Cristo crucificado en el salón del plenos del Tribunal Supremo./

Cristo crucificado en el salón del plenos del Tribunal Supremo./ E.E.

Tribunales JUSTICIA

Retiran el Cristo de la sala de plenos del Supremo en la que se celebrará el juicio del 'procés'

La imagen del Cristo crucificado que desde los años 40 adorna una de las paredes enteladas del salón del plenos del Supremo, el recinto más solemne del alto tribunal, ha sido retirada de su emplazamiento el pasado viernes, cuatro días antes de la vista de las cuestiones previas al juicio por la secesión unilateral de Cataluña, señalada para el próximo martes.

Se trata de una talla religiosa obra de Fernando de Castro Martín, un preso republicano que labró en los talleres penitenciarios la escultura con destino al Tribunal Supremo. Fuentes de la institución señalaron que hace pocos años el hijo del autor visitó el tribunal y confirmó con bocetos y otras pruebas documentales que la talla fue realizada por su padre, que estuvo recluido en la cárcel de Alcalá de Henares hasta 1946.

El Cristo "ha sido retirado para su restauración", explican las mismas fuentes, que desvinculan este hecho de la inminente celebración del juicio del 'procés' y de la presunta intención de evitar que la presencia de una obra religiosa en la sala puede ser utilizada por los abogados de la defensa -que no están siendo especialmente colaboradores con la buena marcha del proceso- para provocar un conflicto alegando una supuesta falta de neutralidad ideológica.

Las fuentes consultadas aseguraron que "simplemente es que a esa obra le tocaba ser restaurada". "Llevamos un orden riguroso de restauración del patrimonio artístico del palacio de justicia y era el momento del Cristo del salón de plenos. Tenemos un presupuesto que hay que ejecutar", añadieron.

No se sabe cuánto tiempo será necesario para la restauración, aunque no se prevé excesivo porque la obra se encuentra en buen estado de conservación. "Igual para cuando empiece el juicio el trabajo está terminado y la escultura vuelve a su lugar", manifestaron las mismas fuentes.

Lo que de momento es seguro es que el Cristo crucificado no estará en su emplazamiento para la vista del próximo martes, primera prueba de fuego pública de la Sala encargada de juzgar el 'procés'. El alto tribunal ha decidido que los actos jurisdiccionales relacionados con esta causa se celebren en el salón de plenos porque tiene el suficiente espacio para que las numerosas partes personadas puedan trabajar con comodidad. Con ese mismo fin se van a introducir algunos cambios en el mobiliario de los estrados. En esa sala se celebraron todos los procesos de ilegalizacion de ETA/Batasuna y juicios como el de Segundo Marey o Filesa.  

En la vista del martes no estarán los encausados del 'procés' ya que su objeto es debatir las cuestiones previas al juicio. Las 18 defensas coinciden en sostener la falta de competencia de la Sala Penal para conocer del proceso relacionado con la declaración unilateral de independencia de Cataluña y esta cuestión tiene que ser resuelta antes del juicio para determinarse si éste debe ser celebrado por el Tribunal Supremo o por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Según las defensas, la competencia sobre el 'procés' corresponde al TSJC "por haberse realizado la totalidad de los elementos típicos de los delitos que las acusaciones atribuyen a los procesados íntegramente en territorio catalán". 

Se trata de una alegación que ha sido anteriormente planteada al magistrado instructor, Pablo Llarena, y a la Sala de Recursos. Ambos ratificaron la competencia del Supremo señalando que varios actos relevantes para el propósito de la secesión unilateral se realizaron fuera de Cataluña, desde las actuaciones del denominado Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña (Diplocat) hasta la contratación en el extranjero de observadores internacionales para el referéndum legal del 1-O, a los que se pagó con fondos públicos por parte de la Generalitat. En el referéndum celebrado pese a la prohibición del Tribunal Constitucional participaron catalanes residentes fuera de la comunidad autónoma.

Una de las acusadas, la exconsejera Meritxell Borrás, afirmó en sus declaraciones judiciales que las urnas empleadas en el referéndum no se obtuvieron por la Consejería de Gobernación sino que hubo que comprarlas en el extranjero, donde también se imprimieron papeletas para la votación.