El PP quiere que Sánchez inicie la Presidencia de la UE con un tirón de orejas de Bruselas por la Justicia

El PP trabaja para que la Comisión Europea emita un informe contrario al Gobierno español por sus reformas legales sobre el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, según fuentes del principal partido de la oposición.

Los populares pretenden que haya un reproche expreso al Gobierno de Pedro Sánchez en el llamado Informe sobre el Estado de derecho que la Unión Europea hace público en el mes de junio.

Ese informe será hecho público justo en el momento en el que España asuma la Presidencia de turno de la UE, desde el 1 de julio hasta final de 2023.

[El comisario de Justicia pide al Gobierno y al PP que reinicien el diálogo para renovar el CGPJ]

Sánchez pretende que esa Presidencia sirva como plataforma del Gobierno de cara a las elecciones generales previstas para el 10 de diciembre. Para eso trabaja en una serie de cumbres sectoriales distribuidas por toda España, con participación de todos los ministros y presencia masiva de comisarios europeos y líderes de los Estados miembros.

Fuentes del Gobierno explican que la representación de España ante la UE trabaja también para hacer llegar a los responsables europeos su posición.

La intención del PP es movilizarse para que ese inicio tenga la mancha de la crítica de Europa por la legislación sobre las instituciones del poder judicial De hecho, los populares ya implicaron en el conflicto al comisario de Justicia, Didier Reynders, que llegó a hacer una vista a España para entrevistarse con el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y el vicesecretario del PP Esteban González Pons.

Los precedentes

La posición de Bruselas sobre este asunto ha sido siempre la de presionar para que haya acuerdo y renovación, con referencias expresas al sistema de elección y ahora sobre la forma de legislar sin informes preceptivos de los órganos consultivos.

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Hace un año, Bruselas obligó al Gobierno a retirar una proposición de ley del Grupo Socialista que rebajaba las mayorías necesarias para elegir a los vocales del Consejo General del Poder Judicial, para poder excluir al PP de esa renovación.

La estrategia del PP incluye la negativa a renovar el CGPJ, tal y como hace desde diciembre de 2018. De esa forma, la institución seguirá con mandato prolongado al menos hasta inicios de 2024, cuando se constituyan las nuevas Cortes, tras las elecciones generales. Los actuales vocales habrán duplicado el periodo legal de mandato que es de cinco años.

También se incluye el recurso de inconstitucionalidad contra la ley que resulte del trámite en el Congreso y el Senado de la proposición de ley que presenten en los próximos días los grupos parlamentarios para forzar la elección en el CGPJ de dos magistrados del Constitucional.

Ese recurso se unirá al de amparo que ya sirvió para que el Tribunal frenara de forma cautelar la tramitación de la proposición de ley. El Constitucional tendrá que pronunciarse sobre el fondo, es decir, sobre la tramitación como enmiendas a la reforma del Código Penal.