Alberto Núñez Feijóo, con las portavoces parlamentarias Alicia García y Ester Muñoz, además de Miguel Tellado, secretario general del PP.

Alberto Núñez Feijóo, con las portavoces parlamentarias Alicia García y Ester Muñoz, además de Miguel Tellado, secretario general del PP. EP

Política

El PP reta al PSOE a impulsar ya la ley para poder rechazar en frontera las entradas ilegales por mar a Ceuta y Melilla

Los populares registraron su texto antes de la crisis de julio y lo llevan al Senado tras el silencio del Gobierno y del PSOE.

Más información: Interior dice que ampliará el espigón del Tarajal el día que se desinflan las boyas instaladas tras la invasión de Ceuta.

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Las claves
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El PP insta al PSOE a apoyar en el Senado la reforma de la Ley de Extranjería para permitir el rechazo en frontera de entradas ilegales por mar en Ceuta y Melilla.

La propuesta busca eliminar el requisito de superar barreras físicas y permitir rechazar a quienes sean detectados intentando entrar de forma irregular por tierra o mar.

El PP acusa al Gobierno y al PSOE de retrasar la tramitación de la reforma y reclama que se tramite con urgencia para evitar nuevos asaltos masivos.

La iniciativa se limita a Ceuta y Melilla y mantiene garantías de derechos humanos, sin afectar al sistema general de asilo.

El Partido Popular desafía al PSOE a respaldar la próxima semana en el Senado la reforma de la Ley de Extranjería para permitir el "rechazo en frontera" de quienes intenten entrar por mar en Ceuta y Melilla. La iniciativa ya estaba registrada en el Congreso desde el pasado 16 de julio, pero sigue a la espera de respuesta del Gobierno

Los populares sostienen que el Ejecutivo y el PSOE han podido adherirse desde una semana después de la sentencia del Supremo que prohibió esas devoluciones en caliente y facilitó la movilización masiva que devino en el asalto de los días 30 y 31 de julio.

"Han tenido oportunidades para acelerar esta modificación y no ha aprovechado ninguna", lamentan desde la dirección del partido de Alberto Núñez Feijóo.

Ahora, la Cámara Alta, donde los plazos son distintos, debatirá la toma en consideración de esta reforma el día en que se cumplan "dos meses desde la invasión". Este miércoles 30 de septiembre, el PP usará la sesión parlamentaria para obligar al PSOE a fijar posición.

"Si es bueno para España, no vemos por qué el PSOE o el Gobierno pueden decir que no", señala otro miembro de la cúpula del PP. El partido describe el cambio como un "asunto de Estado", técnico y "quirúrgico", basado además "en los mismos argumentos que esgrimió la Abogacía del Estado" ante el Tribunal Supremo.

Como ya informó EL ESPAÑOL, el PP ya registró esta reforma el pasado julio, sólo ocho días después de conocer el alcance de la sentencia del Supremo, y "dos semanas antes del asalto masivo" de unas 80.000 personas a la ciudad autónoma.

La Mesa del Congreso lo admitió a trámite el día 23, pero la proposición sigue pendiente de que el Gobierno emita criterio sobre una eventual disconformidad presupuestaria.

El mismo día 30, cuando Pedro Sánchez atendió finalmente las llamadas de socorro de Juan Jesús Vivas, el presidente de la ciudad le pidió que el PSOE se uniera a esta reforma.

Es más, el partido pidió convocar la Diputación Permanente y un Pleno extraordinario para aprobarlo "por lectura única" durante agosto. Fuentes populares acusan a la Mesa, controlada por la socialista Francina Armengol, de no activar esa vía: "Ya se perdió la oportunidad de tramitarla con urgencia".

Después, en el primer Consejo de Ministros tras las vacaciones del Gobierno, Fernando Grande-Marlaska anunció el 25 de agosto otra reforma de la Ley de Extranjería y una nueva Ley de Asilo "para adaptarlas al Pacto Europeo de Migración y Asilo".

Una iniciativa que ya llegaba con retraso, porque esa legislación llevaba en vigor desde el 12 de junio.

Ni el ministro hizo referencia alguna a que su propuesta abordara esta modificación la publicación oficial de Moncloa precisó que se incluyera.

Finalmente, el texto fue publicado este mismo miércoles en el portal de audiencia pública del Ministerio del Interior y, efectivamente, no contempla la modificación de la disposición adicional décima que reclama el PP.

