Una pintada en Barcelona contra un comercio rotulado en castellano.

Una pintada en Barcelona contra un comercio rotulado en castellano. Efe

Tribunales DESAFÍO SECESIONISTA

La Generalitat recaudó 75.700 euros en multas a comercios por no usar el catalán en 2017

La Generalitat de Cataluña, mediante la Agencia Catalana de Consumo, tramitó 67 expedientes sancionadores durante el año 2017 contra establecimientos que incumplieron la ley del Código de Consumo de dicha región en cuanto a la obligación de atender e informar a los consumidores en catalán.

Según los últimos datos de dicha agencia a los que ha accedido EL ESPAÑOL, el Govern -con Carles Puigdemont a la cabeza hasta su huida- recaudó por medio de dichas sanciones 75.700 euros. 

Fue el tercer motivo de multas de la mencionada agencia, perteneciente a la consejería de Empresa catalana, después de las sanciones impuestas por las condiciones de venta y prestación de servicio (152) o por cláusulas y prácticas abusivas (140). Éstas últimas recibieron las multas más altas, recaudando más de 2,1 millones de euros de los infractores.

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El catalán comercial por ley

El Estatuto de autonomía de Cataluña recoge en su artículo 34 los derechos lingüísticos de los consumidores y usuarios pero, además, en el año 2010 el Gobierno tripartito de Partido Socialista Catalán, Esquerra Republicana de Catalunya e Iniciativa per Catalunya Verds aprobaron la Ley del Código de Consumo de Cataluña en la que se contienen los derechos lingüísticos de los consumidores y las sanciones para quienes las incumplan, que van de los 1.000 a los 10.000 euros según el grado de las infracciones.

En el artículo 128-1 de dicha ley que también mantuvieron los Gobiernos de Artur Mas y Carles Puigdemont se especifica toda la información que "las personas consumidoras tienen derecho a recibir en catalán", como las invitaciones para comprar, las informaciones necesarias para el consumo (...) con independencia del medio, formato o soporte utilizado o la información sobre contratos, entre otras.

Las empresas que incumplen las obligaciones en materia lingüística de dicha normativa son sancionadas, según se recoge también en la ley, con multas de entre 1.000 y 10.000 euros, como así ocurrió durante 2017 (último año registrado) hasta en 67 ocasiones.