Estructura metálica en forma de lazo instalada en una rotonda de L'Atmella./

Estructura metálica en forma de lazo instalada en una rotonda de L'Atmella./ E.E.

Tribunales

El fiscal de Cataluña decide investigar cuánto dinero público se gastan L'Atmella y Vic en símbolos indepes

La Fiscalía del Tribunal Superior de Cataluña quiere saber si el Ayuntamiento de L'Atmella de Mar (Tarragona) ha gastado dinero público en la instalación de una controvertida estructura metálica con forma de lazo amarillo en apoyo a los políticos catalanes que se encuentran en prisión preventiva por su implicación en el proceso de secesión unilateral de Cataluña.

La estructura fue instalada en una rotonda en la que el pasado 25 de agosto la Policía local identificó al periodista Arcadi Espada y otras siete personas que se encontraban transformando el lazo amarillo en una bandera de España, añadiendo en él dos franjas de pintura roja.

Espada y sus acompañantes fueron denunciados por la Policía municipal a la Fiscalía por "deslucimiento de bienes públicos". Pero el Ministerio Público no sólo va a investigar la denuncia sino también cuánto costó ese "bien público".

En un oficio firmado por el teniente fiscal (número dos) de la Fiscalía Superior de Cataluña, Pedro Ariche, se ha requerido al alcalde de L'Atmella, Jordi Gaseni, para que envíe el acuerdo de la Corporación municipal por el que se autorizó la instalación del lazo en la rotonda, dedicada originalmente a un monumento llamado Braços i Rems (brazos y remos).

Gaseni es vicepresidente de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI) y con motivo de la denuncia de la Policía Municipal escribió en Twitter: "Detenidos y denunciados por ensuciar el mobiliario urbano Arcadi Espada y 7 bichos más".

El teniente fiscal también requiere al alcalde el presupuesto de ejecución de la obra de instalación del lazo con desglose de conceptos y con la indicación de "si dicho elemento fue ubicado en el monumento original por personal de la Corporación municipal o por personal externo, con aportación en su caso de la factura correspondiente".

Ariche también reclama "el coste, en su caso, de reposición del elemento metálico a su estado original con aportación de la factura correspondiente" y la identificación del funcionario o miembro del Ayuntamiento que autorizó los pagos tanto de instalación del lazo amarillo como de su reposición.

Megafonía en Vic

Por su parte, el fiscal superior de Cataluña, Francisco Bañeres, ha acordado iniciar unas diligencias de investigación en relación con la emisión diaria por megafonía desde el Ayuntamiento de Vic de un mensaje en el que se indica que "no normalicemos una situación de excepcionalidad y de urgencia nacional. Recordemos cada día que todavía hay presos políticos y exiliados. No nos desviemos de nuestro objetivo, la independencia de Cataluña". El asunto fue denunciado por una ciudadana que considera ese mensaje "ofensivo".

Bañeres recuerda en el decreto de apertura de diligencias que una de las funciones del fiscal es "velar por el respeto de las instituciones constitucionales y de los derechos fundamentales y libertades públicas con cuantas actuaciones exija su defensa". El fiscal superior de Cataluña ha ordenado a los Mossos d'Esquadra que investiguen si la emisión del mensaje, que se produce todos los días a las 20.00 horas precedido de un sonido intenso de campanas, se realiza desde megáfonos instalados en el Ayuntamiento.

El fiscal superior quiere conocer en qué acuerdo municipal se decidió esa emisión y determinar si esa actividad ha supuesto algún gasto para la Corporación, "ya sea para la instalación de los megáfonos o altavoces o para la confección y/o edición del mensaje emitido, con indicación, en su caso, de si en la confección y emisión del mismo ha tenido algún tipo de participación personal del Ayuntamiento o bien depersonas ajenas al mismo".

"Para el caso de que la edición o emisión de los referidos mensajes implicase un coste o desembolso para las arcas municipales", añade el decreto del fiscal, "deberá precisarse su importe y aportar a esta Fiscalía la concreta identificación del funcionario o miembro de la Corporación municipal que autorizó -en su caso- los pagos".