Los menas que lleguen ahora a Canarias y Ceuta serán enviados antes de 15 días a otras CCAA a criterio del Gobierno

El traslado, en todo caso, tardará todavía un año en completarse, por lo que Canarias seguirá mucho tiempo acumulando menores, sobre los 5.870 del último recuento. Y a Ceuta le ocurrirá lo mismo, sobre la base actual de "más de 600" chicos y chicas "hacinados" en centros de acogida donde "no se les pueden garantizar sus derechos".

Pero el decreto esconde una medida adicional. A partir de ahora, cada nuevo mena que llegue a las islas o a la ciudad autónoma será trasladado a la Península "en el plazo máximo de quince días naturales a contar desde la fecha de inscripción en el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados".

Así lo establece la nueva redacción del artículo 35 quáter de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.

Porque no tendría sentido, si los traslados se van a demorar un año, que los nuevos llegados se siguieran quedando en las islas y en Ceuta. Al ritmo de esta crisis migratoria, explican fuentes del Ejecutivo canario, dentro de un año el problema de "contingencia migratoria extraordinaria", que es como califica el decreto a la emergencia humanitaria actual, se habría reproducido.

Manda el Gobierno

Pero es que, además, la reubicación se hará a criterio del Gobierno, como establece el siguiente párrafo del punto 3 del citado apartado de la ley: "La propuesta de ubicación en una comunidad o ciudad autónoma se adoptará por el órgano competente de la Administración General del Estado".

La redacción del texto legal es tan farragosa que no establece cuál es ese órgano competente, pero no puede ser otro que del Gobierno y, en este caso, del Ministerio de Juventud e Infancia.

EP

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Esto es así, según las fuentes consultadas, porque el decreto primero establece que sea la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia la encargada de llegar a un acuerdo, para los criterios de reparto y la asignación de plazas.

Pero en caso de que no haya acuerdo, entra ese "órgano competente".

Así lo expresa el decreto en el artículo 35.bis: "En defecto del acuerdo unánime [en la conferencia sectorial] determinará que se establezca por el órgano competente de la Administración General del Estado cuál será la comunidad o ciudad autónoma a la que se traslade para su ubicación a la persona menor de edad extranjera no acompañada".

Fuentes del PP consultadas por este periódico alegan que esas disposiciones son la prueba de que el texto legal es una imposición del Gobierno, "pactada de antemano con los partidos nacionalistas".

Primero, por exigir unanimidad de las CCAA y el Ejecutivo para que no se apliquen "los criterios preestablecidos".

Y segundo, porque esos criterios preestablecidos "aparentan ser los mismos de los últimos acuerdos, pero no lo son", aclara este portavoz popular.

"Han cambiado las baremaciones para favorecer a Cataluña y País Vasco con menos esfuerzo de acogida", añade, "y desestabilizar a las autonomías del PP, que están igual de saturadas".

No hay más que ver que las cifras oficiales que, a resultas de este decreto, cada gobierno regional hubo de enviar al Ministerio antes del 31 de marzo demostraban que la Comunidad de Madrid (2.442) atiende más menores solos que Cataluña (2.242).

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Y aun así, al pesar más el "esfuerzo realizado" en los últimos años, la cuenta sale a casi 800 para Madrid y entre 20 y 30 para Cataluña.

El origen del decreto

Además, está la historia política real de cómo se ha llegado hasta este decreto, que reforma el mismo artículo de la Ley de Extranjería que rechazó el Congreso en julio de 2024, con los votos del PP, Vox y Junts.

Fue Fernando Clavijo quien, el pasado diciembre, cambió la estrategia, según confirman fuentes de su entorno. Dejó de ir de la mano de su compañero de Ejecutivo autonómico y buscó una alianza con el lehendakari Imanol Pradales (PNV) y un pacto con Carles Puigdemont (Junts), para cuadrar un reparto que garantizara los votos en el Parlamento a un decreto como éste.

Es Moncloa la que pilotó la negociación final. Por un lado, con el presidente de Canarias (que representaba al de Ceuta, Juan Jesús Vivas, en las conversaciones). Y por otro, con los partidos nacionalistas e independentistas, de quienes dependía el éxito de la convalidación del decretazo, lograda este jueves en el Congreso.

El resultado de la votación indica que si alguien perdió fue el Partido Popular. Sobre todo, porque gobierna en las dos autonomías beneficiadas, pero no ha logrado que su postura prevalezca.

Todos votaron lo mismo que el pasado julio, salvo Junts. Los de Puigdemont habían logrado, a cambio, un trato preferente para su región.

Efe

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Y además, acelerar la cesión "integral" de las competencias en inmigración a la Generalitat. Que era otro pacto del PSOE con ellos incumplido desde hacía más de un año, y un escollo que amenazaba con romper la legislatura.

Canarias y Ceuta, por fin, verán cómo hay un mecanismo para que su condición de frontera sur deje de sobrecargarlas de la tutela de miles de menores extranjeros no acompañados llegados a sus costas.

En las islas, el PP es el socio minoritario de Coalición Canaria. Y en la ciudad española del norte de África, los populares ocupan el Ejecutivo desde hace un cuarto de siglo.

"Todo sigue igual"

Pero ya nadie recuerda el acuerdo signado por Alberto Núñez Feijóo y Fernando Clavijo, el pasado septiembre. Ni el propio presidente canario, que este jueves celebraba su éxito y criticaba al PP a las puertas del Congreso.

Aquel pacto del PP con Canarias fue avalado por los otros 13 gobiernos autonómicos del PP, y le dio fuerza negociadora a los populares frente a un Gobierno que se negaba a pedir ayuda a la UE. Ni para patrullar el mar con Frontex, evitando más llegadas de pateras, ni para activar el mecanismo de solidaridad europeo, e implicar a otros Estados miembros en el reparto de menores.

El texto incluía una solución inmediata para esta crisis, mediante un reparto de menas. Y además, un giro radical en las políticas de inmigración del Gobierno de Pedro Sánchez. "De las no-políticas de Sánchez", corrige la citada fuente del PP.

"Todo sigue igual, ¡fronteras abiertas! Este Gobierno incentiva a las mafias y, así, favorece las muertes en el mar; además de provocar una crisis migratoria en los territorios frontera, como Canarias y Ceuta", acusa el PP.

Por eso el texto legal, que ya es ley tras su convalidación en el Congreso, establece que "mientras se mantenga la situación de contingencia migratoria extraordinaria [...], la persona extranjera no acompañada, con independencia de que su minoría de edad sea indubitada o no pudiera ser establecida con seguridad, será trasladada en el plazo máximo de quince días naturales".

Ya lo advirtió el Gobierno de Andalucía, el día en que el Consejo de Ministros aprobó le decretazo: "En los últimos años, en los traslados que el Ministerio del Interior ha hecho a nuestra autonomía de migrantes mayores de edad, nos han colado a más de 600 menas". Ahora ya no hará falta, añaden.