El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Pedro Rollán, y el portavoz de Justicia en el Senado, Fernando de Rosa.
El PP afirma que Sánchez "nos lleva a un infierno energético con cartilla de racionamiento"
Los populares plantean una batería de propuesta para que los crímenes de ETA no prescriban como delitos de lesa humanidad.
10 agosto, 2022 14:33"Este Gobierno que estaba llamado a asaltar los cielos nos lleva a un infierno energético, hoy abrazados a una cartilla de racionamiento energético". Con estas palabras, el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Pedro Rollán, ha cuestionado el real decreto de ahorro energético que ha entrado en vigor este miércoles, que obliga a limitar la temperatura del aire acondicionado y fuerza a los comercios a apagar la iluminación de sus escaparates a las 10 de la noche.
Rollán se ha mostrado convencido de que el Consejo de Ministros aprobó el decreto sin los informes técnicos, jurídicos y económicos oportunos, por lo que el Gobierno desconoce el impacto real que van a tener estas medidas.
El PP entiende el "hartazgo y cabreo de tantas personas, comercios y pequeños empresarios al ver atónitos que el presidente, sus 22 ministros y 800 asesores una realizado una redacción tan mediocre y manifiestamente mejorable" de la norma.
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Por este motivo, Pedro Rollán ha reiterado la petición para que el presidente Pedro Sánchez retire el decreto (que debe ser convalidado por las Cortes antes de un mes), convoque una Conferencia de Presidentes autonómicos y consensúe un nuevo texto con todas las Administraciones y sectores económicos implicados.
Porque la prioridad de la norma, ha añadido, debe ser abaratar la factura de los productos energéticos y el precio de la luz, que ya alcanza los 273,9 euros por megavatio hora. Rollán ha recordado "la que le montaron" a Rajoy los partidos que hoy se encuentran en el Gobierno, cuando el precio de la luz alcanzó los 67 euros.
Declaración de Pedro Rollán
Por su parte, el portavoz de Justicia del PP en el Senado, Fernando de Rosa, ha dado a conocer una batería de iniciativas parlamentarias que impulsa su grupo para mejorar la Administración de Justicia, crear nuevos órganos judiciales y evitar el retraso en la tramitación de las causas.
El PP no va a dejar de aportar "propuestas meditadas y consensuadas con especialistas", ha dicho Pedro Rollán, "para resolver los problemas de los españoles de forma serena y reflexiva, a pesar de los insultos y descalificaciones del Gobierno. No tenemos la más mínima intención de caer este país, mientras situación se está agravando".
Entre otras medidas, el PP propondrá en el Senado una reforma del Código Penal para que los crímenes cometidos por ETA no prescriban, como delitos de lesa humanidad. Del mismo modo, los populares propondrán modificar el Estatuto del Ministerio Fiscal, para garantizar su independencia respecto al Gobierno, y reformar la Ley del Indulto para que el Gobierno deba tener en cuenta el informe del órgano juzgador, antes de otorgar esta medida de gracia.
El PP también quiere impulsar la creación de 350 órganos judiciales (en materia civil, mercantil y social) para acabar con el atasco judicial y atender adecuadamente la avalancha de causas que puede provocar la crisis económica.
Del mismo modo, el PP quiere crear nuevos Juzgados sobre Violencia contra la Mujer y ampliar sus competencias a cuestiones como la trata de mujeres, la explotación sexual y la mutilación femenina. En este sentido, Fernando de Rosa ha denunciado que la Ley del Sólo sí es sí de la ministra Irene Montero no contempla la creación de nuevos Juzgados sobre Violencia contra la Mujer.
Fernando de Rosa ha denunciado que, mientras el Gobierno exige a las comunidades autónomas del PP cumplir el decreto de ahorro energético, se alía con los independentistas de ERC y Junts para burlar la sentencia del TSJC que garantiza el 25% de la enseñanza en castellano.
El portavoz de Justicia del PP en el Senado ha advertido que España puede perder parte de los fondos europeos Next Generation comprometidos, si no garantiza la independencia del Poder Judicial y de la Fiscalía, tal como reclama la Comisión Europea.
