El ministro Ángel Víctor Torres, hace tres días, tras una reunión de coordinación con el presidente de la ciudad autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas.

El ministro Ángel Víctor Torres, hace tres días, tras una reunión de coordinación con el presidente de la ciudad autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas. Europa Press

Política

Así funciona la "situación de interés para la Seguridad Nacional" que el Gobierno ha decretado en Ceuta

El mando único lo encabezará el ministro Torres, coordinado con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas.

Más información: Sánchez decreta la "situación de interés para la Seguridad Nacional" un mes después de que Vivas lo pidiera en vano

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Las claves

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El Gobierno ha declarado la "situación de interés para la Seguridad Nacional" en Ceuta tras la reciente crisis migratoria.

Este mecanismo permite una coordinación reforzada entre Gobierno central, autoridades locales, CNI y otros organismos, pero no otorga poderes extraordinarios ni limita derechos fundamentales.

La medida prevé agilizar trámites administrativos, gestionar recursos públicos y privados y reforzar la atención sanitaria y socioeconómica en la ciudad.

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, liderará la coordinación de las actuaciones bajo este marco legal.

El Gobierno anunció este lunes que declarará sobre Ceuta la "situación de interés para la Seguridad Nacional", casi un mes después de la invasión migratoria de los días 30 y 31 de julio.

Este mecanismo legal, ideado para la gestión de crisis, permite al Ejecutivo central asumir una dirección unificada y coordinar, de forma reforzada, el uso de los recursos del Estado y de las Administraciones públicas afectadas.

En todo caso, la medida no otorga competencias extraordinarias a ninguna institución ni poder del Estado.

Entonces, ¿cómo funciona? Lo regula la Ley 36/2015, de 28 de septiembre, de Seguridad Nacional. Principalmente, en sus artículos 23 y 24.

El primero de ellos define la situación de interés para la Seguridad Nacional como "aquella en la que, por la gravedad de sus efectos y la dimensión, urgencia y transversalidad de las medidas para su resolución, requiere de la coordinación reforzada de las autoridades competentes en el desempeño de sus atribuciones ordinarias, bajo la dirección del Gobierno".

Ese el caso de Ceuta. El Gobierno de la ciudad autónoma, presidido por Juan Jesús Vivas, formará parte de este mando único, junto a la Delegación del Gobierno, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, con el asesoramiento técnico del Departamento de Seguridad Nacional.

Ahora bien, esta situación en ningún caso supone la limitación de derechos fundamentales y libertades públicas de los ciudadanos, a diferencia de lo que ocurrió, por ejemplo, durante el estado de alarma con el que se combatió la crisis de la Covid-19.

El artículo 24 de la Ley de Seguridad Nacional obliga al Gobierno a elaborar una "definición de la crisis" y a determinar su duración estimada, así como, en su caso, la de una posible prórroga.

Ya se conoce, por parte del Ejecutivo central, quién liderará esta medida. Será el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, el expresidente de Canarias Ángel Víctor Torres.

La ley de Seguridad Nacional obliga a determinar "sus competencias para dirigir y coordinar las actuaciones que procedan".

Según el Gobierno, la declaración de interés para la Seguridad Nacional pretende desatascar la situación administrativa. Se prevé un aluvión de peticiones de asilo de ciudadanos marroquíes —abocadas, en su mayoría, al fracaso—, así como la tramitación de expedientes de menores extranjeros no acompañados.

Ahora bien, esta medida también tendrá efectos en el ámbito sanitario y en el económico, ya que favorecerá la llegada de refuerzos sanitarios a Ceuta, la vacunación de migrantes irregulares y la ampliación del Plan de Desarrollo Socioeconómico para paliar el impacto comercial en la ciudad.

A la hora de decretar esta medida, también deberá establecerse con qué "recursos humanos y materiales" contará la iniciativa. De hecho, la normativa obliga al Gobierno a aprobar, "mediante real decreto", una lista de recursos que se podrán emplear en la situación de interés para la Seguridad Nacional prevista en esta ley.

Y, ojo, no afecta únicamente a bienes públicos, sino también privados. Tanto es así, que el artículo 27.5 de la ley establece: "El sector privado participará en la contribución de recursos a la Seguridad Nacional".

Sobre los recursos públicos, la norma obliga a todas las autoridades competentes —en este caso, el Gobierno y la ciudad de Ceuta— a "aportar los medios humanos y materiales necesarios que se encuentren bajo su dependencia".

El Ejecutivo de Pedro Sánchez también deberá informar "inmediatamente" al Congreso de los Diputados de las medidas adoptadas y de la evolución de la situación de interés para la Seguridad Nacional.

Tanto el PP como el propio Vivas llevaban días reclamando la declaración de la "situación de interés para la Seguridad Nacional".

Fuentes próximas al presidente ceutí señalan a EL ESPAÑOL: "Es lo que veníamos reclamando desde el minuto uno; antes incluso de la invasión".

"Era una reclamación insistente de Vivas desde antes incluso de la crisis", señalan.