Puigdemont, firmando el decreto de convocatoria del referéndum

Puigdemont, firmando el decreto de convocatoria del referéndum Efe

Tribunales

La instructora del proceso contra Puigdemont rechaza imponerle una fianza

La magistrada ordena a la Guardia Civil que investigue qué medios de comunicación insertan publicidad del referéndum.

La magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña Mercedes Armas, instructora del proceso penal abierto a Carles Puigdemont y a los miembros de su gobierno por la convocatoria del referéndum independentista, ha rechazado la petición de la Fiscalía de imponer a los querellados una fianza -seguida, en su caso, de embargos- para garantizar el pago de las responsabilidades pecuniarias derivadas de una eventual condena.

La instructora aduce el "incipiente estado de estos autos y de las previsibles diligencias que deberán ir sustanciándose" para no considerar "oportuna" la fijación de una fianza, "sin perjuicio de lo que ulteriormente, en función del desarrollo de la instrucción, pudiera decidirse", señala en una resolución conocida este jueves.

La instructora sí ha acogido la medida cautelar consistente en deshabilitar las webs garanties.cat y connectat.voluntariat.gencat.cat/referendum2017, que, pese al cierre acordado por el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona (que investiga los preparativos del referéndum), siguen estando operativas desde otros dominios.

La Fiscalía pedía en su querella que el TSJC se dirigiese a todos los medios de comunicación de Cataluña para advertirles, bajo apercibimiento de que no deben insertar cualquier tipo de publicidad o propaganda sobre la consulta independentista, dada su suspensión por el Tribunal Constitucional.

La instructora argumenta a este respecto que "la generalidad de este requerimiento choca con la normal actuación jurisdiccional, en el sentido de que advertir dentro de un procedimiento penal, a cualquier persona física o jurídica, grupo o colectividad de que no cometan actos que pudieran revestir carácter delictivo no es tarea de los órganos judiciales penales".

"Sí lo es, por el contrario", explica, "salvaguardar cualquier bien jurídico que haya sido puesto en peligro de manera concreta y por sujetos determinados, en el interés de que tales actos no se consoliden ni se mantengan en el tiempo".

Teniendo en cuenta que el TC ya notificó la suspensión del referéndum a los directivos de TVE y Cataluña Radio, la magistrada ha acordado encomendar a la Guardia Civil una investigación sobre qué medios, excluidos esos dos, han insertado publicidad o prograganda. "Y, verificado, se procederá a hacerles inmediato requerimiento de que cesen en dicha publicidad", añade, "con los apercibimientos de las eventuales responsabilidades en que pudieran incurrir, en caso de que tales requerimientos no fueran atendidos".