Sara Aagesen charla con Pedro Sánchez, durante la clausura del acto por el Pacto de estado frente a la emergencia climática.
El PP exige la comparecencia de Aagesen por la "gravísima corrupción" de su Ministerio en los casos Forestalia y Villafuel
La ministra de Transición Ecológica deberá dar explicaciones de manera "urgente y monográfica" sobre el registro de la UCO en su departamento el 12 de diciembre, según un escrito al que ha accedido EL ESPAÑOL.
Más información: El juez Pedraz llama a declarar a los exjefes de gabinete de Teresa Ribera y Reyes Maroto por la trama de hidrocarburos.
El Grupo Parlamentario Popular ha exigido la comparecencia urgente en el Congreso de los Diputados de Sara Aagesen, vicepresidenta tercera del Gobierno, para que dé cuenta de la implicación de su Ministerio en el caso Forestalia.
Según un escrito al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, la ministra de Transición Ecológica deberá dar explicaciones ante la comisión parlamentaria sobre las actuaciones de su departamento en los casos bajo investigación que involucran a Forestalia, Villafuel, Mina Muga y Enusa.
La solicitud, firmada por la portavoz Ester Muñoz de la Iglesia el 16 de diciembre, exige carácter "urgente y monográfico", para evitar la "costumbre" del Ejecutivo de solapar comparecencias polémicas con otras informativas.
El pasado 12 de diciembre de 2025, tal como informó este diario, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registró la sede del Ministerio dentro de una operación sin precedentes que afectó a múltiples administraciones.
El escrito del PP señala que la UCO, con el aval de la Fiscalía Anticorrupción, ha estado aportando a los jueces informaciones sobre presuntas irregularidades en expedientes administrativos relacionados con Transición Ecológica, Hacienda, y Correos.
EL ESPAÑOL ha documentado en exclusiva cómo el Ministerio de Transición Ecológica bajo la dirección anterior facilitó de forma sistemática permisos ambientales a Forestalia que permitieron operaciones multimillonarias.
La citada empresa recibió 17,3 millones de euros en financiación de fondos públicos a través de Sepides, además de una comisión sospechosa de 200.000 euros sobre esa ayuda.
El PP reclama explicaciones sobre cómo el departamento ministerial externalizó de forma irregular evaluaciones ambientales de Forestalia a la empresa pública Tragsa.
Funcionarios denunciaron a EL ESPAÑOL que el subdirector de Evaluación Ambiental acumulaba personalmente más megavatios que todos los técnicos juntos. Este responsable fue posteriormente contratado como asesor de nivel máximo tras su jubilación, lo que se interpreta como premio por su colaboración.
El escrito del PP exige detalle sobre los procesos administrativos de Declaraciones de Impacto Ambiental de los proyectos que favorecieron a Forestalia desde 2018. En 36 proyectos presentados entre 2021 y 2023, solo tres fueron rechazados. En ninguno de los expedientes aparece documentación que identificara a los funcionarios responsables de su tramitación.
Respecto a Villafuel, la trama de hidrocarburos investigada por el juez Santiago Pedraz, el PP busca explicaciones sobre cómo la empresa recibió una licencia tras 600 días de tramitación irregular, cuando la media es de 230 días.
El jefe de gabinete de la ministra anterior, Marc Pons, mantuvo contactos con Koldo García durante este proceso, según ha revelado EL ESPAÑOL.
La comparecencia solicitada también busca respuestas sobre Mina Muga, el proyecto de Acciona en Navarra que inauguró la trama de corrupción.
La UCO ha señalado irregularidades en un proceso donde Servinabar, empresa de Santos Cerdán y Antxon Alonso, participaba en una unión temporal con Acciona que generaba comisiones del 2% sobre adjudicaciones superiores a los 300 millones de euros.
En el caso Enusa, empresa pública donde trabó Leire Díez entre 2018 y 2021, el PP demanda información sobre cómo la empresa nacional de uranio fue registrada por la UCO durante la operación del 12 de diciembre. La empresa también figura en la investigación de la Guardia Civil sobre irregularidades sistémicas en contrataciones públicas.
![Arte: E.E](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2025\/12\/11\/actualidad\/1003744051997_260436461_320x180.jpg"])
EL ESPAÑOL ha revelado que Susana Sumelzo, secretaria de Estado para Iberoamérica, vio cómo la empresa constructora de su familia recibía 11 contratos de la Confederación Hidrográfica del Ebro por 16 millones de euros durante la etapa de Transición Ecológica.
La constructora realizó pagos a Servinabar coincidiendo con adjudicaciones públicas, generando sospechas sobre comisiones ilegales.
El PP considera que estas actuaciones configuran un contexto de "gravísima corrupción" que afecta a varios ministerios y al propio PSOE.
Según los populares, la comparecencia de Aagesen debería arrojar luz sobre el alcance de las irregularidades administrativas documentadas durante la etapa de Teresa Ribera en el departamento de Transición Ecológica.
