El PP contra el ómnibus de Sánchez para las redes: votará 'no' si mezcla el "rastreo de la polarización" con los menores

Y el Partido Popular ya advierte de que votará en contra de una ley impulsada por Sumar, que llevaba meses bloqueada en el Congreso, al contar con el consenso mayoritario, a partir de las enmiendas del PP... que incluyeron, precisamente, ese precepto de manera explícita.

¿Por qué? Porque el presidente anunció el pasado martes en Dubai una batería de medidas, en la que la protección de los menores fue la más sonora. Pero en la que incluyó otras, como la del "rastreo de la huella de odio y polarización" que su Gobierno quiere imponer a los usuarios adultos de internet.

Así lo advierten fuentes de la dirección del partido de Alberto Núñez Feijóo a este diario. "Ni puede hacerlo, según las instituciones europeas, ni puede contar con nosotros para sus pulsiones censoras". Porque una cosa es proteger los derechos de los niños y de los padres, y otra "darle herramientas al Estado para controlar los contenidos".

Pero lo cierto es que, una vez que Sánchez logró la reacción agresiva de los grandes gurús de las plataformas sociales de internet, como Elon Musk y Pável Dúrov, su gabinete contestó con un larguísimo comunicado difundido por Telegram (la mensajería de Dúrov)... y él con un simple post en X (la de Musk).

Total, que una idea que unía a la inmensa mayoría del Congreso ya se empieza a convertir en otro elemento de enfrentamiento. Porque el PP se prepara para frenar lo que ya define como "un ómnibus digital con deriva autoritaria".

La ofensiva

Moncloa ha lanzado una ofensiva para endurecer las normas sobre internet y las plataformas. Pero lo hizo mezclando en el mismo paquete la protección de los menores, "su plan de acoso a las libertades, producto de sus cinco días de reflexión", añadiendo nuevas responsabilidades penales para los directivos de las tecnológicas.

En Génova ven una operación de alto voltaje político. Por un lado, el Gobierno se envuelve en la bandera de los menores y del orden en las redes. Por otro, intenta abrir la puerta a un sistema de monitorización de la conversación pública en internet.

La protección de los menores es una bandera de los populares, que llevan meses defendiendo elevar a los 16 años la edad de consentimiento digital y reforzar los controles parentales en las plataformas "con herramientas innovadoras disponibles".

Ese trabajo ya está canalizado mediante la Ley Orgánica de protección de los menores en entornos digitales. Impulsada por el Ministerio de Juventud e Infancia, fue admitida a trámite en septiembre de 2025 y contaba con un amplio apoyo en las Cámaras.

La dirección del PP reprocha al PSOE haber frenado después el avance de la norma. Cree que Moncloa ha preferido reservar el debate para ahora, en plena crisis por el caos ferroviario y el desgaste legislativo del Gobierno.

Y añadiéndole "un giro totalitario" que afecta a los adultos que enciende todas las alarmas en la oposición. En el PP interpretan el plan como un intento de vigilar la crítica al Gobierno "bajo la coartada de combatir el odio".

La UE no lo permite

Los populares recuerdan, además, que España "está obligada a respetar el Reglamento europeo de Servicios Digitales" (DSA, por sus siglas en inglés). La norma fija "un marco común" para moderar contenidos y marcar obligaciones a las plataformas, y deja un nulo margen para experimentos nacionales.

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En Bruselas ya han empezado las advertencias. La Comisión Europea hizo saber el mismo miércoles que cualquier normativa española "no puede vaciar de contenido" el régimen europeo sobre servicios digitales "añadiendo nuevas disposiciones".

El PP Europeo ha recogido el guante. Feijóo ha activado a sus aliados en el PPE para denunciar que Sánchez actúa por libre en materia digital, igual que con su plan para regularizar a cientos de miles de inmigrantes.

La otra pata polémica del paquete está en el terreno penal. El Gobierno plantea disparar la presión sobre las tecnológicas, con la posibilidad de responsabilidades penales para sus directivos si no actúan con rapidez ante contenidos ilícitos o "generadores de odio".

Y el choque con las plataformas ha sido inmediato. El fundador de Telegram difundió un mensaje masivo en todos los móviles españoles con su aplicación instalada, acusando públicamente a Sánchez de aprovechar la protección digital como excusa para montar un "estado de vigilancia" masiva en España.

Moncloa respondió elevando el tono contra Telegram, como refugio de delitos y acusando a los "tecno‑oligarcas" de intentar condicionar al Gobierno español mediante campañas en sus propias redes.

El PP no lo pasará

Para el PP, ese choque con las tecnológicas tapa el verdadero debate. El problema, denuncian, es que "una cosa es blindar a los menores" y otra muy distinta "monitorizar políticamente a los adultos". Por eso ya dibujan su línea roja: votarán no si el Gobierno insiste en mantener todo en el mismo paquete.

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"No puede ser que no estuviera improvisando, no tienen nada que ver una cosa y la otra", indica la citada fuente de la dirección del PP.

Aunque el equipo de Feijóo advierte un patrón reconocible: a su juicio, Sánchez intenta levantar muros entre el Gobierno y el resto de instituciones: primero fue la Justicia, luego la inmigración y ahora la regulación de internet.

El PP se apoyará en el paraguas europeo para sostener su rechazo. Argumentará que la DSA ya prevé mecanismos para obligar a actuar a las plataformas y que España no puede construir un sistema paralelo de "rastreo ideológico".