Brais Cedeira Alberto D. Prieto

En el lunes posterior a la Diada, sólo 48 horas después de que reaparecieran los CDR en Barcelona y otros puntos de Cataluña, atacando instalaciones, comisarías y a los propios policías y guardias civiles destinados en la región, llegaba al Grupo Popular en el Congreso una respuesta escrita, de apenas dos líneas, en la que el Ministerio del Interior se desdecía de un compromiso con los agentes de hace apenas mes y medio.

Fernando Grande-Marlaska no impulsará el "refuerzo del principio de autoridad para los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado". 

El documento tiene fechada su entrada en el registro del Congreso el viernes 10 de septiembre, a las 18.31 horas. Pero quiso la burocracia interna de la Cámara que llegara a la mesa de los dos diputados del Partido Popular el lunes, justo después de que toda España pudiera ver los ataques perpetrados durante la Diada contra la Jefatura Superior de Policía Nacional en Vía Laietana, en el centro de Barcelona.

Fernando Grande-Marlaska en un acto oficial con la Guardia Civil.

"Es urgente reforzar la ley", explica a este diario Pedro Carmona, de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC). "A diario, se refleja cómo se ha degradado el principio de autoridad y cómo incide en la prestación del servicio afectando al derecho a la vida a la integridad física y moral y a la salud de miles de agentes". 

Los diputados Ana Vázquez y Carlos Rojas, que han registrado una proposición no de ley este martes, habían solicitado esa información al Gobierno 42 días antes: "¿Tiene previsto el Ministerio del Interior cambiar la legislación vigente para aumentar las penas por delito de atentado a agente de la autoridad, [y] si es así, cuándo está prevista dicha modificación?".

Compromiso de Marlaska

Las preguntas por escrito de los grupos parlamentarios al Gobierno no suelen dar para mucho. El Ejecutivo se toma su tiempo para contestar y, es más, hasta le da tiempo a reaccionar. Como una mera pregunta no suele ser noticia, los estrategas políticos del Gobierno logran incluso pulsar con ellas los intereses de la oposición y adelantarse a los debates públicos.

Es más, esta pregunta del PP era ya, en sí misma, una reacción a una noticia conocida: Interior había "valorado positivamente" la demanda del SUP y la AUGC "en la búsqueda de que la actuación de los efectivos policiales se vea protegida, pues con ello se facilita el desarrollo de sus misiones generales basadas en cumplir y hacer cumplir la ley, en proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y en garantizar la seguridad ciudadana". 

En una reunión con representantes sindicales de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, el departamento de Grande-Marlaska se había comprometido el 23 de julio a "dar traslado al Ministerio de Justicia" de su propuesta "para aumentar las penas de quienes atenten contra los agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones". 

Pero en el PP, según la propia diputada Vázquez, sorprendió el comunicado de los representantes de la AUGC y del Sindicato Unificado de Policía (SUP). Gratamente, cierto, pero con incredulidad... "La información que teníamos nosotros de las oficinas del Ministerio era justo la contraria", explica la portavoz de Interior del PP en conversación con este diario. "¿Cómo iba a hacer eso Marlaska, con los socios que tiene dentro del Gobierno y en el Congreso?".

Valga recordar que el mismo Pablo Echenique, portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, alentó desde su cuenta de Twitter a los manifestantes violentos tras la condena al rapero Pablo Hasel: "Todo mi apoyo a los jóvenes antifascistas que están pidiendo justicia y libertad de expresión en las calles. Ayer en Barcelona, hoy en la Puerta del Sol". El tuit hoy está borrado, pero sus palabras le valieron incluso una denuncia del SUP ante la Fiscalía.

"Cuando recibimos la respuesta del Ministerio", explica el diputado popular Carlos Rojas, "de inmediato se la pasamos a la AUGC y el SUP", los representantes sindicales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. "Y no salían de su asombro", añade Vázquez, "pero es que es un tema ideológico. Si Marlaska refuerza la autoridad de las policías, ERC y Podemos no le aprueban nada más en toda la legislatura".

Por su parte, el portavoz del SUP, Carlos Morales, trata de ser prudente: "De momento, estamos a la espera de posibles reacciones" del ministro Marlaska, "Pero en su día se vio buena acogida y estamos expectantes para que cumplan con su compromiso".

Un 5% más de agresiones

Según denuncian los sindicatos y asociaciones policiales -y por la parte política, el PP-, "en España la autoridad de los agentes que defienden el Estado de derecho y nuestras libertades está cada vez peor, y el Gobierno no da la cara por ellos". Los datos oficiales lo corroboran. Según las cifras de Interior, en el año 2018 hubo 10.444 agresiones a agentes del orden en nuestro país. Y en 2019 crecieron un 5%, hasta las 10.924.

"No nos han dado los datos de 2020, pero el problema ya no es sólo los ataques con odio en Cataluña, País Vasco y Navarra; o las agresiones del crimen organizado en el campo de Gibraltar... es que ya no pueden ni ir a disolver botellones, porque los jóvenes exaltados saben que no hay consecuencias si lanzan las botellas a la policía", explica Vázquez.

El Partido Popular ya ha presentado una Proposición No de Ley en el Congreso, instando al Gobierno a "modificar la legislación para reforzar el carácter de agente de la autoridad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad". Es decir, para que se considere "atentado" las agresiones a un policía en el ejercicio de su labor, y se aumenten las penas, "que hoy son irrisorias".

El documento, registrado este martes en la Cámara Baja, reclama también que el Ejecutivo manifieste "su rotundo rechazo a la violencia practicada" contra los agentes y "la condena a los grupos que las justifican". Que se rompa "cualquier colaboración o pacto político con los partidos o grupos que no condenen" esta violencia contra los policías. Que se establezcan "protocolos de colaboración junto con las CCAA y los Ayuntamientos" para evitar estos actos de violencia. Y, finalmente, que "se investiguen y sancionen estos actos a todos los niveles".

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