Pablo Iglesias se irá del Gobierno con pelea. La intervención del mercado del alquiler, uno de sus caballos de batalla y compromiso que arrancó a Pedro Sánchez en la negociación de los Presupuestos no será la vía por la que el Ejecutivo aborde la contención de los precios de las "zonas tensionadas" de las grandes ciudades. EL ESPAÑOL ha tenido acceso al documento presentado por el lado socialista del Gobierno a los negociadores morados, que han quedado "sorprendidos" por el "incumplimiento" de los acuerdos en la Ley de Vivienda.

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Y es que, a pesar de que se cerró por escrito entre el presidente, Pedro Sánchez, y su socio, el Ministerio de Transportes de José Luis Ábalos ya ha fijado posición: se hará a través de desgravaciones fiscales acumulativas. Se confirma así la exclusiva de este periódico que ya hace un mes informó de que Ábalos hacía fracasar a Iglesias en su proyecto intervenir los alquileres a través de la Ley de Vivienda.

Este mismo miércoles, fuentes de Unidas Podemos rechazaban en conversación con este periódico el plan del PSOE. "Tal y como está saliendo Iglesias del Gobierno, es imposible que haya Ley de Vivienda si no lleva dentro la regulación de los precios para que un alcalde pueda bajarlos cuando estén disparados. Una medida que, aseguran, "se ha demostrado eficaz en otros países y en Barcelona"".

Pero es que la propuesta del Ministerio de Transportes responde a Iglesias, como si lo hubieran escuchado: "Los sistemas de regulación de rentas ensayados en Alemania o Francia no han demostrado eficacia en cuanto a la contención de rentas, y sí apuntan tener a corto plazo un efecto de contracción de la oferta, lo que supone de hecho añadir mayor dificultad en el acceso a la vivienda en alquiler, especialmente para los más vulnerables".

"Ambicioso plan"

Así, el "ambicioso plan", según las fuentes socialistas consultadas, pretende "frenar las subidas abusivas del alquiler" por una vía completamente opuesta a la de Podemos: los beneficios fiscales. Además, la propuesta del PSOE busca, favorecer la oferta de vivienda "en condiciones asequibles" para las personas con menor renta, jóvenes y colectivos más vulnerables, y "favorecer la oferta de vivienda social". 

El texto propone establecer, en los nuevos contratos de arrendamiento, un porcentaje de reducción general del 50%, modulable en función de los siguientes criterios: En el caso de la vivienda protegida, un precio limitado por una norma jurídica "podría beneficiarse de una reducción del 10% en el rendimiento neto". Este porcentaje se añadiría al 50% general.

La misma cantidad de ahorro fiscal se prevé para las viviendas recientemente rehabilitadas, para las que, de hecho, tiene un "ambicioso plan" el Ministerio, a financiar con fondos europeos.

En el caso del alquiler de pisos para jóvenes entre 18 y 35 años, con un alquiler mensual limitado, se añade un 20% para alcanzar una reducción que se situará en el 70%. En el caso de las viviendas con inquilinos con ingresos reducidos, el Ministerio aún mantiene "en estudio" la reducción acumulativa aplicable y el nivel de ingresos a partir de los cuales se aplicaría la rebaja fiscal.

Por último, para las "zonas tensionadas", el departamento de Ábalos prevé "promover la nueva oferta de alquiler", así como establecer "mecanismos efectivos de estabilización y bajada de precios". También en este caso, vía bonificaciones fiscales, para alquileres inferiores a una renta máxima en función del ámbito.

En el caso de la incorporación al mercado de vivienda en alquiler habitual, un 20% más a añadir al 50% general. Y un beneficio fiscal de hasta el 90% (es decir, una acumulación de otro 40% sobre la tarifa rebajada inicial) en el caso de que el propietario "reduzca en más de un 10 % en la renta, respecto al contrato anterior".

Unidas Podemos lo rechaza

La propuesta que David Lucas, secretario general de Vivienda (PSOE), le hizo llegar a Ione Belarra (Unidas Podemos) en la noche de este martes ha provocado "sorpresa" y rechazo en las filas moradas. Según las fuentes consultadas, el lado socialista del Ejecutivo ha hecho llegar una propuesta "basada únicamente en incentivos fiscales para propietarios y que no incluye la regulación del alquiler, incumpliendo flagrantemente el acuerdo de Gobierno".

