Junts y ERC querían tras el 1-O prohibir los partidos españolistas y ahora ven "totalitario" el plan del PP

Sin embargo, el borrador de la Constitución catalana que ERC y Junts tenían previsto aprobar tras el golpe del 1-O también preveía la disolución de los partidos cuyo programa electoral "vaya contra la existencia de Cataluña como Estado".

Así consta en uno de los documentos que la Guardia Civil intervino al exjuez y exsenador de ERC, Santiago Vidal, quien había elaborado junto a otros nueve "juristas" el proyecto de Constitución de Cataluña que debía debatir el Parlament tras la declaración de independencia.

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El título II del texto constitucional impulsado por ERC establecía que en la futura república "se permitirá la existencia de todo tipo" de partidos, "siempre y cuando su programa electoral no vaya contra la existencia de Cataluña como Estado ni contra esta Constitución".

Es decir, el borrador de la "Constitución catalana" elaborado por el exsenador de ERC preveía la disolución de los partidos españolistas, los contrarios a la independencia de Cataluña, pero su partido reprocha ahora que el PP plantee la misma fórmula para las formaciones que atenten contra la unidad nacional.

El capítulo VI del mismo proyecto de Constitución establecía que los funcionarios del futuro Estado deberían tener como "única nacionalidad" la catalana. Los que en un plazo de seis meses no renunciaran a la nacionalidad española, perderían la condición de funcionarios.

En cuanto a los militares y miembros de las fuerzas de seguridad que no hubieran nacido en Cataluña, perderían automáticamente la condición de funcionarios y no podrían obtener la nacionalidad catalana.

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El padre de aquel texto constitucional, Santiago Vidal, protagonizó en 2017 una serie de charlas en distintos municipios catalanes, en las que presumió de que la Generalitat había accedido de forma ilegal al censo de habitantes de la región para organizar el referéndum ilegal del 1-O.

Aquellas declaraciones provocaron que el entonces titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, abriera una investigación sobre los preparativos del referéndum.

En aquella causa (que asumió la magistrada Alejandra Gil, tras la muerte de Ramírez Sunyer) están imputados todavía, entre otros, el exdirector de TV3 Vicent Sanchis (por emitir los anuncios del referéndum ilegal), la exinterventora de la Generalitat Rosa Vidal, Aleix Villatoro (actual secretario general d'Acció Exterior del ejecutivo autonómico), Francesc Sutrias (secretario de Territorio, Urbanismo y Agenda Urbana de la Generalitat), el exdirector de Comunicación del Govern Jaume Clotet, el exsecretario de Comunicación Antoni Molons y el exsecretario de Difusión del Departamento de Presidencia, Joaquim Nin.

Por su condición de aforados, el TSJC asumió la causa contra el exsecretario general de Vicepresidencia de la Generalitat Josep Maria Jové, el exsecretario de Hacienda, Lluis Salvadó (al que ERC colocó luego como presidente del Port de Barcelona), y la actual consellera de Cultura de la Generalitat, Natalia Garriga (aunque esta última sólo se enfrenta a un presunto delito de desobediencia, por tanto, sin pena de cárcel).

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Todos ellos se beneficiarán ahora de la ley de amnistía que el PSOE pactó con ERC y Junts, para conseguir el apoyo de estos partidos a la investidura de Pedro Sánchez.

En la investigación abierta por el juez Ramírez Sunyer, la Guardia Civil también intervino a Santiago Vidal otro documento, en el que describía las "estructuras de Estado" que debía promover la Generalitat para hacer efectiva la independencia.

Entre otras, un Ejército propio y una "agencia de inteligencia" que contaría con una "unidad especializada en españolismo violento", con el fin de prevenir cualquier ataque o infiltración que amenazara a la soberanía de Cataluña.

El mismo documento establecía que los mandos de la futura Policía de Cataluña debían ser seleccionados por su "absoluta lealtad" y que los medios de comunicación de la futura república deberán fomentar "la vivencia de los símbolos nacionales, la lealtad y el sentimiento de pertenencia al nuevo Estado".

Sancionado por el CGPJ

Santiago Vidal fue magistrado de la Audiencia Provincial de Barcelona. Sin embargo, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) le abrió un expediente sancionador y le suspendió de su empleo por un período de tres años, después de que trascendiera que estaba elaborando el borrador de la Constitución catalana. ERC lo colocó entonces como candidato al Senado, en las elecciones generales celebradas el 10 de noviembre de 2015. Finalmente, en 2019 accedió a la jubilación: nunca pudo reincoporarse a su plaza de magistrado.

En su enmienda a la totalidad de la ley de amnistía que se vota este miércoles en el Congreso, el PP propone como texto alternativo una reforma del Código Penal para imponer penas de 5 a 10 años de cárcel a la autoridad o funcionario público que "declare la independencia de una parte del territorio nacional o su integración en otro
Estado, o realice actos dirigidos a que sea efectuada dicha declaración o que la propicien".

La pena propuesta por el PP será de uno a cinco años de prisión, para la autoridad o funcionario público que convoque un referéndum ilegal, sin cumplir los requisitos establecidos por la Constitución. La propuesta del PP también prevé la "disolución" de la persona jurídica (como un partido político) que sea responsable de estos delitos.

La portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha acusado al PP de "dar un paso más en la carrera con Vox hacia el totalitarismo", por esta propuesta, con la que los populares "intentan eliminar a los adversarios políticos", ha añadido la dirigente del partido de Oriol Junqueras.

Por su parte, el exconseller de Junts Josep Rull ha acusado al PP de querer "prohibir la disidencia política", mediante "la vieja fórmula de los autoritarios". Sin embargo, esta reacción airada de ERC y Junts contrasta con los planes que ambos partidos tenían para prohibir, tras la declaración de independencia, a los partidos contrarios al "Estado catalán" y purgar a los funcionarios que no renuncien a la nacionalidad española.