Registro de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en Torrelodones, Madrid.

Registro de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en Torrelodones, Madrid. EFE

Tribunales OPERACIÓN ENREDADERA

Radares a golpe de comisión: policías y alcaldes salpicados en toda España

Los policías, alcaldes y empresarios implicados pasarán a disposición del juez Pablo Jesús Alonso, de Badalona, que comenzó la investigación.

Ayuntamientos de todos los puntos cardinales de nuestro país, desde O'Grove a Vélez (Málaga) pasando por León, Gandía o Mataró (Barcelona) han amanecido este martes patas arriba con los registros y detenciones simultáneas contra una trama de corrupción relacionada con la instalación de radares por parte de la empresa Aplicaciones Gespol SL (integrada en el grupo Valoriza Servicios Medioambientales de Sacyr).

Casi 600 agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional han detenido a 40 personas y han practicado hasta 92 registros en una operación dirigida por el titular del juzgado de instrucción número dos de Badalona, Pablo Jesús Alonso, y en la que están investigados policías locales, empresarios, concejales, alcaldes de PSOE, Partido Popular y Ciudadanos, como el primer edil de Arroyomolinos (Madrid) Carlos Ruipérez, de la formación naranja. 

El amaño

Los ayuntamientos españoles tienen la potestad de decidir cuándo se instala un radar para el control de tráfico en sus calles y dónde. El procedimiento suele ser el siguiente: los jefes de la Policía Local elaboran un informe en el que alerta de los peligros del tráfico en las ciudades o municipios y recomienda la instalación de los radares que, por otro lado, siempre conllevan una recaudación económica para los ayuntamientos.

El alcalde de turno debe dar el visto bueno, lo que normalmente pasa por una comisión de obras o asuntos viales y posteriormente se elige a la empresa que ofrezca el mejor contrato o el más conveniente.

Sin embargo, según se investiga en la macrooperación Enredadera, decenas de ayuntamientos de toda España habrían contratado a la empresa Aplicaciones Gespol SL en lugar de a cualquier otra a cambio de comisiones y regalos.  

Operación Enredadera en ayuntamientos de toda España

11 jefes de policía detenidos

Los policías locales, según los primeros datos que han trascendido de la investigación que aún se encuentra secreta, habrían ejercido como mediadores entre lo ayuntamientos y la mencionada empresa que ofrecía sus servicios. Los presuntos sobornos de dicha compañía habrían ayudado a que insistieran en su contratación. De ahí que hasta 11 jefes de policía hayan sido detenidos en dicha operación. 

Las entradas y registros desplegados este martes han afectado a los municipios madrileños de Alcobendas, Arroyomolinos, Fuenlabrada, Parla, Pinto, Majadahonda o Villanueva de la Cañada, municipio en el que se adjudicaron contratos a la empresa Gespol por valor de 300.000 euros, según ha publicado la agencia EFE. La concejal de Seguridad de dicho municipio, Julia Tortosa (PP) también ha sido detenida en la macrooperación.

También se han practicado registros en Huesca, Illescas (Toledo), Lérida, Mollet del Vallés y Tiana (Barcelona), Oviedo, Teruel, Palencia, Plasencia, o Villaquilambre (León) y la capital de dicha provincia, entre otros lugares. El juzgado instructor también ha requerido documentos en presencia de los agentes a una veintena de municipios y la Diputación de Alicante. 

Declaraciones en Badalona 

Todos los detenidos este martes, así como los investigados, tendrán que pasar a disposición del juzgado de Badalona donde arrancó la investigación. El juez Pablo Jesús Alonso tiene previsto tomar declaración (si no se acogen a su derecho a no hacerlo) a todos los implicados entre este martes y el próximo jueves, según fuentes jurídicas.

Hasta que no decida sobre la situación de cada uno de ellos, no daría el paso de inhibirse hacia otro juzgado, por lo que los aludidos tendrán que viajar a dicha ciudad catalana. Por lo repartida que está la investigación en el territorio español, es posible que acabe instruyéndose en la Audiencia Nacional.

La causa, declarada secreta, está abierta por los delitos de prevaricación administrativa, fraude a la administración pública, malversación de caudales públicos, tráfico de caudales públicos, tráfico de influencias, revelación de información privilegia, falsedad documental, cohecho, alteración de precios de concurso público y pertenencia a organización criminal.