El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, reunió el pasado viernes a los fiscales de Sala que 24 horas antes habían pedido la prisión incondicional para Carme Forcadell y para varios exmiembros de la Mesa del Parlament de Cataluña, una petición no atendida por el instructor del Tribunal Supremo, Pablo Llarena. Les preguntó si había que recurrir la decisión. "¿Recurrir? ¡Pero si esa resolución habría que enmarcarla!", contestó Jaime Moreno.

Tiene razón: por debajo de la (desconcertante) benevolencia de Llarena en cuanto a la situación personal de libertad en la que han quedado los seis querellados, el auto acoge las principales tesis de la Fiscalía respecto al delito de rebelión, incluida la discutida concurrencia del requisito de la violencia del alzamiento independentista. "Para que el alzamiento sea violento no es exigible que incorpore hechos lesivos o dañosos contra personas o bienes", afirma Llarena. "Es violento cuando el levantamiento se orienta de modo inequívoco a intimidar a los poderes legalmente constituidos (...) por existir una determinación de alcanzar 'a todo trance'" la separación de una parte del territorio nacional.