El interventor de las Cortes se marcha por diferencias con el letrado mayor que puso Armengol

El interventor de las Cortes Generales, Luis de la Peña, ha dejado su cargo por las diferencias que mantiene con Fernando Galindo, el letrado mayor de las Cortes y secretario general del Congreso nombrado por la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol. La salida es la más relevante de una serie de dimisiones que se han producido a raíz de las diferencias de parecer con la gestión de Galindo. 

Según ha adelantado La Razón y ha podido confirmar EL ESPAÑOL, De la Peña ha redactado un escrito en el que se ha mostrado en contra de la gestión del letrado mayor, que fue el encargado de redactar el primer informe para que la Ley de Amnistía se pudiera tramitar. 

Según fuentes parlamentarias, su escrito de renuncia se presentó después de que la Mesa del Congreso aprobara una serie de cambios en el cuerpo de letrados a propuesta de Galindo. 

[El Senado nombra letrada mayor a una experta en el 'procés': hará el informe sobre la Ley de Amnistía]

Se trata del nombramiento de Alfonso Cuenca como nuevo letrado director de Comisiones, uno de los puestos de mayor trascendencia de la Cámara. También, del nombramiento de Mercedes Araújo como número dos, dirigiendo la Oficina de Conflicto de Intereses, y el de Sylvia Martí como su número tres. 

Las mismas fuentes indican que Luis de la Peña tiene buena relación con Sara Sieira, nombrada la semana pasada letrada mayor y secretaria general del Senado. Tal y como adelantó este diario, Sieira había estado 15 años trabajando en el Congreso y es una experta en el procés.

Ella será la encargada de redactar el informe de la Ley de Amnistía una vez la norma aterrice en la Cámara Alta, a partir de la semana que viene. Las fuentes no descartan que el ya exinterventor de las Cortes Generales pueda encontrar un nuevo puesto en el Senado. 

La renuncia de De la Peña se produce en un contexto en el que el foco está cayendo sobre los letrados del Congreso a raíz de la Ley de Amnistía. Si bien Galindo fue el responsable de hacer el informe que permitía su tramitación, después de haber sido nombrado por el PSOE, también ha habido otros informes en los que los letrados de las comisiones dudan de su constitucionalidad. 

Aun con todo eso, la norma salvó este martes su último paso en una comisión y será llevada a Pleno la semana que viene, el día 30 previsiblemente. Ese será su último trámite antes de ir al Senado, donde el PP hará todo lo posible por retrasar su tramitación, aunque difícilmente será tumbada.