El TC multa a la sindicatura con 12.000 € diarios para que acate la suspensión

El Tribunal Constitucional ha dado este jueves un paso más ante el incumplimiento de la suspensión de los actos preparatorios del referéndum. Superando la deducción de testimonio para exigir responsabilidad penal por desobediencia -medida acordada hasta ahora contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y varios miembros de la Mesa-, el TC ha acordado imponer multas coercitivas diarias a los integrantes de la sindicatura electoral catalana como instrumento para forzarles a respetar los mandatos del tribunal que vela por la prevalencia de la Constitución.

La decisión es unánime, aunque los magistrados Juan Antonio Xiol, Fernando Valdés y María Luisa Balaguer, que durante los dos últimos días habían formulado objeciones, han redactado un voto concurrente.

Es la primera vez que a lo largo del desafío soberanista el TC acude a una sanción pecuniaria, por lo demás insólita en la historia del Constitucional. Los siete miembros de la sindicatura -Marc Marsal, Jordi Matas, Marta Alsina, Tania Verge, Josep Pagés, Josep Costa y Eva Labarta- tendrán que depositar diariamente 12.000 euros, medida que comenzará un día después de que el BOE publique la decisión del tribunal y que cesará cuando justifiquen que han renunciado a los puestos para los que fueron designados por el Parlament de Cataluña nada más aprobar la ley del referéndum.

El TC ha encargado a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria que, "con carácter urgente y preferente", se encargue de la ejecución de la sanción en caso de que los miembros de la sindicatura no procedan al ingreso diario de las multas.

Multas a los síndicos de las demarcaciones

El TC también ha multado con 6.000 euros diarios a los 15 miembros de las sindicaturas provinciales y de Arán, que no se han dado por notificados de los requerimientos del tribunal suspendiendo la ley de referéndum y la propia consulta.

Esta sanción se ha impuesto de plano y sin previo trámite de audiencia, una medida que está prevista en la Ley Orgánica del TC cuando concurran "circunstancias de especial trascendencia constitucional".

Jové y Vidal, también multados 

También por unanimidad, el TC ha acordado imponer a los titulares de los órganos responsables de la Administración Electoral del Gobierno de Cataluña, Josep Maria Jové y Lladó y Montserrat Vidal i Roca, multas coercitivas de 12.000€ y 6.000€, respectivamente, con el fin de que cumplan los requerimientos y mandatos contenidos en las providencias dictadas los pasados días 7 y 12 de septiembre y suspendan el referéndum. 

Las multas se impondrán con periodicidad diaria hasta que “justifiquen ante el Tribunal que han revocado las resoluciones adoptadas, paralizado por completo toda actuación considerada como incumplimiento de la suspensión del referéndum y comunicado a los destinatarios de dichas resoluciones que las mismas han quedado sin efecto”.

Las multas -cuya finalidad no es la de sancionar, sino la de obligar al cumplimento de sus resoluciones-, sólo empezarán a imponerse, en caso de persistir el incumplimiento, a partir de las diez de la mañana del día siguiente a la publicación en el BOE de la presente resolución. 

Asimismo, pondrá los hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal para que éste proceda, “en su caso, a exigir la responsabilidad penal” a Jové i Lladó, secretario general del Departamento de la Vicepresidencia de Economía y Hacienda, y a Vidal i Roca, jefa del Área de Procesos electorales y Consultas Populares. Jové es uno de los detenidos en la operación judicial realizada el miércoles por orden del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona.