A finales de enero, Miquel Iceta llegaba a Madrid para tomar posesión como nuevo ministro de Política Territorial. El primer secretario del PSC le cambiaba el puesto a su número dos, Salvador Illa -que dejaba el Ministerio de Sanidad-, pero la misión de ambos seguía siendo la misma: "Romper la dialéctica de nacionalismo sí, nacionalismo no" con dos patas fuertes, una en el Parlament y la otra en la Moncloa.

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Más o menos, así resume Alícia Romero, portavoz de los socialistas en el Parlament de Cataluña, lo que significa "el reencuentro", un concepto bonito pero etéreo. "En Cataluña sabemos lo que hemos pasado, y el resto de España tendrá que entenderlo, los indultos será necesarios". Por ahora, tal como dicen las encuestas, no lo han logrado explicar ni siquiera al votante socialista.

Pero para ese "reencuentro" había (y hay) una condición que no sólo ha sido impuesta desde hace meses por Esquerra Republicana, sino que defiende el propio Partit dels Socialistes de Catalunya desde el mismo momento en que fueron detenidos los cabecillas del golpe independentista del 1-O: "Habrá que indultar", dijo Iceta el 13 de diciembre de 2017, "para cerrar heridas y a favor de la reconciliación entre catalanes". 

Oriol Junqueras y el resto de detenidos llevaban poco más de un mes en prisión preventiva. Y ahora le queda menos de un mes para recuperar la libertad, si se cumplen los plazos que auguran fuentes del Gobierno para la concesión del indulto. Así, no sólo se cumplirá la petición del líder del PSC, sino la exigencia de los líderes separatistas de ERC, cuyos 13 votos en el Congreso -unidos a los cinco de Bildu, con la que tiene un acuerdo parlamentario- son clave para que Pedro Sánchez se mantenga en Moncloa.

Romero (Caldes d'Estrac, Barcelona, 1976) lleva toda una vida en la política, tras afiliarse al PSC con sólo 20 años. Concejal en Mataró a los 23 años y teniente alcalde con sólo 26. A partir de 2008 combinó la actividad privada como consultora y docente en varios centros universitarios con responsabilidades públicas en Lérida y Premiá de Mar. Desde 2012, es diputada autonómica y después de las elecciones del 14-F, Illa le pidió que fuese la portavoz del grupo parlamentario.

Alícia Romero, durante la campaña electoral del 14-F, junto al candidato del PSC, Salvador Illa. Efe

"Ganamos las elecciones, que no es poca cosa, aunque no lográramos gobernar", explica al otro lado del teléfono en conversación con EL ESPAÑOL, que llamaba buscando una explicación a los indultos que ni el PSOE ni el Gobierno de Pedro Sánchez se atreven todavía a dar en Madrid.

Matices

Lo que el Ejecutivo central definió como "revanchismo y venganza" ahora se ha matizado: "El Estado de derecho no sólo demuestra su fortaleza con el castigo, también con la generosidad", dijo el martes pasado María Jesús Montero.

Y es lo más lejos a lo que ha llegado cualquier miembro del Consejo de Ministros. Aunque es cierto que sólo ofrecen argumentos a favor de la "convivencia, el reencuentro y la concordia", si se les pide que se atrevan a traducir eso a un , todos se excusan -al menos si hay grabadora por delante- en que "la decisión no está tomada".

Pero la voz de los socialistas en el Parlament sí ofrece la posición del PSC sin subterfugios ni circunloquios: "Aquí no hay debate interno, no tenemos un Rodríguez Ibarra diciendo que no. Cataluña está a favor de este desbloqueo". Es decir, ¿del perdón? "Sí, sin los indultos no va a cambiar nada, hay que cambiar el marco mental del eje nacionalista, y éste es el camino para desarmarlos".

Entonces, no se entiende por qué Pedro Sánchez no afronta la realidad de que a finales de junio o, a más tardar en el primer Consejo de Ministros de julio, aprobará la medida de gracia. "Pero estamos en todo de acuerdo el PSC y el PSOE", aclara, dejando claro que los ritmos de comunicación no ocultan matiz alguno en que este paso hay que darlo y se dará: "A pesar de los riesgos, los indultos son necesarios".

Equidistancia

En los últimos días, decenas de militantes y varios dirigentes de seis federaciones socialistas de toda España se han organizado para exigir a la Comisión de Garantías del PSOE que Sánchez no se atreva con esta medida. Así lo reveló en exclusiva este periódico. Y lo cierto es que el Código Ético del partido prohíbe que ningún cargo "apoye o impulse" el indulto para condenados por delitos graves y de corrupción, como la sedición y la malversación, respectivamente.

Entre esas seis federaciones estaba el PSC, pero Romero no hace referencia alguna a este respecto. "A los socialistas catalanes siempre nos han acusado de una mal llamada equidistancia", comenta entre sonrisas evidentes, "y eso hasta nos puede venir bien ahora, porque tenemos asumido no sólo que los indepes se quedarán insatisfechos y se quejarán, sino los palos que nos vendrán de la oposición".

La actividad estos días en el PSC es frenética. Iceta viaja de Madrid a Barcelona lo más que puede, entre sus obligaciones en el Ministerio, las del liderazgo del partido y los contactos casi diarios con "la otra parte", es decir, con el independentismo. Es la labor que hacía Illa antes de volver a Cataluña, una interlocución constante a dos niveles: orgánico, para acompasar los avances -y las agendas-, y político, para pactar las cosas del día a día en el Congreso.

El calendario marca ahora que Pere Aragonès pida cita en Moncloa para su reunión bilateral de presidente autonómico recién llegado. Después vendrán los indultos y, más adelante, la "mesa de gobiernos"... o "del reencuentro", reitera Romero, "que es lo que hace falta, porque que los presos salgan de la cárcel no va a arreglarlo todo pero es un paso necesario para abrir un nuevo tiempo".

¿Y eso qué quiere decir? "Que cambien algunas piezas", responde Alícia Romero, esta vez sí, críptica. Y de ahí no sale. Se supone que para no descubrir las bazas de la negociación. Eso sí, algo insinúa sobre todo esto para qué: "Illa ya le ha hecho ofertas de pacto a Aragonès, y seguiremos haciéndolas, porque tiene que verse que en dos o tres años esperamos gobernar Cataluña. Y que ya estamos preparados".

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