A Pedro Sánchez se le amarga la tarta del tercer cumpleaños en la Moncloa. Militantes y dirigentes del PSOE de hasta seis federaciones distintas presentan este martes un escrito ante la Comisión de Garantías exigiendo que el secretario general y presidente del Gobierno se abstenga de saltarse los Estatutos del partido y no impulse ni otorgue los indultos a los políticos condenados por el procés.

En caso de que Sánchez siga adelante y la Comisión no le fuerce a lo contrario, en dos semanas, llevarán el caso a la Justicia ordinaria por "incumplimiento flagrante" reclamando a los tribunales "amparo y medidas cautelarísimas".

En un escrito del que ha tenido conocimiento este periódico, afiliados de Extremadura, Aragón, Madrid, Galicia, Andalucía y, por supuesto, Cataluña advierten a Sánchez que si otorga el indulto a Oriol Junqueras y el resto de presos, podría ser sancionado, según los mismos Estatutos del PSOE "con medidas que podrán llegar hasta la expulsión".

Como ya informó este periódico hace dos meses, es ese mismo Código Ético socialista el que impide a Pedro Sánchez "apoyar el indulto" a los políticos condenados por el golpe separatista del 1-O de 2017.

La voz de las bases

Según ha podido cotejar este periódico, los dirigentes regionales y locales impulsores de esta iniciativa reprochan a Sánchez que "llegara a la Secretaría general del PSOE presumiendo de dar la voz a las bases y ahora trate de hurtar la opinión de la militancia".

De hecho, no es el primer dirigente histórico que se pronuncia en contra de la medida de gracia a los independentistas presos, pero Juan Carlos Rodríguez Ibarra -expresidente de la Junta de Extremadura- recordaba, este mismo lunes, que Sánchez "debería hacer un referéndum entre los afiliados".

Tanto él como el expresidente Felipe González y su exvicepresidente Alfonso Guerra forman parte de la vieja guardia que ha criticado la medida por "injusta" o por, incluso, "ilegal", tras el informe en contra del Tribunal Supremo. Pero junto a ellos han levantado la voz líderes regionales actuales, como los presidentes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, y el extremeño, Guillermo Fernández Vara.

Emiliano García Page, presidente de Castilla-La Mancha, y Pedro Sánchez, presidente del Gobierno. Efe

Además, según la encuesta de SocioMétrica recientemente publicada por EL ESPAÑOLel 80% de la población, incluido el 72,5% de los votantes del PSOE, están en contra de la concesión de indultos a los líderes del procés.

El Código Ético

El Código Ético vigente en el PSOE -que se redactó ya bajo el mandato del mismo Sánchez como secretario general- impone, en su artículo 8.1) que "los cargos públicos del PSOE se comprometan a no proponer ni apoyar el indulto de cargos públicos condenados por delitos ligados a corrupción, violencia de género [...] así como por la comisión de hechos constitutivos de delitos graves". 

Según recuerda el documento que enviarán los dirigentes socialistas firmantes este mismo martes por burofax a la Comisión Federal de Ética y Garantías en la sede de Ferraz, los Estatutos Federales "obligan a todos los militantes" al cumplimiento del Código Ético. Y no sólo a ellos, sino a los "cargos públicos elegidos en las candidaturas del PSOE" y a los "designados a propuesta de cargos electos del PSOE"... es decir, a todo el Consejo de Ministros. Incluso a los cargos de Unidas Podemos, al ser nombrados por Pedro Sánchez.

En todo caso, fuentes de la dirección del PSOE explicaban a este diario que no hay ningún temor en la Ejecutiva. Eso sí, los miembros del equipo directivo socialista consultados no conocían la iniciativa de los rebeldes a la hora de contestar, y se limitaban a responder a las voces discordantes de González, Rodríguez Ibarra o el presidente castellano-manchego: "Page no tiene seguidores en la Ejecutiva, y Felipe dijo en el pasado que le parecía bien indultar", explica un miembro de la Ejecutiva que pide permanecer en el anonimato.

