Moncloa desafía a la Comisión Europea y se niega a cambiar el sistema de elección del CGPJ

La presencia, este martes por la mañana, de la vicepresidenta de la Comisión Europea, Vera Jourova, en la Comisión de Justicia del Congreso ha pillado al Gobierno con el pie cambiado. Jourova ha exigido dos cosas: la renovación del CGPJ y el cambio en el sistema de elección, vigente desde 1985 y que no cumple los estándares europeos de que "los jueces elijan a los jueces". De lo primero, el Gobierno culpa al PP, "que lleva 1.288 días incumpliendo la Constitución". Pero a lo segundo se niega. 

Fuentes de Moncloa han insistido a este periódico en que "los jueces ya participan de la elección", y que "el drama no es ése, sino el incumplimiento constitucional de tres años y medio del PP, que desde hace dos meses y medio tiene un nombre: Alberto Núñez Feijóo".

La política checa es la responsable de Valores y transparencia y, como ya varias veces ha hecho su compañero Didier Reynders, comisario de Justicia, ha reclamado no sólo la "urgente" renovación del Consejo general del Poder Judicial, sino que se cumplan los estándares europeos de que "los jueces elijan a los jueces".

La tregua entre Moncloa y el PP se rompió con el inicio de la campaña andaluza. No tanto por las elecciones del 19-J como por el fin del plazo que se dieron el líder de la oposición y el presidente del Gobierno en su única reunión en Moncloa. El 12 de junio, el pasado domingo, expiraba el mandato de nueve años de cuatro de los magistrados del Tribunal Constitucional.

A dos de ellos debe nombrarlos el Ejecutivo y a los otros dos, el CGPJ. Pero desde que se aprobó la reforma de la ley del Poder Judicial, a instancias del PSOE y de Unidas Podemos, el Consejo no puede hacer nombramientos mientras permanezca en funciones por haber acabado su mandato. Esa circunstancia ha dejado ya decenas de vacantes en el Tribunal Supremo y ahora deja cojo al máximo intérprete de la Constitución.

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El vicesecretario del PP Esteban González Pons anunció este lunes que su partido trasladará "en julio" al Gobierno una propuesta de renovación del CGPJ. Y la vinculó, como llevan haciendo los populares desde que los dirigía Pablo Casado, a un compromiso por parte del Ejecutivo de "cumplir con lo que exige Europa, que los jueces elijan a los jueces". Al menos, el 50% de ellos.

Esa condición está recogida en los sucesivos informes sobre el Estado de derecho en España emitidos desde Bruselas en los últimos años. Pero ya hace meses que Moncloa se revuelve contra ello.

Esteban González Pons, vicesecretario de Relaciones Institucionales del PP, en la sala de prensa de Génova. Efe

Este periódico ya informó de que uno de los máximos negociadores del lado gubernamental advirtió de que "rotundamente no" se cambiará ese sistema de elección en el que todos los miembros del CGPJ emanan del Congreso y del Senado, cuyo encaje constitucional es muy dudoso, y que sólo fue avalado por el TC en 1986 con salvedades y prevenciones.

Ahora otras fuentes de Moncloa se reafirman en esta postura, desoyendo los informes de la comisión y la advertencia de la vicepresidenta europea esta misma mañana en sede parlamentaria.

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Jourova ha reiterado que para Bruselas es "importante" que el nombramiento de las personas que componen el CGPJ "sea algo que se estudie prioritariamente", recordando que "en el informe se habló de que tiene que haber un sistema de elección por parte de los homólogos, de acuerdo con los estándares del Consejo de Europa". Dichos estándares implican que "al menos la mitad" de los miembros del CGPJ sean designados por los propios jueces.

Todo contra el PP

El Consejo de Ministros se reunía en su última cita antes de las elecciones andaluzas de este domingo. Una convocatoria que promete ser un punto de inflexión para la legislatura, según sean los resultados, y según los lean los estrategas de Moncloa.

Mientras la sensación en el PSOE es de aturdimiento por las encuestas, los datos económicos, las crisis diplomáticas y las polémicas constantes, en Unidas Podemos impera la descomposición, disimulada hasta el 19-J, al menos. Después, veremos. Entretanto, el ambiente en el PP es de ansia: porque Juanma Moreno puede inaugurar un ciclo victorioso que culmine con Feijóo en la Moncloa. 

Así las cosas, en un último empujón, el presidente del Gobierno anunció este fin de semana lo que ha ocurrido ya el martes: que el Consejo de Ministros le ha tratado de echar un cable al candidato socialista en Andalucía, Juan Espadas, con un proyecto de ley ad hoc que supuestamente blinda la sanidad pública. Y un nuevo plan de salud bucodental, aunque dotado con sólo 44 millones de euros, presentados por Carolina Darias.

Además, se presentó la creación del Consejo Aerospacial, cuyo mandato es redactar los estatutos de la NASA española, impulsada por el PERTE aerospacial. Diana Morant también explicó el nuevo plan de captación y retención de talento científico. Todas estas medidas del Gobierno fueron proclamadas ante el micrófono de la sala de prensa de Moncloa arremetiendo contra el PP.

En el caso de la ley sanitaria, "porque se elimina el copago que impuso Mariano Rajoy, que obligaba a elegir entre una medicina o ir al supermercado", dijo Darias; en el del plan bucodental, "porque el PP sólo hizo recortes y este Gobierno amplía derechos", abundó.

Las ministras de Sanidad, Darias; portavoz, Rodríguez; y Ciencia, Morant, ante la prensa en Moncloa. Efe

En el del Consejo Aerospacial, porque "en lugar de acabar con la ciencia, este Gobierno invierte en innovación"; y en el de la captación de talento "porque todos conocemos a alguien que tuvo que emigrar de España cuando el PP eliminó los fondos para la investigación".

Huyendo de polémicas

Era evidente que era el último Consejo de Ministros antes de unas elecciones, porque la portavoz, Isabel Rodríguez, se negó a responder a ninguna de las polémicas pendientes: ni Argelia "por prudencia"; ni el nuevo decreto contra los efectos de la guerra, más allá de las presiones de Unidas Podemos "porque el espíritu es el mismo, proteger a los más vulnerables"; ni si la ley de Sanidad morirá en el Congreso, porque (de nuevo) los morados han anunciado su voto contrario "al quedarse muy corta".

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Tampoco quiso Rodríguez dar más pábulo a las palabras de la comisaria Jourova. Y eso que su emplazamiento al Gobierno (y al PP) había sido explícito: "Espero que haya un acuerdo político que consiga el desbloqueo judicial y que la solución sea duradera en el tiempo y lo más neutral e independiente posible, no politizada".

Bruselas ha advertido a España en varias ocasiones de que la separación de poderes en nuestro país se está diluyendo y que le preocupa, poniendo a Polonia y a Hungría como ejemplos de esa deriva. Ambos países están inmersos en procedimientos de sanción que amenazan con retirarles el derecho a voto en el Consejo y que, de momento, evitan la percepción de fondos de recuperación por parte de Varsovia.

"Eso es lo que me gustaría ver aquí", subrayaba Jourova. La vicepresidenta ha dicho estar "esperanzada" en que las partes implicadas lograrán consensuar una propuesta, "pese a las dificultades". De momento, el PP pide un mes para su parte. Y el Gobierno dice no a la suya.