El contenido

La proposición popular cambia sólo esa disposición adicional décima, que regula el rechazo en frontera en Ceuta y Melilla. La ley vigente liga el mecanismo a la detección de personas que intenten superar "elementos de contención fronterizos".

La sentencia de la Sala Tercera del Supremo de 29 de junio interpretó que el régimen especial opera cuando el intento de entrada implica superar esos elementos. El fallo no cerraba la puerta a elementos de contención marítimos, pero remitía a la regulación aplicable.

El PP entiende que esta lectura impide aplicar el régimen a las entradas a nado si no existe una barrera marítima, razón por la que Interior instaló una boya el 1 de agosto, tras el asalto... que amaneció rota este martes.

"El Supremo no dice que el rechazo esté mal; dice que tiene que aplicar la ley tal y como está escrita", resumen fuentes de la dirección popular.

La propuesta de los populares suprime el requisito de superar barreras y lo sustituye por el "intento de entrada irregular". También añade que las personas puedan ser "detectadas o interceptadas" en la línea fronteriza "terrestre o marítima" de Ceuta o Melilla.

El nuevo apartado permitiría rechazar a "los extranjeros que sean detectados o interceptados" en esa línea durante un intento de entrada irregular. El texto mantiene las garantías de derechos humanos, Derecho de la UE, protección internacional y no devolución.

El PP insiste en que no plantea una reforma para toda la costa española ni una modificación general del sistema de asilo. Se limita a las dos ciudades autónomas y pretende que el uso del rechazo no dependa del método de entrada: valla, espigón, embarcación o nado.

Abogacía del Estado

La exposición de motivos reproduce la tesis que el PP atribuye a la Abogacía del Estado: la frontera marítima existe y debe definirse conforme al mar territorial. Los populares sostienen que la iniciativa utiliza "los mismos argumentos" que defendieron los servicios jurídicos del Gobierno durante el proceso ante el Supremo.

A la vista de que Moncloa optaba por "un parche inútil", según el Gobierno de Ceuta, es decir las boyas, el PP registró una proposición equivalente en el Senado el 3 de agosto, firmada por su portavoz Alicia García, con el objetivo de acelerar los plazos.

La vía de la Cámara Alta le ha permitido adelantar la toma en consideración respecto al Congreso.

El Reglamento del Senado funciona distinto, y ofrece un lapso de hasta 15 días para que otros grupos presentaran textos alternativos sobre la misma materia y de 10 días para que el Gobierno expresara disconformidad por razones presupuestarias.

El PP afirma que "no ha habido alternativas ni objeción del Ejecutivo", tras reanudarse los plazos en septiembre.

Es cierto que la ausencia de veto presupuestario no supone un respaldo del Gobierno al contenido de la ley. Pero sí permite que la tramitación continúe, y los populares afirman que demuestra que "ni el Ejecutivo ni el PSOE han querido ser copartícipes" de la reforma.

"Pero en el Senado ya no pueden decir que no han tenido tiempo... ahora tienen que retratarse", dicen fuentes parlamentarias del PP. Los socialistas, añaden, podían haber registrado una propuesta alternativa o aprovechar la tramitación para negociar cambios.

"Dejación de funciones"

El Gobierno conserva, según el PP, hasta el 5 de octubre para pronunciarse sobre la iniciativa del Congreso. Los populares recalcan que la norma no prevé gasto y reprochan al Ejecutivo estar "agotando el plazo" pese a considerar necesaria una reforma de la Ley de Extranjería.

Moncloa autorizó el lunes 22 de septiembre la tramitación administrativa urgente de los anteproyectos de Ley de Asilo y de reforma de la Ley de Extranjería.

Los populares ven ahí otra ocasión perdida, y califican de "dejación de funciones" la secuencia de demoras que atribuyen al Ejecutivo.

El PP sabe que ganará la toma en consideración, gracias a su mayoría absoluta en el Senado.

Pero ponen el acento en "ver qué vota cada uno"... y en que, cuando salga de la Cámara Alta, la iniciativa será remitida al Congreso, donde los populares temen un bloqueo, aunque reclamarán que se tramite con urgencia y quede aprobada antes de Navidad.

"Si quieren que sea una reforma de Estado, sólo tienen que sumarse", concluyen fuentes del PP. La dirección popular no aceptará reiniciar el procedimiento para registrar una norma conjunta: reclama al PSOE que vote a favor el próximo miércoles y desbloquee su recorrido parlamentario.