Reynders ve "avances" en la negociación sobre el CGPJ y convoca una reunión final en Madrid

En su tercera reunión con el comisario Didier Reynders como árbitro, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, y el negociador del PP, Esteban González Pons, han logrado "avanzar" en el desbloqueo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), según ha dicho el propio Reynders. Unos progresos que han llevado al comisario de Justicia a convocar una reunión definitiva en Madrid a finales de marzo, justo cuando expira el plazo límite de dos meses que se había dado Bruselas en su labor de mediación.

Sin embargo, los dos negociadores han disputado el optimismo del mediador europeo. En contra de lo que dice Reynders, González Pons sostiene que no hay "ningún avance" y que las posiciones de Gobierno y PP "siguen congeladas". Por su parte, el ministro de Justicia asegura que el auténtico progreso es que nadie se haya levantado aún de la mesa, después de que el PP se negara a negociar durante un año y medio.

"Lo esencial aquí es constatar que estamos progresando, estamos avanzando. Hemos tenido dos reuniones en Bruselas, otra reunión ahora aquí en Estrasburgo y he propuesto que la próxima reunión se celebre antes de que acabe el mes de marzo en Madrid", ha afirmado Reynders al término del encuentro a tres, que ha durado una hora y cuarto.

"Estoy convencido desde el principio de que un acuerdo es posible. Nosotros hemos realizado recomendaciones sabiendo que los elementos para un acuerdo están ahí. Hace falta voluntad política y son los negociadores los que deben hacer que el acuerdo llegue a buen puerto. Nosotros estamos aquí para facilitar el diálogo", ha insistido el comisario de Justicia.

¿Considera Reynders que el Gobierno de Sánchez y el PP tienen la voluntad política de cerrar este acuerdo? "Teniendo en cuenta mi experiencia en negociaciones diversas, cuando se organizan tres o cuatro reuniones durante dos meses es que hay voluntad de avanzar. Está claro que sigue siendo díficil. Yo soy de naturaleza optimista, pero eso no indica nada sobre lo que vaya a ocurrir. Pero debemos ser optimistas si queremos continuar", ha respondido el comisario.

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En contraste con el tono positivo de Reynders, el negociador del PP se ha mostrado mucho más pesimista. "Por desgracia, las posiciones siguen congeladas. Nosotros queremos una reforma del modelo de poder judicial que garantice la independencia de los jueces y sin eso no vamos a dar un paso adelante. Y el Gobierno lógicamente la víspera de la Ley de Amnistía no está dispuesto a dar ese paso adelante en favor de la independencia judicial", ha relatado González Pons.

Reynders, González Pons y Bolaños (de espaldas), durante la reunión sobre el CGPJ en Estrasburgo Comisión Europea

"Por lo tanto, las cosas siguen como estaban. No puedo anunciarles ningún avance", sostiene el negociador el PP, que sin embargo ha dejado claro que no tiene intención de levantarse de la mesa. En todo caso, González Pons insiste en que la Ley de Amnistía complica y mucho las negociaciones sobre la renovación y reforma del CGPJ.

"Las últimas concesiones (de Sánchez a Puigdemont) ponen en cuestión aún más la independencia de los jueces. Y nos parece contradictorio que el Gobierno por un lado ataque la independencia judicial con la Ley de Amnistía y por otro lado quiera defenderla negociando con el PP un nuevo modelo de CGPJ", ha criticado el negociador del PP.

Frente al optimismo irredento de Reynders y el tono sombrío de González Pons, Bolaños se ha declarado como "realista", pero tampoco ha sido capaz de mencionar ningún avance concreto en el diálogo. "El hecho de que estemos sentados y de que estemos hablando, de que estemos negociando, es una buena noticia. Es un acuerdo que es complejo, pero absolutamente necesario, imprescindible para recuperar la normalidad de la justicia a todos los niveles", ha dicho.

El ministro de Justicia sostiene que la aprobación de la Ley de Amnistía no debería interferir en las negociaciones sobre el CGPJ, puesto que el PP ya conocía su existencia cuando pidió la mediación de Bruselas. "La Ley de Amnistía es muy positiva para nuestro país y no puede afectar en nada a lo que es el cumplimiento de la ley y de la Constitución. Renovar el Consejo es cumplir a ley y cumplir la Constitución y eso no admite ninguna condición", alega Bolaños.

