Alfonso Fernández Mañueco, presidente del Partido Popular de Castilla y León.

Alfonso Fernández Mañueco, presidente del Partido Popular de Castilla y León. EFE

Tribunales SALAMANCA

El juez busca por su “mala fe” al denunciante anónimo que quiso tumbar al PP de Castilla y León

Archivan la denuncia sobre las primarias de las que salió elegido Fernández Mañueco porque tergiversaba los hechos para darles apariencia delictiva.

Carmen Lucas-Torres Daniel Ramírez

El denunciante anónimo que se dirigió a los juzgados de Salamanca afirmando que las primarias del Partido Popular de Castilla y León de 2017 se financiaron de manera irregular tendrá que pagar las costas del proceso que se acaba de archivar.

Después de practicar las diligencias que ha considerado oportunas y suficientes, el juez considera que no hubo delito y que el escrito sin firma relataba hechos "de manera tergiversada y subjetivamente interesada para darles una apariencia delictiva". 

De ahí que el titular del juzgado de instrucción número 2 de Salamanca, Juan Rollán, le condene al pago de la totalidad de las costas procesales por "obrar con temeridad y mala fe", si es que se le encuentra. 

Momento clave de pactos

La nota del ciudadano anónimo llegó a los juzgados en un momento clave y delicado para el pacto de Gobierno que estaba a punto de fraguarse en la comunidad castellano-leonesa. De hecho, la apertura de diligencias supuso un peligro para ese acuerdo entre Partido Popular y Ciudadanos. 

La formación naranja dejó claro desde el principio que si las pesquisas desembocaban en una imputación de Fernández Mañueco, romperían cualquier negociación.

El contenido literal de la nota que anónimo envió a los juzgados no trascendió, puesto que el juez decretó el secreto de las actuaciones nada más abrir la investigación. Sí se supo que ésta se inició por los presuntos delitos de coacciones, financiación ilegal de partido político y falsedad documental en el proceso de primarias del Partido Popular en el que Alfonso Fernández Mañueco salió elegido líder. 

También a las personas a las que citó en el documento: Enrique Sánchez-Guijo y Cristina Klimowitz, concejales del ayuntamiento de Salamanca e Isabel María de la Torre, diputada provincial. El juez citó a declarar a los tres como testigos y de sus comparecencias "coherentes, convincentes y coincidentes" concluyó que "no concurren elementos de tipicidad penal". 

Concluye por tanto el instructor que no hubo ninguna ilegalidad y que el denunciante anónimo tuvo una intención incriminatoria contra quienes dirigió la denuncia. De ahí que se busque identificarle para que sea multado.