La oferta del PSOE, afirman, consiste en "dedicar recursos públicos a asumir, por parte de todos los contribuyentes, las rebajas en la renta que realice quien tenga una vivienda en alquiler".

El plan de Pablo Iglesias, defendido en la mesa de negociación por quien le sucederá al frente del Ministerio de Derechos Sociales, era justo el contrario. De hecho, desde su entorno se acusa al PSOE de que "no sólo incumple el acuerdo de Gobierno, sino que además es antisocial al promover que quien más tiene, y más ha contribuido a hinchar la burbuja, se beneficie en mayor medida de estos incentivos sostenidos con el dinero de todos y todas".

Para los morados, el plan de los socialistas es un desaire al socio de coalición, y promete que "habrá lío", porque "en base a esta propuesta, cuanto más cara sea la renta y más viviendas tenga un propietario mayor será el beneficio fiscal que reciba".

"Seguirán los abusos"

El entorno del ministro Ábalos, por el contrario, asegura que este plan busca "abordar el problema de la vivienda de manera integral". No sólo rebajando los precios de los alquileres, sino haciéndolo "con seguridad jurídica" y con "negociación en lugar de imposición".

Y es precisamente esos acuerdos con "los grandes tenedores" una de las más duras críticas que vierte el entorno e Iglesias a la propuesta de Ábalos. "No recoge ninguna medida dirigida a empresas como Blackstone y el resto de fondos buitre, que podrían seguir cobrando alquileres abusivos como hasta ahora y especulando con el derecho a la vivienda".

Según los morados, cabe recordar que estos fondos "son quienes han logrado aumentar los precios del alquiler" en nuestro país construyendo artificialmente "una burbuja a través de la retención de vivienda vacía y otros mecanismos".

Del lado socialista el enfoque es el opuesto. Y además, añaden que esos mismos "grandes propietarios" son aquéllos con los que se ha negociado la puesta en el mercado de "decenas de miles de pisos en alquiler social". Concretamente, el documento al que ha tenido acceso este periódico contempla un Plan de Vivienda para el Alquiler Asequible (anteriormente denominado Plan 20.000), "específicamente centrado en hacer frente a los desajustes en las zonas de mercado residencial tensionado".

"Sin imposiciones"

Este plan prevé incrementar en la próxima década en más de 40.000 el parque de viviendas en régimen de alquiler social con acciones directas del propio Ministerio -adquiriendo suelo a Defensa y poniendo en marcha promociones de vivienda-, llegando a acuerdos con las CCAA "con instrumentos de colaboración, como la cofinanciación" y la "concertación con los agentes privados para su colaboración, con las viviendas de su titularidad, en el incremento del parque de vivienda asequible".

Y es ahí, precisamente, donde entra la "negociación global con todos los agentes del mercado" a la que se refieren las fuentes del entorno de Ábalos. "Ésta es una negociación muy complicada, que no puede abordarse con imposiciones, sino con delicadeza", apuntan. Un punto en el que el lado socialista se refiere a los grandes propietarios, pero también, aseguran, a la contraparte en el Gobierno.

Pero Unidas Podemos no sólo lamente "el retraso" en el calendario -la ley estaba comprometida para hace dos meses-, sino la "falta de respeto con el socio" en el Ejecutivo -el pacto era que los dos ministerios fueran coproponentes de la norma-. Los morados descalifican el proyecto presentado por su "falta de base empírica avalada por el Ministerio de Hacienda" frente a su propuesta de intervención directa del mercado del alquiler, "que se ha demostrado eficaz en otros países y en Barcelona", alegan.

Desde Unidas Podemos lamentan, finalmente, que el PSOE "sucumba a las presiones de la patronal inmobiliaria" y reclaman "que el dinero de los contribuyentes se invierta en mejorar los servicios públicos de nuestro país y no vaya a parar a los bolsillos de los especuladores de la vivienda".

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