Tras el acuerdo firmado la semana pasada con la Sareb para la cesión de 10.000 viviendas para alquiler social y la ampliación en número y tiempo del Fondo Social de Vivienda con las entidades bancarias, el Gobierno espera sumar hasta 24.000 casas a medio plazo al exiguo parque público nacional.

Además, el ministro del ramo, José Luis Ábalos, negocia con los grandes fondos que se unan a Sareb y bancos en su empeño por incrementar el número de viviendas disponibles para alquiler social a un precio reducido.

Compromiso del Gobierno

Fuentes del ministerio aseguran a este medio que los contactos con los fondos son habituales, como con el resto de actores en el ámbito de la vivienda, y se está explorando cómo se pueden establecer mecanismos de colaboración público-privada para poder garantizar vivienda social y asequible.

La idea, apuntan, es que ellos también asuman un papel importante, como grandes tenedores, en la solución a los problemas de vivienda en nuestro país, cumpliendo con la función social que les corresponde y deben asumir.

Los grandes fondos, como Testa Residencial, Albirana Properties, Lazora, Fidere Patrimonio, Vivenio, Ares, Encasa Cibeles o Témpore suman algo más de 55.000 viviendas en España.

Advierten, al igual que ocurre con los acuerdos con Sareb, pueden tener algunos pisos en sitios donde el ministerio y los gobiernos regionales no quieren/necesitan. “No hay pisos sin inquilinos y vacíos en Madrid, Barcelona, Bilbao, etc.”, apuntan.

El Mitma recuerda que el Gobierno estableció en el Real decreto ley 37/2020 de 23 de diciembre que “es importante complementar el fondo social de vivienda, constituido por inmuebles de las entidades de crédito, plenamente operativo, con una iniciativa paralela o equivalente en el ámbito de las sociedades y fondos especializados en el alquiler residencial, instrumentando su participación reglada y favoreciendo su colaboración con las Administraciones territoriales competentes para dotar de nuevos instrumentos al servicio de las políticas sociales y de vivienda”.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirmó en la presentación del acuerdo con la Sareb que “vamos a favorecer que los grandes tenedores de vivienda o entidades financieras pongan parte de su cartera a disposición de personas en situación de vulnerabilidad”.

La amenaza de Podemos

La vivienda es uno de los temas que hacen saltar chispas entre las dos formaciones del Gobierno. El último choque tuvo lugar la semana pasada cuando Ione Belarra, negociadora de parte de Pablo Iglesias para la nueva Ley de Vivienda, supo que el borrador de la norma preparado por el Ministerio de José Luis Ábalos no permitirá intervenir el mercado de alquileres, en contra de lo comprometido en un documento con el sello de PSOE y Unidas Podemos.

Mientras el Mitma trabaja en silencio para cerrar acuerdos con grandes tenedores y asegurar a los propietarios, ya sean grandes fondos o particulares, que mantendrá la seguridad jurídica, el socio morado del Gobierno lanza mensajes que asustan al sector, así como algunas de las últimas decisiones tomadas por el Ejecutivo nacional.

La Vicepresidencia de Derechos Sociales propuso el pasado 2 de febrero que los grandes propietarios de inmuebles destinen el 30% de sus viviendas a alquiler social, una medida que ayudará a poner fin a la "emergencia habitacional" en España al aumentar en pocos meses el parque público entre 140.000 y 150.000 viviendas.

Las palabras de Ione Belarra crearon una reacción en cadena de los grandes propietarios. El presidente de Asval, Joan Clos, denunció que esta medida supondría en la práctica “una expropiación y lanza un mensaje contrario a la seguridad jurídica que se necesita para desarrollar el alquiler en nuestro país”.

Incluso algunos fondos consultados por este medio la calificaron de “intervencionismo chavista” que representaría la venta total de sus carteras y salida de vivienda en España. Además, el 30% de los pisos en propiedad de los fondos quedaría muy lejos de los 150.000 asegurados por la secretaria de Estado para la Agenda 2030.

Ante esta alarma, el equipo de José Luis Ábalos tuvo que salir a la palestra para calmar los ánimos. “No vamos a forzar a los grandes propietarios a que saquen al mercado el 30% de sus pisos”, advirtieron fuentes del Mitma a EL ESPAÑOL. “En una democracia, ahondaron, lo lógico es negociar para lograr tus objetivos, y no expropiar derechos para imponerlos”.

La redacción de la Ley Estatal de Vivienda sigue su camino y cuando llegue al Consejo de Ministros se verá qué ala del Gobierno impone sus tesis, la morada y la roja. Queda mucha tela que cortar.