El Gobierno tapó la trama de corrupción de la Sepi purgando a altos cargos que favorecían a clientes de Vicente Fernández

En la primavera de 2024, la presidenta de la Sepi Belén Gualda, a las órdenes directas de la vicepresidenta y ministra de Hacienda María Jesús Montero, prescindió de al menos cinco directivos vinculados a Vicente Fernández.

Fuentes conocedoras de esta operación gubernamental revelan a EL ESPAÑOL que esta purga en la Sepi se realizó tras estallar el caso Koldo el 21 de febrero de 2024.

Las mismas fuentes insisten que tras el escándalo se instaló una 'caza de brujas' en la sociedad estatal, y se desconfiaba de todo aquello que pudiera oler a Vicente Fernández.

La primera despedida, sólo una semana después del arresto del asesor de José Luis Ábalos, fue Leire Díez.

La responsable de los rescates de la Sepi pedía junto a Vicente Fernández un 2% de comisión por facilitar créditos públicos

La 'fontanera' del PSOE, que fue detenida junto a Fernández la semana pasada, fue cesada el 28 de febrero de 2024 como directora de Relaciones Institucionales de Correos, empresa participada por la Sepi.

Entre estos altos cargos despedidos también está María Jesús Garrido Solís, responsable de los rescates de la Sepi y subdirectora del Fondo de Reestructuración y de Participadas.

Tal y como desveló EL ESPAÑOL en exclusiva, Garrido pedía junto a Vicente Fernández un 2% de comisión por facilitar créditos públicos al menos desde 2023.

La Sepi despidió a María Jesús Garrido en mayo de 2024 por una simple "falta administrativa" cuando llevaba meses pidiendo comisiones.

La empresa pública le abrió un expediente por "incompatibilidad" que derivó en "infracción grave", pero no la denunció ante la Fiscalía.

5.000€ al mes por reuniones

Gualda también prescindió de altos cargos de la Sociedad Estatal de Promoción Industrial y Desarrollo Empresarial (Sepides) como José Ángel Partearroyo, director corporativo, o Santiago Novoa, director de Financiación e Inversión Empresarial.

Partearroyo fichó en abril de 2024 como director corporativo de Global Exchange, grupo que fue rescatado por la Sepi con 45 millones de euros durante la pandemia.

Precisamente, Partearroyo también formó parte del consejo de administración de AirEuropa en representación de la Sepi tras el polémico rescate de 475 millones a la aerolínea de la familia Hidalgo.

Por su parte, Novoa fue recolocado en octubre de 2024 como director de Financiación Corporativa del Instituto de Crédito Oficial (ICO). En este puesto ha estado hasta hace un mes, cuando anunció "emprender un nuevo camino profesional".

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Tanto Partearroyo como Novoa son dos de los altos cargos con los que Vicente Fernández organizaba reuniones a sus clientes para lograr fondos europeos a cambio de una tarifa de "5.000 euros mensuales".

Otro directivo que mantuvo citas con empresas vinculadas a Vicente Fernández es Fernando Albert, secretario general, jefe de la Asesoría Jurídica y secretario del Consejo de Administración de Sepides.

Fernando Albert está investigado en la misma pieza secreta de la Audiencia Nacional por la que fueron detenidos Vicente Fernández, Leire Díez y Antxon Alonso -socio de Santos Cerdán-.

Este directivo de Sepides fue quien avaló la oferta "anormalmente baja" de una empresa que pagó supuestas comisiones a la trama.

Albert Aragón está investigado por el contrato concedido por el Parque Empresarial Principado de Asturias SME, una entidad pública, a la UTE formada por las compañías Erri Berri y Afesa. El objeto de la licitación era el desmantelamiento de una planta de residuos en Avilés.

Según el auto del juez Antonio Piña, Fernando Albert fue el presidente de la mesa de contratación de este contrato investigado por el que la trama logró una comisión de 400.000 euros.

En el caso de Albert Aragón, la Sepi rompió la relación profesional con él en 2023.

Vicente Fernández no sólo organizaba reuniones con altos cargos en Sepides, sino también en la Sepi. Entre ellos se encontraba su 'socia' María Jesús Garrido.

Según ha revelado fuentes del caso a EL ESPAÑOL, una de las empresas que pagó esa tarifa de "5.000 euros mensuales" a Vicente Fernández por estas reuniones fue Tubos Reunidos.

La Audiencia Nacional investiga el rescate de la Sepi de esta empresa vasca por 112,8 millones de euros.

La Sepi contrató detectives

En otros casos, y ya siendo administrador de Allies & Altera, Vicente Fernández incrementó la tarifa a sus clientes a unos "honorarios de 7.000 euros mensuales" más una "prima de éxito del 2%" por la inversión pública lograda.

Según han revelado a EL ESPAÑOL fuentes conocedoras de la operación en la Sepi, la empresa pública contrató detectives para saber más de las actividades paralelas de sus directivos.

Estos detectives encontraron "incompatibilidades profesionales" de altos cargos. Sin embargo, en ningún caso el Gobierno denunció hecho alguno ante la Fiscalía y se limitó a despedir, recolocar o pactar una salida con al menos cinco directivos de la Sepi.

Vicente Fernández, Leire Díez y Antxon Alonso están investigados por los delitos de organización criminal, malversación de fondos, prevaricación y tráfico de influencias.

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El juez Santiago Pedraz, magistrado del Juzgado Central de Instrucción nº5, se ha hecho cargo del caso una vez ha entrado a reparto en la Audiencia Nacional.

La detención de los investigados fue ordenada por el juez Antonio Piña, ya que el Juzgado Central de Instrucción nº6 era el que estaba de guardia en el momento en el que la Fiscalía Anticorrupción puso la denuncia tras un informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO).

Las pruebas contra la trama de la Sepi se encontraron durante el registro en el domicilio de Antxon Alonso en el llamado caso Koldo el pasado mes de junio.

La UCO halló un chat de la aplicación Threema, utilizada habitualmente por narcotraficantes para sus conversaciones debido a su mayor seguridad que WhatsApp, en el que participaban Fernández, Díez y Alonso.

Ambos formaban parte del grupo Hirurok, que en vasco significa "los tres" o "los tres juntos". En este chat la trama hablaba de sus gestiones y del cobro de comisiones.

El auto del juez Antonio Piña ya cifra las comisiones cobradas por Fernández, Díez y Alonso en más de 700.000 euros por las cinco operaciones investigadas.