Sánchez asume el desgaste institucional y mantendrá en el cargo al fiscal general aunque se siente en el banquillo

Por otro, el de la jueza de Badajoz elevando al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura el caso del hermano de Pedro Sánchez y acusando de "fraude de ley" al líder de los socialistas de esa comunidad.

Frente a estas decisiones, Moncloa explica que están dispuestos a aguantar el pulso a la acción judicial que les afecta, por ejemplo, respaldando a Álvaro García Ortiz para que pueda ser el primer fiscal general del Estado que es juzgado en el Tribunal Supremo.

Legalmente, el Ejecutivo no puede destituirle, pero podría presionar para forzar su dimisión si defendiera su salida voluntaria del cargo.

"No podemos ceder y forzar la dimisión de García Ortiz, porque estaríamos cometiendo una injusticia", aseguran en el Gobierno.

El PP pide que Sánchez vaya al Congreso para explicar si dio "indicaciones" al fiscal general

Estas fuentes recuerdan que el auto del juez no es aún firme y que tendrá que ser revisado por la Sala Segunda del Supremo, aunque son escépticos con que pueda ser revocado.

También aguantan el pulso en el Gobierno al criticar abiertamente la actuación del juez  Ángel Hurtado, como ya hicieron respecto al magistrado que investiga a la esposa del presidente del Gobierno y a la jueza que actúa contra su hermano.

El más extremo fue de nuevo el ministro de Transportes, Óscar Puente, quien en redes sociales arremetió contra los jueces por actuar como la "oposición real de este país" y salir "todos los lunes a arreglar los desaguisados de Feijóo".

Es decir, que atribuyó una intencionalidad política y partidaria a los jueces.

Como "desaguisado" se refería al "desastre" de manifestación contra el Gobierno del domingo.

El titular de Justicia, Félix Bolaños, encargado de las relaciones con la judicatura, lamentó que "el Tribunal Supremo haga una afirmación como esta, porque esto no ocurrió nunca", en referencia al hecho de que el magistrado dé por hecho, sin indicios ni pruebas, que la filtración se produjo por una orden de la Presidencia del Gobierno.

Bolaños mantiene abierto estos días un duro enfrentamiento con casi todas las asociaciones judiciales y fiscales que protestan contra el proyecto de ley de carrera judicial, y prevén convocatorias de paros.

El Gobierno sostiene que el auto del juez Hurtado prueba "el fracaso de la instrucción", porque no ha logrado avanzar en la búsqueda de indicios o pruebas de la filtración del correo con las negociaciones entre la Fiscalía y el abogado del novio de Isabel Díaz Ayuso.

Entienden que tampoco está probado que Pilar Sánchez Acera, entonces jefa de Gabinete de Óscar López en la Moncloa, recibiera el citado correo desde la Fiscalía.

La norma lo permite

En todo caso, en Moncloa están dispuestos a pasar por la situación de un fiscal general del Estado en el banquillo de los acusados, admitiendo el desgaste por la crítica política que puede acarrear.

Legalmente es posible esa situación, pero no lo sería si Álvaro García ocupara cualquier otro puesto de la carrera fiscal.

Esto es así porque el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal prevé la suspensión de empleo y sueldo para los fiscales contra los que se haya dictado auto de procesamiento (el equivalente al dictado por Hurtado).

Pero García Ortiz está fuera de la carrera mientras sea fiscal general (está en servicios especiales), es decir, no se le aplica el Estatuto.

Por ejemplo, el fiscal general deberá suspender de sus funciones a Pilar Rodríguez, fiscal jefa de Madrid, procesada también en la misma causa.

Respecto al procedimiento contra David Sánchez, Moncloa también mantiene que no hay caso, que cuando se creó la plaza en octubre de 2016 Pedro Sánchez no tenía ningún cargo orgánico en el PSOE, ni público.

Y respaldan a Miguel Ángel Gallardo, secretario general del PSOE extremeño procesado en ese caso, en su decisión de asumir el escaño como diputado autonómico para desviar el caso al Tribunal Superior de Justicia.

La maniobra tiene, de hecho, el apoyo de Moncloa y de la dirección del PSOE, porque creen que ese tribunal puede ser algo más favorable a sus intereses que la Audiencia provincial de Badajoz.

Asumen que les ha desgastado en Extremadura, pero respaldan a Gallardo y rechazan que haya fraude de ley como sostiene la jueza instructora.