El juez Llarena eleva a 1,9 millones la presunta malversación de Puigdemont

El juez que instruye en el Tribunal Supremo la causa penal relacionada con el proceso separatista catalán, Pablo Llarena, ha elevado de 1,6 a 1,9 millones de euros la cantidad presuntamente malversada por el Gobierno autonómico que presidió Carles Puidemont.

Un día después de que los exconsejeros encarcelados comparecieran ante Llarena negando el cargo de malversación -y apoyándose para ello en declaraciones del propio ministro de Hacienda del PP, Cristóbal Montoro-, el magistrado no sólo no se ratifica en el resultado de su instrucción sino que aumenta la cuantía de dinero público empleada en el referéndum ilegal del 1-O apoyándose en un informe de la Guardia Civil que se acaba de incorporar a la pieza separada que el instructor ordenó abrir el pasado 20 de marzo.

El cuadro de gastos del informe de la Guardia Civil.

Según fuentes conocedoras del procedimiento, Llarena ha levantado este miércoles el secreto de esa pieza separada, de la que resulta acreditada una cantidad supuestamente malversada de 1.915.067,22 euros.

En esta cuantía se incluyen los 1,6 millones que ya se reflejaron en el auto de procesamiento dictado el pasado 21 de marzo y que se desglosaban en 224.834 euros de la campaña de registro de catalanes en el extranjero para la emisión del voto; 277.804 euros destinados a la campaña de publicidad y difusión de la convocatoria; 979.661 euros para el suministro de papeletas, censo electoral y citaciones de los miembros de 'mesas' del referéndum prohibido por el Tribunal Constitucional y 199.700 euros por la participación de observadores internacionales.

Las fuentes consultadas señalaron que se trata de cantidades comprometidas por la Generalitat y en algunos casos efectivamente pagadas.

El informe de la Guardia Civil, registrado en el Tribunal Supremo el pasado 27 de marzo y conocido por EL ESPAÑOL, afirma que la Generalitat utilizó a Òmnium como “sociedad interpuesta” para asumir gastos de material para el referéndum ilegal del 1 de octubre e incorpora a los fondos públicos presuntamente malversados el coste del acto de presentación de la consulta independentista en el Teatro Nacional de Barcelona, pagado por el grupo parlamentario de Junts pel Sí.

Según el informe, la Generalitat, a través de Antoni Molons, secretario de Difusión y Atención Ciudadana del Departamento de Presidencia de la Generalitat, “utilizó a Ómnium Cultural como sociedad interpuesta para realizar labores relacionadas con la solicitud a empresas de artes gráficas y distribución de carteles “que llamaban a la población a participar en el referéndum ilegal del 1-O“. La elaboración y difusión de esos carteles con el logo de la Generalitat, las gestionó Ómnium para ocultar que "era la propia Generalitat la que sufragaba los gastos de estos carteles”, afirman los investigadores. La valoración del coste de esos carteles realizados por la Guardia Civil asciende. 61.879 euros.

Respecto al acto de presentación del referéndum independentista en el Teatro Nacional de Cataluña, celebrado el 4 de julio de 2017, la Guardia Civil explica que el contrato de la cesión del espacio del Teatro Nacional de Cataluña fue firmado por Jordi Turull en calidad de presidente del Grupo Parlamentario Junts pel Si. “Ese acto tenía como objeto difundir y atentar la participación ciudadana y sobretodo el voto del ‘Sí’ en ese referéndum”, destaca.

El gasto total ascendió a 17.690,20 €, “el cual fue abonado por el Grupo Parlamentario Junts pel Si, por lo que éste Grupo Parlamentario ha podido emplear dinero procedente de subvenciones públicas para hacer frente al pago de la presentación”.

El informe también eleva la afectación de fondos públicos en el capítulo referente a la contratación de observadores internacionales en la jornada del 1-O. Se han detectado dos transferencias realizadas por la Delegación del Gobierno de la Generalitat de Catatuña ante la Unión Europea por importe de 119.700€, a lo que la Guardia Civil añade “un compromiso de pago de 47.365” aunque “se desconoce si se abonó o no”.

Llarena no ha agotado la investigación de todos los fondos que pudieron destinarse al proceso secesionista y lo más probable es que no lo haga, dado que, acreditados los indicios que permiten llevar el caso a juicio, las demás cantidades que se vayan  acreditando en el futuro pueden ser objeto de un procedimiento de exigencia de responsabilidad contable ante el Tribunal de Cuentas similar al que ahora se tramita por los gastos del 9N contra el expresidente catalán Artur Mas y otros consejeros.

El levantamiento del secreto de la última pieza de la instrucción llevada a cabo en el Tribunal Supremo coincide con el requerimiento que el magistrado Llarena ha hecho al ministro Montoro para que le explique "a la mayor brevedad posible" por qué ha afirmado que la Generalitat no destinó dinero público a financiar el referéndum ilegal del 1-O. 

En una resolución dictada este miércoles, el juez reclama al titular de Hacienda una justificación sobre "el concreto soporte objetivo"por el que ha dicho, en unas declaraciones al diario El Mundo el pasado lunes, que no se emplearon fondos públicos en la votación del 1-O. Llarena ya advertía en su resolución que lo dicho por Montoro "contradice las fuentes de prueba recogidas en esta instrucción".

El partido Vox, personado en el Supremo como acusación popular, manifestó que el nuevo informe de la Guardia Civil "deja en evidencia lo manifestado por el ministro Montoro de que no se había desviado un solo euro de fondos públicos para la financiación del golpe de Estado". 

Vox cree necesaria "la inmediata dimisión o cese fulminante del ministro de Hacienda por haber faltado a la verdad y haber causado un grave perjuicio a la acusación penal contra los golpistas, perjudicando igualmente la aplicación de la euroorden y la entrega de Puigdemont a España por Alemania".

La acusación popular se refiere a que la Justicia alemana ha cuestionado el cargo de malversación por el que Llarena ha pedido la entrega de Puigdemont a España. En una resolución dictada el pasado día 5, por la que dejó en libertad bajo fianza de 75.000 euros al expresidente catalán, el Tribunal Regional de Schleswig-Holstein manifestó que no tenía claro si el pago de 1,6 millones mencionado en la euroorden había sido efectivamente satisfecho y dejaba en el aire la entrega del prófugo no sólo por rebelión sino también por la utilización ilegal de fondos públicos.