Acuerdo de Presupuestos: más gasto en salud mental y 100 euros para madres con niños de 0 a 3 años

Pedro Sánchez pretende que uno de sus principales activos en el balance de la legislatura sea el de la estabilidad, a pesar de que preside el primer Gobierno de coalición de la historia constitucional y a pesar de que lo hace con sólo 120 diputados del PSOE.

Por eso, según fuentes de la Moncloa, es importante para Sánchez acabar la legislatura hasta el tope máximo legal de octubre de 2023, con elecciones probablemente el 10 de diciembre. Y es importante para él hacerlo tras la aprobación de tres Presupuestos Generales del Estado.

El Gobierno va a aprobar este martes en el Consejo de Ministros el proyecto de ley de Presupuestos para 2023, que cerraba casi de madrugada con Unidas Podemos. Son los terceros Presupuestos del Gobierno de coalición que salen del Consejo de Ministros, a falta de lograr los acuerdos necesarios en el trámite parlamentario para que salgan de las Cortes hacia el BOE en los últimos días de diciembre.

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, criticó el lunes por la noche en la Cadena Ser la forma de negociar llegando al límite del tiempo y de hecho el acuerdo ha llegado de madrugada.

"Llevamos desde agosto y no comparto esta manera de negociar, no es correcta esta manera de negociar", aseguró Díaz, molesta con la parte socialista del Gobierno.

Las partidas

Los Presupuestos de 2023, destaca el Gobierno en una nota, "incorporarán el mayor gasto social de la historia para reforzar el Estado del bienestar". Asimismo, "garantizarán el poder adquisitivo de nuestros pensionistas y mejorarán las condiciones laborales y salariales de los empleados públicos".

"La sanidad, especialmente la atención primaria, la educación, la dependencia o las becas son algunas de las partidas que se reforzarán en los próximos años". Entre las principales novedades, una ayuda casi universal de 100 euros para madres con hijos de cero a tres años y una mejora en las prestaciones por desempleo.

Las cuentas, termina el comunicado de Moncloa, "incorporarán fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que orientarán la economía española hacia un modelo más digital, más verde y más productivo".

Minutos después de conocerse el acuerdo, la vicepresidenta Díaz ha desgranado en su cuenta en Twitter algunas de las medidas que le parecen más relevantes, empezando por empleo, materia que le ocupa en primera persona como ministra de Trabajo: "Dejamos atrás el último recorte del PP en materia de desempleo y recuperamos el 60% de la base reguladora desde los 6 meses de prestación".

En materia de pensiones, informa Díaz, "las pensiones, sean contributivas o no, se incrementarán para que mantengan su poder adquisitivo frente al alza inflacionista".

Además, los Presupuestos "muestran el compromiso" de tramitar de urgencia una Ley de Familias con nuevos permisos de conciliación: para cuidadores, para atender circunstancias familiares imprevistas o un nuevo permiso parental de 8 semanas. El Gobierno impulsará también una prestación de crianza de 100 euros al mes para familias con menores de 0 a 3 años.

Sobre Dependencia, las cuentas de 2023 contemplan un refuerzo de 600 millones de euros un plan de choque "que reducirá las listas de espera, implementando nuevas prestaciones y servicios y mejorando las condiciones laborales de quien cuida". Y "para proteger a las personas que más lo necesitan -detalla Díaz-, el Ingreso Mínimo Vital (IMV) aumentará en los mismos términos que las pensiones y el IPREM se situará en 600 euros mensuales a partir del 1 de enero de 2023".

El Gobierno pone el foco en su 'agenda verde' y una "apuesta decidida para ganar soberanía energética y para mejorar las condiciones de vida en nuestras comunidades, ciudades y pueblos". Fomentará el autoconsumo inspirándose "en las experiencias europeas más punteras" y "consolidará" el programa de renaturalización de las ciudades.

El acuerdo incluye la ya sabida subida salarial de los empleados públicos de hasta un 9,5% en tres años.

Defensa

Moncloa prevé que el proyecto de Presupuestos incluya el aumento de los gastos de Defensa pactados por Sánchez con la OTAN en la cumbre de Madrid, pero encubiertos en partidas de industria o de personal, entre otras. También para el futuro es posible que, durante la ejecución de los Presupuestos, el Gobierno recurra a mecanismos como créditos o uso de fondos de contingencia para cubrir ese aumento del gasto de Defensa.

Unidas Podemos da por hecho que el PSOE facilitará en el Congreso el desbloqueo de la Ley de vivienda y de la llamada Ley mordaza, para que sean aprobadas antes de final de año, aunque no hay un acuerdo cerrado sobre este tema.

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Es la primera vez que se van a aprobar tres Presupuestos seguidos desde el fin del bipartidismo en 2015, fecha que dio lugar a legislaturas de inestabilidad con dos repeticiones de elecciones generales por falta de acuerdos de investidura y una moción de censura exitosa.

Los últimos Presupuestos de Mariano Rajoy fueron prorrogados cuatro veces, una de ellas por el PSOE tras la moción de censura, pero el Gobierno de coalición que se constituyó en enero de 2020 ha logrado aprobar los Presupuestos de 2021 y 2022 y ahora los de 2023.

Serán los últimos de la legislatura, porque para el próximo año ya no dará tiempo, ya que las Cortes se disolverán automáticamente en octubre de 2023. Será necesario prorrogar los que se aprueben ahora.

El artículo 134 de la Constitución señala que “el Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior”, es decir, deberían haberse remitido al Parlamento a finales de septiembre, pero en los últimos años ya se ha consolidado ese retraso en aprobar el proyecto de ley en el Consejo de Ministros.

Todos los Presupuestos de Sánchez han tenido apoyo de los partidos que permitieron la investidura de Sánchez, es decir, casi todos salvo PP, Vox y Ciudadanos. Y de nuevo, Moncloa aspira a lograr un acuerdo similar con todos estos partidos.

Con ERC, el Gobierno entiende que será posible el acuerdo, pero admite que en esta ocasión interfiere la particular situación política en Cataluña, en la que el partido de Pere Aragonés necesita presentar acuerdos políticos claros para legitimar su opción estratégica negociadora frente a la más radical de Junts.

ERC ha puesto sobre la mesa peticiones como la reforma de los delitos de rebelión y sedición, que necesitarían una larga tramitación parlamentaria y sobre los que Moncloa tiene reticencias.

Con el PNV ya negocia el Gobierno, con la exigencia de cumplir los compromisos de traspaso de competencias cerrados en el acuerdo de investidura. 

Los nacionalistas vascos abordan la negociación como la última ocasión de lograr esos avances antes, como mínimo, de 2024. Si en las generales de 2023 el PP ganara las elecciones, no es seguro que el PNV pueda pactar con Alberto Núñez Feijóo.

El Gobierno ve muy proclives a pactar las cuentas del Estado a Bildu y Más País.