Delitos graves y de corrupción

El documento hace notar que los políticos presos "por los hechos de octubre de 2017" tienen condenas "por delitos graves", como el de sedición. Esta figura delictiva está sujeta a revisión "para acompasarla a los países de nuestro entorno", tal como confirmaba este mismo lunes el presidente Sánchez en una rueda de prensa conjunta con el primer ministro polaco, Tadeusz Morawiecki.

Pero hasta que ésta reforma del Código Penal entre en vigor, las penas que contempla el Código Penal son superiores a cinco años de privación de libertad. La rebaja de la sedición, en todo caso, va para largo. Aún no está terminado siquiera el anteproyecto, no ha pasado la primera lectura del Consejo de Ministros, el texto tendrá que ser informado por el Consejo de Estado y el del Poder Judicial y, cuando llegue al Congreso, precisará de mayoría absoluta, al ser una ley orgánica.

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, durante la cumbre bilateral con Polonia, en Alcalá de Henares. Efe

El otro delito por el que fueron condenados los promotores fue el de malversación de caudales públicos. Y ésta es una infracción legal ligada a la corrupción, como recuerdan los militantes del PSOE, al ser "un delito contra la administración pública", según tipificación del Código Penal. 

Congreso extraordinario...

Pero los dirigentes y afiliados promotores de esta rebelión interna en el Partido Socialista no sólo están en contra, sino que quieren hacer valer el valor jurídico de los Estatutos del partido. Incluso llevándolos a la Justicia ordinaria si no reciben respuesta en dos semanas.

El artículo 7 de los Estatutos del partido dice literalmente que "el afiliado o afiliada del Partido que incumpla lo dispuesto en estos Estatutos, en el Código Ético o en cualquier otra norma reglamentaria [...] o de cualquier otra forma viole las obligaciones que a todos los miembros del Partido imponen los presentes Estatutos, será sancionado, previos los trámites reglamentarios y mediante decisión de los órganos competentes, con medidas que podrán llegar hasta la expulsión en aplicación del régimen disciplinario".

El Código Ético del partido, recuerdan, forma "parte integrante de los Estatutos como Anexo", según el artículo 7 de los mismos. Y por esta razón, los militantes señalan que según el artículo 26.1) de los propios Estatutos, su "debate y aprobación" sólo es competencia del Congreso Federal.

Así, en caso de que el secretario general, Pedro Sánchez, "quiera igualmente indultar a los presos, utilizando el Gobierno de España para ese fin, debe convocar un Congreso Extraordinario" para modificar los Estatutos del Partido y el Código Ético, reclaman, "sometiendo a votación de toda la militancia dicha modificación". 

...o a los tribunales

Aunque los promotores han logrado que afiliados al partido de hasta seis federaciones firmen el escrito sin que la dirección del PSOE se enterara, los movimientos han sido sigilosos hasta este martes. Este 1 de junio, coincidiendo con el tercer aniversario de la llegada a la Moncloa del presidente a través de una moción de censura impulsada por una sentencia judicial -el fallo del caso Gürtel contra la corrupción del PP-, Sánchez se juega acabar ante el juez.

Y es que los firmantes creen tener todos los argumentos en su mano: los partidos políticos están recogidos en el artículo 6) de la Constitución Española, están regulados por ley orgánica -es decir, especialmente protegida al regular derechos fundamentales de los ciudadanos-, la 6/2002, de 27 de junio, y deben inscribir sus Estatutos en el registro del Ministerio del Interior.

Por esta razón, el documento se hará llegar a la Comisión Federal de Ética y Garantías del PSOE a través de un burofax.

Así, explican sus promotores, el escrito tendrá validez legal ya que, "dado que este asunto tiene carácter de urgencia y puede haber consecuencias insubsanables", sostienen, "en caso de no recibir contestación en el plazo de dos semanas a la recepción del mismo, nos reservamos el derecho a recurrir a la justicia ordinaria para solicitar amparo y medidas cautelarísimas". 

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