El PSOE encubre su rebaja de la malversación con más penas a quienes se enriquezcan

PSOE y Unidas Podemos han registrado este viernes en el Congreso de los Diputados una enmienda para que el Código Penal castigue con hasta con tres años de cárcel a los cargos públicos que no justifiquen un enriquecimiento de más de 250.000 euros. Con esto, los partidos que componen el Gobierno refuerzan la lucha contra la corrupción, tratando de compensar la rebaja del delito de malversación pactado con ERC para favorecer a los condenados por el 'procés', principalmente a Oriol Junqueras.

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La enmienda crea un delito de enriquecimiento ilícito, introduciendo en el Código Penal un nuevo artículo 438 bis que establece que hasta cinco años después de haber ejercido cargo público, quien "haya obtenido un incremento patrimonial o una cancelación de obligaciones o deudas por un valor superior a 250.000 euros respecto a sus ingresos acreditados" incurrirá en la pena de prisión de seis meses a tres años de prisión, "multa del tanto al triplo del beneficio e inhabilitación especial para empleo o cargo públicos y para el ejercicio de sufragio pasivo por tiempo de entre dos a siete años".

El portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Patxi López, ha explicado que con esto "España se situará entre los países más avanzados en la materia junto a Francia, Portugal o Luxemburgo". "No queremos ver nunca más a un responsable público que se beneficie de un enriquecimiento ilícito sin que esto tenga ninguna explicación ni ninguna consecuencia", ha añadido López, que ve en la modificación anunciada "el camino lógico en el camino de la rendición de cuentas". 

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Oposición interna

El PSOE, presionado por las críticas externas e internas y después de haber derogado el delito de sedición, se ha afanado en las últimas horas en recalcar que no dará "ni un paso atrás en la lucha contra la corrupción". Así lo han expresado distintos ministros, que también han apelado a la apuesta por la "convivencia" con Cataluña desde la llegada de Pedro Sánchez a Moncloa. Cómo equilibrar la concesión al independentismo en pro de esa "convivencia" y no recular frente a los corrutos era la incógnita que tenía que resolverse este viernes.

Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso, se ha jactado recientemente de servirse de los Presupuestos de 2023 para conquistar la eliminación de la sedición, ahora ampliada con cambios en el Código Penal que van a favorecer las aspiraciones electorales de Junqueras, que quedará rehabilitado para la política. Los republicanos han recalcado en todo momento que su compromiso contra la corrupción es total y que 'tan solo' pretenden una reforma "quirúrgica" para  "avanzar en la desjudicialización" y "limitar las arbitrariedades del Estado".

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Y el PSOE, que pese a todo no ha salido mal parado tras tocar la sedición -como en su día aplicando los indultos-, era consciente del desgaste sobre todo de puertas adentro que podía provocar hacerlo con la malversación, terminando de satisfacer a los políticos catalanes condenados. Barones habituales y contundentes en sus manifestaciones públicas como Emiliano García-Page (Castilla-La Mancha) o Javier Lambán (Aragón), pero esta vez también perfiles más discretos como Luis Tudanca (Castilla y León) y Juan Lobato (Comunidad de Madrid) han alzado la voz para oponerse.