Los cambios en el TC y en la malversación tensionan los poderes del Estado y disparan la crispación

España ya estaba en una crisis en algunas de sus instituciones y en las relaciones entre todas ellas. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) lleva cuatro años sin renovarse porque el PP bloquea el acuerdo; el presidente de esa institución dimitió en octubre; decenas de vacantes judiciales no se pueden cubrir y no es posible nombrar cinco miembros del Tribunal Constitucional, porque el CGPJ no propone a sus dos candidatos, entre otras anomalías.

A esa evidente crisis, con origen en la falta de acuerdo entre PP y PSOE, se une ahora el aumento de la tensión entre los poderes del Estado como consecuencia de la propuesta del Gobierno para modificar las reglas del juego en la renovación del Tribunal Constitucional y la decisión del presidente del Ejecutivo de pactar una reforma del Código Penal que rebaja las penas para algunos tipos de malversación.

Moncloa explica que la decisión sobre el TC se toma para evitar el "secuestro" del CGPJ y del Alto Tribunal por parte del sector conservador, que se niega a dar paso a otras mayorías progresistas.

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Para el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por contra, se trata de una deriva autoritaria del presidente del Gobierno para asaltar y controlar el Tribunal Constitucional y las instituciones.

Respeto a la malversación, el Gobierno explica que se trata de continuar con la "desjudicialización" del procés que ya logró desinflamar el conflicto en Cataluña con los indultos de los condenados.

De hecho, Pedro Sánchez aspira a presentar como gran logro de su gestión esa "pacificación" y el haber conseguido romper al independentismo, con ERC al frente dispuesta a lograr acuerdos renunciando a la unilateralidad.

La otra visión es la de pactar la reforma del Código Penal precisamente con los que lo incumplieron, dejando al Estado sin armas si se repite el desafío.

La suma de todos esos anuncios ha llevado a aumentar aún más la crispación y polarización social entre los dos bloques políticos, que apenas han convergido en esta legislatura.

Incluso, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha anunciado la presentación de una moción de censura contra Sánchez. En esto, tanto Moncloa como el PP coinciden en señalar que el líder del partido de la extrema derecha ayuda a Sánchez porque fortalece aún más su bloque e identifica a Feijóo con Vox.

"Repercusión internacional"

La anterior moción de censura de Abascal supuso la ruptura temporal de este partido con el PP y terminó por perjudicar a su entonces líder, Pablo Casado, que realizó un discurso muy contundente para desmarcarse del líder de Vox.

Aunque esta vez no se trata sólo de Santiago Abascal. También la líder de Ciudadanos (Cs), Inés Arrimadas, ha considerado este viernes que ha llegado el momento de presentar una moción de censura para "parar los pies democráticamente" al presidente Pedro Sánchez.

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"Sánchez está dando un autogolpe a la democracia española desde el poder, es un aprendiz de dictador", dijo Arrimadas en una durísima intervención. La presidenta del partido liberal reclamó una "movilización no sólo política, sino social, con todas las herramientas democráticas a nuestro alcance para frenar este golpe de Sánchez al Estado español".

Como ya hizo hace semanas, cuando Sánchez confirmó su intención de reformar la sedición, Inés Arrimadas animó a a Feijóo a dar el paso y plantear una moción de censura contra Sánchez, para que el escándalo sobre la reforma del CGPJ y el TC tenga "repercusión internacional".

Pero la marejada de malestar no se circunscribe sólo al ámbito de la política. Las dos asociaciones mayoritarias de jueces y magistrados (la Francisco de Vitoria y la Asociación Profesional de la Magistratura) expresaron su indignación por los planes del Gobierno.

"En un sistema constitucional democrático como el nuestro", afirmó la AJFV, "diseñado para que el poder público no se concentre en un solo órgano y las instituciones se controlen unas a otras, tratar de imponer, mediante reformas legales que bordean, cuando no superan, los márgenes constitucionalmente admisibles, la voluntad de uno de esos órganos o instituciones sobre los demás no es admisible, en términos de respeto a las reglas del Estado de Derecho, sin el que no hay democracia que pueda subsistir".

Sólo se desmarcó la Asociación de Juezas y Jueces por la Democracia, que ha mantenido un prudente silencio sobre los planes anunciados para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial (por tercera vez en dos años) y la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.