Un recurso que Podemos perdió en el TC librará a Iglesias de explicar la imputación de su partido

Una sentencia del Tribunal Constitucional dictada el pasado 29 de junio puede favorecer que el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, no tenga que comparecer en el Congreso para dar cuenta de los problemas judiciales de su partido, Unidas Podemos, investigado por presuntas irregularidades en su financiación.

El Tribunal Constitucional avaló en esa resolución la decisión de la Mesa de la Asamblea de Murcia de no admitir a trámite una pregunta dirigida en mayo de 2018 al presidente del Gobierno autonómico, Fernando López Miras (PP), en los siguientes términos: “¿Puede asegurar que el Partido Popular de la región de Murcia no se ha financiado ilegalmente mediante procedimientos semejantes a los condenados en la sentencia de la Gürtel?”.

La pregunta había sido formulada por Óscar Urralburu, entonces portavoz parlamentario de Unidas Podemos en la Asamblea de Murcia. El diputado recurrió en amparo ante el Tribunal Constitucional la decisión de la Mesa por considerar que el órgano rector de la Cámara regional se había "extralimitado en sus funciones".

El recurso destacaba que el reglamento de la Asamblea parlamentaria no preveía en aquel momento "ninguna limitación material respecto al contenido" de las preguntas dirigidas a los miembros del Gobierno autonómico. De acuerdo con ese Reglamento, que fue modificado posteriormente, las preguntas sólo podían ser rechazadas si planteaban una cuestión de exclusivo interés personal o de índole estrictamente jurídica (esa regulación es similar a la del Reglamento del Congreso).

El entonces diputado regional de Podemos perdió, pese a que su recurso de amparo contó con el apoyo del fiscal.

El TC respaldó el rechazo de la cuestión sobre la presunta financiación ilegal del PP de Murcia porque "la materia sobre la que se pretende preguntar al presidente autonómico queda claramente fuera del ámbito" de las funciones que le atribuyen el Estatuto de Autonomía y la Ley 6/2004, sobre el estatuto del presidente y del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia.

En la sentencia, de la que fue ponente el magistrado Andrés Ollero, la Sala Primera del TC argumenta que la negativa de la Mesa a admitir la pregunta de Unidas Podemos no fue arbitraria, porque la razón que dio "atiende a la naturaleza y finalidad de las preguntas parlamentarias como instrumento de control de la acción del Gobierno".

"No teniendo que ver la cuestión planteada con dicha acción del Gobierno, resultaba justificada su inadmisión a trámite", señala el Constitucional, que abundaba en que "la necesaria conexión de las preguntas con la competencia o gestión del Gobierno (o de su presidente) se desprende de su carácter de instrumentos de control del Ejecutivo como una de las funciones de la Asamblea regional".

Las tornas cambian

La doctrina no es nueva, pero la sentencia tiene la singularidad de que la pregunta parlamentaria cuyo rechazo ha respaldado el TC se refiere precisamente a la supuesta financiación ilegal de un partido, en aquel caso el Partido Popular. 

Ahora las tornas han cambiado y son los grupos parlamentarios del PP y Ciudadanos en la Cámara Baja los que reclaman que el vicepresidente Iglesias explique la imputación de Unidas Podemos por el Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid.

Este órgano judicial ha citado a declarar como investigados a varios responsables de Unidas Podemos, entre ellos Juanma del Olmo, secretario de Comunicación del partido y estrecho colaborador de Iglesias como director de Comunicación y Estrategia de la Vicepresidencia segunda del Gobierno.

La investigación judicial es consecuencia de una denuncia interpuesta por el exabogado del partido José Manuel Calvente, que fue despedido, según él, cuando estaba realizando una investigación interna por posibles irregularidades contables.

Las irregularidades habrían consistido en gastos sin justificar o no previstos en los presupuestos, entrega de sobresueldos a determinados dirigentes o infracción de los procedimientos de contratación para la realización de unas obras en la sede del partido.

La investigación también se refiere a supuestos gastos electorales que han sido cuestionados por el Tribunal de Cuentas y que, formalmente, fueron contratados y pagados a la consultora latinoamericana Neurona, con la que trabajó Juan Carlos Monedero.

La Diputación Permanente del Congreso tiene previsto decidir mañana si admite a trámite la petición de PP y C's de convocar un Pleno extraordinario con la comparecencia de Iglesias para que informe "de cómo afecta al desempeño de su cargo las actuaciones judiciales que se están llevando a cabo sobre la presunta financiación ilegal de Unidas Podemos" y para que de cuenta "de las últimas informaciones relativas a la financiación irregular de Podemos y la reciente imputación, tanto del partido como de altos cargos del mismo, y el papel del vicepresidente en este asunto".

El grupo parlamentario del PSOE, sin embargo, ya ha adelantado que votará en contra de la propuesta de la oposición y necesita el apoyo de sus principales socios de investidura, ERC y PNV, para que Iglesias no comparezca.