El secretario general de CCOO, Unai Sordo (i), y el secretario general de UGT, Pepe Álvarez (d)
Los sindicatos mantendrán la manifestación contra el "uso partidista" del PP aunque vote a favor del 'decreto ómnibus'
"Es notorio que su propósito era aprovechar la ocasión para castigar al Gobierno sobre la espalda de más de la mitad de población del país", acusan.
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No cambiaron la hoja de ruta el martes, cuando el Gobierno anunció su nuevo decreto, ni la han cambiado este viernes, después de que el PP haya confirmado por activa y por pasiva que lo apoyará. A menos de 48 horas de la convocatoria oficial, los sindicatos mantienen las manifestaciones de este domingo en toda España, especialmente en Madrid, para "denunciar el uso oportunista de los derechos sociales".
Las movilizaciones, convocadas por CCOO y UGT, se anunciaron la semana pasada después de que el Congreso —con los votos de PP, Vox y Junts— tumbara el decreto ómnibus en el que iban incluidas las subidas de las pensiones o las bonificaciones al transporte, además de otras 80 medidas. Los sindicatos creen que, por mucho que el PP haya ahora "rectificado", lo que ocurrió durante el primer Pleno de 2025 fue un "secuestro de derechos".
"Es notorio que el propósito e intención era aprovechar la ocasión para castigar a un Gobierno, por distintos motivos, pero sobre la espalda de más de la mitad de población del país. Lo importante no es cómo se tramitan [los decretos y las leyes sociales], sino que se aprueben y entren en vigor", aseguran los sindicatos.
El argumento de CCOO y UGT es que ya no sólo se reclama la repetición del decreto "íntegramente", como reclamaban los socios del Gobierno, sino denunciar lo que a sus ojos es un ejercicio de "oportunismo político" de la oposición al votar en su contra la primera vez.
El PP, por su parte, insistió varias veces —antes, durante y después del debate parlamentario— que no tenían reparos en apoyar las medidas sociales del decreto ómnibus, que son las 29 que se han vuelto a presentar, sino que sus recelos eran con el medio centenar de medidas tributarias a las que iban a aparejadas. Dicho de otro modo, que no querían mezclar asuntos tan distintos en una misma ley.
Los portavoces de los sindicatos no compran este relato y acusan a la oposición de "secuestrar" el Congreso para ponerlo al servicio "de estrategias de vuelo corto que sólo consiguen desprestigiar a quienes las realizan".
Cambio de planes
Pedro Sánchez no tenía previsto llevar un nuevo decreto hasta la semana que viene, en parte para aprovechar la manifestación y también para que calase más hondo el relato sobre la trágica votación del miércoles pasado. Incrementar la presión, en definitiva. Con esto, el presidente pretendía contribuir en la imagen de Alberto Núñez Feijóo como el político que votó en contra de subir las pensiones.
El problema es que el PSOE se quedó solo en esta tesis, mientras que el resto de partidos del bloque de investidura —ERC, Bildu, PNV, Podemos y BNG, además de Sumar— instaron a Sánchez a darse prisa para "no hacer sufrir más" a los afectados.
Creían, según señalaron a este periódico, que esa estrategia de desgaste iba a terminar por volverse contra el Gobierno. El motivo: que retrasar el llamado escudo social sería caer en lo mismo que denuncian al PP, o sea, el uso político de la situación. La idea caló y el nuevo decreto, retocado, fue presentado este martes en el Consejo de Ministros.
Este ómnibus 2 tiene una diferencia sideral con respecto a su antecesor: de las más de 80 medidas tumbadas la semana pasada sólo persisten 29, las llamadas "medidas sociales", mientras que las tributarias han quedado olvidadas en un cajón. Las que se mantienen son precisamente las que reclamaban los sindicatos.
El pacto con Junts supone un solo real decreto que incluye —a grandes rasgos— la revalorización de las pensiones, el mantenimiento de las bonificaciones para el transporte público, las ayudas relativas a dana y medidas para combatir las okupaciones ilegales.
Es decir, que el decreto mantendrá también la prohibición de los desahucios y de los cortes de suministros a las familias declaradas vulnerables. Pero el PSOE ha accedido a incluir también medidas para proteger a los propietarios y garantizar el cobro del alquiler al arrendador, así como "el pago de los desperfectos ocasionados por los okupas o por los morosos en las viviendas".