Juan Miguel Villar Mir entra en la Audiencia Nacional el pasado 9 de febrero./

Juan Miguel Villar Mir entra en la Audiencia Nacional el pasado 9 de febrero./ Efe

Tribunales

El fiscal usa una escucha de Villar Mir con su defensa para pedir que se les juzgue por falsedad

La interceptación de las comunicaciones del empresario con su abogado ha motivado una querella pendiente de admisión en el Supremo.

La Fiscalía de Madrid ha pedido a la jueza de instrucción número 5, Carmen Valcarce, que abra juicio oral contra el empresario Juan Miguel Villar Mir, su abogado y su médico por la confección de un certificado presuntamente falso en el que se afirmaba que el constructor padecía un proceso gripal que exigía reposo. El certificado fue utilizado para pedir al juez del caso Lezo, Manuel García-Castellón, la suspensión de una diligencia de toma de huellas a la que el constructor no asistió el día señalado, aunque compareció en una citación posterior.

El procedimiento contra Villar Mir, su médico de cabecera y su abogado se inició tras una comunicación enviada a los Juzgados de Madrid por García-Castellón al apreciar indicios de comisión un delito de falsedad. El asunto es controvertido porque la defensa del empresario sostiene que las escuchas son una prueba nula al haberse interceptado comunicaciones protegidas por la confidencialidad, en las que investigado y letrado debatían la estrategia de defensa.

De hecho, el instructor del caso Lezo ha sido objeto de una querella en el Tribunal Supremo pendiente de que se admita a trámite, a lo que la Fiscalía se opone. Los investigadores de Lezo no sólo han escuchado a Villar Mir y su abogado sino a otros letrados y sus clientes.

Multa

El fiscal ha pedido a la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Madrid que siente en el banquillo a Villar Mir, al letrado Carlos Domínguez y al facultativo por un delito leve de falsedad en un certificado médico, castigado con pena de multa.

El fiscal se basa precisamente en el contenido de las escuchas -cuya validez no analiza- en las que el defensor aconseja a su cliente que pida un certificado médico para no acudir a la diligencia judicial. Según el Ministerio Público, el empresario "con aparente hilaridad" contestó que "efectivamente estoy acatarrado".

El fiscal alude a que la defensa de Juan Miguel Villar Mir ha presentado distintos documentos para acreditar que estaba enfermo, entre ellos una certificación de la empresa a la que pertenecen sus escoltas de que no salió de casa del 8 al 11 de febrero; otra certificación de que, por primera vez en años, no asistió a la Junta General de OHL el 9 de enero y un certificado de otro médico, que fue llamado por los familiares de Villar Mir, que refiere que el 13 de enero el constructor, de 87 años de edad, padecía una bronquitis aguda espástica severa, con fiebre y tos desde hacía una semana. 

Pero para el fiscal hay "dudas razonables sobre la realidad reflejada en el certificado médico a la vistas del tenor de las conversaciones".

La instructora tiene que decidir entre la petición del fiscal de ir a juicio y la solicitud de archivo presentada por Villar Mir, basada en la nulidad de las escuchas como prueba y en la "absoluta falta de control judicial sobre las mismas". La interceptación de las comunicaciones se mantuvo durante al menos tres meses.