Moncloa espera que el PP reactive la negociación del CGPJ, obligado por la baja de un magistrado del TC

PP y PSOE no logran acordar la renovación del CGPJ (Consejo General del Poder Judicial) desde que cumplió su mandato, en diciembre de 2018. Y desde hace mes y medio, está pendiente de sustituirse un tercio del TC.

En eso confía el Gobierno de Pedro Sánchez, según ha podido confirmar este diario, a la vista de que la elección de la persona que lo vaya a sustituir debe pasar por una mayoría de tres quintos en el Senado.

[La renuncia de Alfredo Montoya deja al PP con un magistrado menos en el Tribunal Constitucional]

El pasado miércoles, este diario informó de que Alfredo Montoya había presentado su renuncia al cargo por motivos de salud.

Elegido miembro del TC en marzo de 2017 a propuesta del PP, Montoya sufrió un ictus hace casi un año que le ha tenido apartado de las funciones jurisdiccionales. Esto incrementa la situación de interinidad del Constitucional, ya que en estos momentos cuatro de sus miembros —entre ellos, el presidente, Pedro González-Trevijano— están en prórroga de funciones tras terminar su mandato el pasado 12 de junio.

Fuentes del Consejo de Ministros, en conversación con este diario, dicen confiar en que "ojalá" esta situación sobrevenida haga cambiar de posición al PP. Y es que la baja de Montoya deja en minoría a los magistrados conservadores en el Constitucional.

De los 12 miembros actuales, siete lo son de adscripción conservadora y cinco de corte progresista. Pero cuatro cumplieron mandato el pasado 12 de junio, tres de ellos de extracción conservadora y uno de ellos progresista. Así, con las tendencias ideológicas de cuatro a cuatro en un empate efectivo —y en todo caso, teórico, porque muchas de las decisiones acaban por formarse con mayorías heterogéneas— queda ya roto en favor de los vocales progresistas por 4-3. 

Es decir, que las prisas del PSOE en el pleno extraordinario de mediados de julio quedan superadas... pese a lo cual fuentes de la dirección del PP responden a este diario que "no cambia nada" con la renuncia del magistrado Montoya.

Antecedentes

La situación actual es la siguiente: para sustituir a Montoya, el PP tendría que sentarse a hablar con el PSOE. Porque necesita los votos socialistas para alcanzar la mayoría de tres quintos que exige la ley en la designación de magistrados del TC por las cámaras legislativas.

Pero el ambiente negociador entre los dos grandes partidos se enrareció, una vez más, este mes de julio. El PP estaba terminando de perfilar su oferta de pacto sobre las instituciones, según pudo confirmar este diario, cuando el todavía portavoz socialista, Héctor Gómez, registró una proposición de ley en el Congreso para contrarreformar la Ley de Poder Judicial.

El PSOE ansiaba tener cuanto antes una mayoría progresista en el Tribunal Constitucional, aunque él mismo se lo había imposibilitado con la reforma que introdujo en marzo del año pasado, también por la vía de la Proposición de Ley de su Grupo parlamentario.

Tribunal Constitucional. Efe

Hace 16 meses, en un empeño de forzar el acuerdo con los populares, todavía presididos por Pablo Casado, el PSOE impulsó un cambio legislativo que cercenaba las atribuciones del CGPJ cuando está en funciones. Esencialmente, le impide hacer nombramientos… y eso incluye a dos de los cuatro magistrados del TC que acaban de cumplir su ciclo de nueve años de mandato.

La 'contrarreforma'

Dado que la norma indica que deben ser nombrados a la vez esos dos magistrados que le corresponden al Poder Judicial y los dos que le tocan al Gobierno —que es el que elige, por turno, en esta ocasión—, Pedro Sánchez se veía atrapado en su propia trampa. Y la idea para arreglarlo fue volver a tocar la Ley del Poder Judicial (LOPJ), y donde ponía ningún nombramiento, añadir salvo los magistrados del TC.

Pero esa contrarreforma, que no esperó el plazo comprometido entre Sánchez y Alberto Núñez Feijóo durante su reunión en Moncloa, fue interpretada por el PP como "un cambio de reglas a mitad de partido" intolerable. Una muestra más de "lo nada fiable que es el presidente". Y, esencialmente, como un "asalto al Constitucional" para asegurarse pronunciamientos a favor en leyes muy polémicas pendientes.

A saber: la del aborto, largamente aplazada; la de la eutanasia, recurrida por PP y Vox; la catalana de vivienda, que Moncloa recurrió y ahora no le importaría salvar… y, sin ir más lejos, la propia reforma de la LOPJ de marzo de 2021.

Aquel recorte de funciones del CGPJ fue muy polémico, porque las atribuciones que se le detraían al órgano de gobierno de los jueces figuran en la Constitución. Es decir, "son indisponibles", en palabras de numerosos juristas e incluso de líderes y exministros de Justicia del PSOE.

"Basta de excusas"

Ahora, desde la sede del PP en la calle Génova, se prefiere callar y dejar que el PSOE "se cueza en su propia salsa". Los de Feijóo cuentan con la tinta aún fresca del último Informe sobre en Estado de derecho en España, publicado por la Comisión Europea. En ese documento, el comisario de Justicia, Didier Reynders, vuelve a reclamar la renovación del CGPJ y la "inmediata" reforma de la norma para que los vocales jueces "sean elegidos por sus pares".

Y eso —dice la dirección popular— "es lo único que pedimos, que el Gobierno se comprometa a respetar las instituciones y despolitizarlas". ¿Obligando a adoptar el modelo del partido que no gobierna? "No, basta con que se sienten a hablar y negociamos para llegar a un punto de acuerdo".

Aunque, desde el PSOE recuerdan que ese compromiso ya lo tiene el PP. "Se lo hemos dicho decenas de veces, y saben que lo haremos", apunta un alto dirigente socialista. "Que dejen las excusas, sólo tienen que ceder", añade.

Y vuelta a lo mismo...