Josep Lluis Trapero a la salida de una de sus declaraciones en la Audiencia Nacional. EFE
Tribunales PROCESO SOBERANISTA
La Fiscalía pide 11 años de prisión para Trapero por poner a los Mossos a disposición del secesionismo
- El exmayor de la Policía catalana, el exdirector Pere Soler, el exsecretario general de Interior César Puig y la intendente Teresa Laplana, también considerados responsables del procés.
- El Ministerio Público eleva la petición de pena respecto al procesamiento de la jueza Lamela, que veía delitos de sedición y organización criminal.
- La jueza Lamela procesa a Trapero por organización criminal y sedición.
La Fiscalía acusa al exmayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluis Trapero, y a la cúpula política de la Policía catalana por rebelión, mismo delito por el que el Ministerio Público acusa a los principales líderes del procés en el Tribunal Supremo. Solicitan 11 años de prisión y 11 de inhabilitación para el exmayor de los Mossos d'Esquadra por su responsabilidad en el procés.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha presentado este viernes su escrito de conclusiones provisionales contra quienes fueron altos mandos de los Mossos d'Esquadra. Paralelamente, los fiscales del Supremo han hecho lo mismo respecto de los políticos separatistas. El Ministerio Público ve delito de rebelión en la actuación del exmayor de los Mossos, Josep Lluis Trapero, el ex director del Cuerpo catalán Pere Soler, el ex secretario general de Interior de la Generalitat César Puig durante los hechos ocurridos entre septiembre y octubre de 2017. En el caso de la intendente Teresa Laplana, la acusan de sedición, delito por el que la Fiscalía de la Audiencia Nacional solicita una pena de cuatro años de prisión.
Aunque la jueza Carmen Lamela les procesó por dos delitos de sedición y pertenencia a organización criminal (igualmente castigados con altas penas de prisión), la Fiscalía unifica criterio puesto que los hechos que deberán ir a juicio respecto de dichos acusados también se abordan en la causa abierta contra el resto de miembros del procés en el Tribunal Supremo.
Josep Lluis Trapero a su llegada a la Audiencia Nacional.
Se trata del asedio a la comisión que registró la consejería de Economía catalana durante los días 20 y 21 de septiembre de 2017 y su papel en la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre.
Trapero avisó a políticos de las investigaciones judiciales
En sus conclusiones provisionales, la Fiscalía argumenta que "el auxilio y la colaboración de los Mossos d'Esquadra fue determinante para la celebración del referéndum y la producción de los graves sucesos que finalmente acaecieron, pues lejos de cumplir el mandato judicial al que venían inexcusablemente obligados por imperativo legal optaron por sujetarse a las directrices de los responsables políticos de la Generalitat, poniendo a disposición de los mismos y de sus ilegales propósitos secesionistas todo el poder coactivo que representaba un cuerpo policial armado y muy numeroso (unos 17.000 miembros aproximadamente)".
El Ministerio Público también responsabiliza a Trapero de haber "diseñado de forma deliberada unos mecanismos de actuación que impidieron que los agentes de los Mossos d'Esquadra pudieran cumplir con las instrucciones dadas por el Ministerio Fiscal y con las resoluciones del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña". A tal fin, dicen, "diseñó el plan Ágora y las pautas y normas de actuación para el día del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017".
Además, según la Fiscalía, "por su relación con los políticos independentistas, el responsable de los Mossos d'Esquadra empleaba su máxima autoridad para informar de las investigaciones policiales y judiciales que se estaban realizando".
Como ejemplo de ello, el escrito de acusación hace referencia a un correo electrónico encontrado al acusado en el que un responsable de escoltas de los Mossos le avisaba de un registro que se practicaría en el despacho de Carme Forcadell, ya investigada en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Un día antes, Trapero solicitó información sobre los registros que fueran a practicarse en dependencias de investigados por el procés.
