y el Senado designen a los ocho miembros del órgano de gobierno de los jueces que son juristas, pero "las autoridades políticas no deben participar, en ningún momento, en el proceso de selección del turno judicial".

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