Oriol Junqueras en una imagen de archivo.

Oriol Junqueras en una imagen de archivo.

Tribunales

Los fiscales se inclinan por pedir 25 años de cárcel para Junqueras y más de 15 para cinco exconsejeros

Los fiscales del Tribunal Supremo encargados del proceso penal iniciado tras la declaración unilateral de independencia de Cataluña barajan pedir una pena de 25 años de cárcel para Oriol Junqueras, exvicepresidente del Gobierno de Carles Puigdemont, como "jefe principal" de un delito de rebelión agravado por la utilización de fondos públicos.

Será la misma acusación que se formulará contra cinco exconsejeros: Joaquim Forn, Jordi Turull, Raül Romeva, Dolors Bassa y Josep Rull. Para ellos la Fiscalía pedirá penas diferentes según la distinta gravedad de su actuación en el proceso secesionista, pero serán superiores a los 15 años de prisión, según informaron fuentes del Ministerio Público, que se encuentra a la espera de que la Sala Penal del Supremo confirme el cierre de la instrucción llevada a cabo por el magistrado Pablo Llarena.

La resolución en la que el tribunal ordenará abrir la fase de juicio oral será dictada esta semana después de que la Sala haya concedido a las defensas sucesivas ampliaciones del plazo para que se instruyeran de la causa. Los defensores han logrado dilatar hasta la extenuación el período de instrucción de las diligencias realizadas por Llarena (en las que, además, han venido participando) desde que el 27 de agosto se les concediera el plazo máximo legal de 10 días.

Para la Sala, resulta incomprensible -en términos jurídicos- que los defensores estén intentando demorar la celebración de la vista en contra del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas que el tribunal trata de garantizar a sus defendidos, más aún cuando nueve de ellos están en prisión provisional, recordaron fuentes del tribunal.

Acusación por rebelión

La Fiscalía, por su parte, está lista para presentar un escrito de acusación en el que viene trabajando desde el verano y en el que mantendrá la misma postura que ha sostenido desde el inicio de la causa. El presunto delito de rebelión no sólo fue el objeto de la querella presentada hace ahora un año sino que ha sido reiterado a lo largo de la instrucción.

La gravedad de ese delito ha sido la base por la que los fiscales pidieron la prisión preventiva de nueve procesados y una de las razones por las que se han opuesto sistemáticamente a su excarcelación.

Por lo que se refiere de forma específica a Oriol Junqueras, los representantes del Ministerio Público sostuvieron ya en una vista celebrada el 4 de enero que los hechos "pueden ser constitutivos de un delito de rebelión porque se han producido comportamientos violentos, en particular los días 20 de septiembre y 1 de octubre", en referencia al asedio en la Consejería que dirigía Junqueras y al referéndum ilegal.

La Fiscalía dijo ya entonces que el exvicepresidente catalán "es uno de los organizadores de los hechos investigados en esta causa y uno de los principales impulsores de las movilizaciones sociales dirigidas a la celebración del referéndum del 1 de octubre y a impedir la actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado para restaurar la legalidad constitucional, lo que supuso que se provocaran graves enfrentamientos".

La persistencia en ese criterio, mantenida de forma unánime por los cuatro fiscales de Sala encargados del proceso (Consuelo Madrigal, Javier Zaragoza, Jaime Moreno y Fidel Cadenas), deja poco margen para un cambio de última hora, al menos en el escrito de calificación provisional. La nueva fiscal general, María José Segarra, conoce el borrador, cuya redacción está muy avanzada, y no ha dado ninguna indicación en contra, aseguran las fuentes consultadas.

Los fiscales del Supremo están actuando en este relevante proceso de una forma autónoma e independiente, antes y después del cambio de Gobierno. Las constantes manifestaciones procedentes del ámbito político en contra de la prisión preventiva de los procesados o a favor de una suavización de la calificación delictiva no sólo no hacen mella en su criterio sino que incluso les reafirman en él. Así, por el momento han descartado incluir en el escrito de calificación provisional el delito de sedición como calificación alternativa a la rebelión. "Ahora mismo, con las presiones políticas que hay, eso sería una bajada de pantalones", afirman de manera descriptiva las fuentes consultadas.

Ello no quiere decir que la sedición esté del todo excluida: dependerá del desarrollo del juicio y de que los acusadores consigan probar en la vista el determinante elemento de las violencia del proceso secesionista. No obstante, tal como explican desde el Ministerio Público, una modificación final de calificación no supondría un cambio notable -en cuanto a la entidad de la condena- para aquellos acusados que, como es el caso de Junqueras, se enfrentan también a la malversación de fondos. La sedición y la malversación serían entonces castigadas de forma separada y la suma de las penas quedaría muy cerca de la rebelión.

Forcadell, promotora

Ese cambio de calificación sí beneficiaría a los procesados que será acusados de rebelión pero no de malversación de caudales públicos.

Es el caso de la expresidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, y de los líderes sociales Jordi Cuixart y Jordi Sánchez. Los tres son considerados por la Fiscalía como promotores del alzamiento violento que desembocó en la declaración unilateral de independencia, por lo que la petición de penas superará también en este caso los 15 años de prisión.

El escrito de calificación provisional seguirá, aunque ampliándolo, el relato de hechos que el juez Llarena incluyó en el auto de procesamiento dictó el 21 de marzo, ratificado íntegramente por la Sala de Apelación.

Joan Tardà, ha advertido este domingo al Gobierno de que no negociará los Presupuestos si no insta a la Fiscalía "a retirar las acusaciones" contra los dirigentes independentistas procesados por el 1-O. "No negociaremos nada si el Gobierno español no insta a la Fiscalía a retirar las acusaciones", ha recalcado el portavoz de ERC en el Congreso, para quien la única "solución" es declarar la "absolución" de los procesados.