La hora de la verdad

"Es la hora de la verdad", explicaba un alto funcionario comunitario antes de la reunión de este miércoles. El propio Reynders dijo la semana pasada que todavía ve "una posibilidad de encontrar vías de solución", pero admitía que "no es fácil" teniendo en cuenta lo alejadas que están las posiciones del Gobierno de Sánchez y del PP.

Aunque la propia Comisión Europea descartaba de antemano que pudiera cerrarse un acuerdo en la reunión de este miércoles en Estrasburgo, sí dejó claro que esperaba que sirviera para realizar avances importantes o bien para constatar ya el fracaso de la mediación europea. Durante todas estas semanas, los negociadores se han intercambiado papeles y los han remitido a Bruselas. Reynder se limita a ejercer de notario, sin presentar ninguna solución ni propuesta propia.

Félix Bolaños, Didier Reynders y Esteban González Pons, durante la reunión de este miércoles en Estrasburgo Comisión Europea

Sin embargo, González Pons anunció la semana pasada en Bucarest, durante la convención del Partido Popular Europeo, que la Ley de Amnistía, que se vota precisamente este jueves en el Congreso, rompería la negociación del CGPJ.

Un argumento que no comparte la Comisión Europea, que sostiene que se trata de dos cuestiones totalmente separadas. Bruselas sigue atentamente cada paso de la tramitación de la amnistía, pero ya ha dicho que no dará su veredicto hasta que la Ley se apruebe de forma definitiva.

Por su parte, el Gobierno de Sánchez se ha resistido hasta ahora a reformar el método de elección de los miembros del CGPJ en línea con las exigencias de Bruselas. Reynders reclama que al menos la mitad de los vocales sean escogidos por los propios jueces, en lugar de por el Parlamento como hasta ahora. 

Precisamente, el dilema entre renovación y reforma es el principal escollo en las negociaciones entre el Gobierno y el PP. Mientras que Alberto Núñez Feijóo ha dejado claro que no aceptará la renovación si al mismo tiempo no se decido sobre la reforma del CGPJ, Bolaños pone todo el énfasis en la renovación y aleja todo lo que puede la reforma.

La iniciativa de pedir la mediación del Ejecutivo comunitario y de Reynders partió del líder del Partido Popular. Núñez Feijóo se lo propuso a Pedro Sánchez en la última reunión que ambos mantuvieron en el Congreso el pasado 22 de diciembre. El presidente del Gobierno aceptó esta solución como medio para superar la enorme desconfianza mutua entre populares y socialistas.

La Comisión Europea ha tenido muchas dudas a la hora de supervisar el diálogo entre Bolaños y González Pons. Bruselas alega que la renovación y la reforma del CGPJ es en primer lugar una responsabilidad de las fuerzas políticas españolas y no de la UE. Además, no existen precedentes de una mediación del Ejecutivo comunitario en un asunto de política interna nacional.

Al final, Reynders (con la aquiescencia de la presidenta Ursula von der Leyen) decidió implicarse para tratar de resolver un problema que está enquistado desde hace cinco años. A la Comisión le preocupa que la falta de renovación del CGPJ está afectando negativamente al trabajo del Tribunal Supremo y del sistema judicial español en su conjunto.

En su último informe anual sobre el Estado de derecho, Bruselas reclamó a España "proceder a la renovación del Consejo General del Poder Judicial con carácter prioritario e, inmediatamente después de la renovación, dar inicio a un proceso para adaptar el nombramiento de sus vocales elegidos entre jueces y magistrados, teniendo en cuenta las normas europeas relativas a los consejos del poder judicial".

La mediación del Ejecutivo comunitario se inició el 26 de enero con el compromiso de que concluiría en un plazo límite de dos meses. El propio comisario Reynders podría dejar el cargo en las próximas semanas para postularse a la presidencia del Consejo Europeo. El Ejecutivo comunitario está dispuesto a sustituirlo como mediador, pero sólo si hay posibilidades reales de un acuerdo.