Las defensas alegan violación de derechos mirando a Estrasburgo y al mundo independentista

Con la fría naturalidad de los ritos procesales, sin estridencias, sin sorpresas. A las 10,30 horas de la mañana de este martes arrancó el histórico juicio contra los 12 políticos acusados de promover la independencia unilateral de Cataluña, al margen de la ley y por la vía de los hechos, durante septiembre y octubre de 2017.

En el banquillo, serios pero no tensos, un atento Oriol Junqueras, exvicepresidente del Gobierno catalán, con una carpeta de documentos a su lado; los exconsejeros Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Dolors Bassa, Joaquim Forn, Mertixell Borrás, Carles Mundó y Santiago Vila; la expresidenta del Parlamento catalán Carme Forcadell y Jordi Cuixart y Jordi Sànchez, presidente de Òmnium Cultural y expresidente de Asamblea Nacional Catalana, respectivamente.

Sólo el último de ellos lucía el lazo amarillo adoptado como símbolo de los denominados 'presos políticos". Los exmiembros del Gobierno catalán llevaban en la solapa una insignia de la Generalitat, aunque no todos: Mundó y Vila se apartaron del universo de la simbología, haciendo visible también por esa vía sus diferencias con el resto del banquillo.

Había más lazos amarillos en los asientos del público que en el banquillo. Los llevaban el presidente Quim Torra y los dos consejeros que le acompañaron, Ester Capella y Damià Calvet, y varios de los asistentes los exhibieron en chaquetas y bolsos.

La Sala fue permisiva con los símbolos y generosa en los tiempos de intervención de los letrados de la defensa, que expusieron sus puntos de vista sobre la vulneración de derechos fundamentales en un trámite de cuestiones previas que la ley prevé en el procedimiento abreviado pero no para los sumarios ordinarios.

Pese a ello, la Sala, consciente de la singularidad de un caso que se va a mirar -y a revisar- con lupa, ha articulado una fase de cuestiones previas que permitió a los defensores volver a alegar la falta de imparcialidad del juez instructor y del propio tribunal y la violación de una panoplia de derecho fundamentales: libertad de expresión, derecho de reunión y manifestación, libertad ideológica, derecho de defensa, derecho a un juicio justo, al ejercicio de cargos electivos y de derechos políticos, a la presunción de inocencia, a la libertad...

"Cogí la Constitucion el otro día...."

"Cogí la Constitución el otro día y me costó encontrar un derecho fundamental que no se haya vulnerado. Hasta la libertad de culto: a Junqueras no le dejaban ir a misa en prisión", dijo el abogado del exvicepresidente catalán, Andreu van den Eynde.

Volvieron a oírse en el salón de plenos del Tribunal Supremo, exactamente en el mismo lugar donde en el pasado se han examinado procesos de rebelión como los que afectaron a Sanjurjo, Companys o a los militares del 23F, los alegatos de que el proceso al procés es "una causa general y prospectiva contra el independentismo catalán", una causa que "impide el desarrollo de una ideología legítima", que "atenta contra la disidencia política" y que ha supuesto la "derogación absoluta de los derechos políticos de representantes de la ciudadanía".

Para las defensas, que lanzaron su artillería durante seis horas entre la mañana y la tarde, se aprovechó el cese del Gobierno de Puigdemont -el gran ausente del banquillo- por la aplicación del articulo 155 de la Constitución para citar a los ex consejeros de forma inmediata y encarcelarles; se les privó de intervenir en la campaña de las elecciones autonómicas de diciembre de 2017;se frustró la investidura de Turull y Sànchez y fueron suspendidos de sus funciones públicas tras dictarse el auto de procesamiento "por un juez instructor que en sus resoluciones admitió sentirse víctima de los hechos que estaba investigando".

'Enemigos'

No sólo se les privó de su libertad y de sus derechos políticos. También se les aplicó "el Derecho Penal del enemigo". Fue un concepto que manejaron varios defensores y que la abogada de Forcadell, Olga Arderiu, precisó diciendo que "entendiendo que han violentado la Constitucion española -no siendo así-, se les considera enemigos, traidores a la nación". "Son asimilados a los terroristas", aseveró Van den Eynde.

No son alegaciones novedosas. A lo largo de los 15 meses de proceso, tanto por escrito como en la vista del pasado diciembre, en la que se debatió la competencia del Tribunal Supremo para juzgar estos hechos, las defensas han introducido todos esos argumentos, ya respondidos tanto por el instructor, Pablo Llarena, como por la Sala de Recursos y los propios magistrados que juzgan los hechos: Manuel Marchena, que preside el tribunal y que este martes ha conducido la vista con exquisitez florentina; Andrés Martínez Arrieta, Juan Ramón Berdugo, Luciano Varela, Antonio del Moral, Andres Palomo y Ana Ferrer, todos muy activos tomando notas. Las defensas se dirigieron a ellos en términos muy respetuosos y advirtiendo del "pesar" que les causaba tener que cuestionar su imparcialidad.

Nada de lo escuchado en la sala resultó sorprendente porque los letrados se dirigían al tribunal pero en realidad están pensando en apuntalar una estrategia defensiva que termina en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, especialmente sensible a las garantías procesales. Y tenían que expresar, claro está, un discurso dirigido también al mundo independentista, tan expectante ante este juicio.

Desde el punto de vista del proceso, lo importante es lo primero. El defensor de Cuixart, Benet Salellas, lo sabe bien porque logró una condena contra España en el caso de Roures y Stern, sentenciados a prisión por quemar fotos de los Reyes y que obtuvieron un fallo favorable en Estrasburgo. "Éste es un juicio contra los derechos fundamentales", dijo sobre el proceso al procés. "Este juicio es una derrota colectiva de la sociedad española. No debe empezar, al menos de la forma en que ha empezado. Si no, entrará en un universo de riesgos irreparables".

La segunda sesión del juicio, este miércoles, será el momento de que los fiscales, la abogada del Estado y la acusación popular que ejerce Vox contesten a las cuestiones previas de las defensas. La vista también será retransmitida íntegra y en directo, con un nivel de transparencia que no existe en los sistemas judiciales de ningún país europeo