El Consejo de Estado expresa su "severa crítica" al Gobierno por haberle hurtado de dos informes preceptivos, que ya obraban en poder de Moncloa, y que le resultaban claves para poder emitir su dictamen sobre el decreto de los fondos europeos.

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La institución presidida por María Teresa Fernández de la Vega lamenta que el Ejecutivo no incorporara al expediente remitido los dictámenes de la Intervención General de la Administración del Estado y de la Oficina de Coordinación y Calidad Normativa que valoraron "la supresión o modulación de diversos mecanismos de control".

Teniendo en cuenta que la impugnación principal que hace el máximo órgano asesor del Gobierno es precisamente ésa, el Consejo de Estado llama la atención porque, al final, le pasó a él lo mismo que al Congreso.

Si los diputados votaron la convalidación del decreto sin estar informados de lo de moledor del dictamen del Consejo de Estado, éste había tenido que dictaminar sobre el decreto sin estar informado de la posición de dos organismos claves para el cogollo de "las dudas" que generaba la norma.

Fuentes de Moncloa aseguran a este periódico que "se atendieron todas las observaciones esenciales".

Auque es fácil advertir que hay decenas de estas advertencias que no se han atendido, comparando el texto del Consejo de Estado y el decreto finalmente aprobado. Muchas que se refieren a la eliminación de controles en la gestiónde los fondos. E incluso algunas son tan de andar por casa como cuando el Consejo pide "revisar cuidadosamente toda la redacción y evitar el recurso a expresiones incorrectas [...] como la disposición 'onceava' de la ley". El palabro sigue ahí, en el punto XVI del largo preámbulo.

"Vox salvó a Sánchez"

A pesar de la trascendencia del contenido del decreto, la lucha política centró el foco en que su convalidación fue tan justita de votos que "Vox salvó a Sánchez". Eso le dio al Partido Popular una munición corta, de unas semanas en las que el mensaje de "la pinza" hizo fortuna.

Pero la realidad de aquella votación subyacía más abajo, en un argumento menos fácil de vender en titulares: los diputados votaron sobre un decreto que entrega a Moncloa la gestión de todos los fondos de recuperación "atenuando, o incluso suprimiendo, los mecanismos de control en materias tan sensibles como la contratación administrativa, los convenios administrativos o las subvenciones".

El texto incluido entre las comillas está incluido en el dictamen del Consejo de Estado al Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Ése que el Gobierno ocultó, incumpliendo al menos tres leyes, según Miguel Ángel Blanesdoctor en derecho y experto en transparencia, lucha contra la corrupción y lavado de dinero negro de la Comisión Europea. 

De ahí que cuando a los populares les dejaron de funicionar los disparos a bulto contra el partido de Santiago Abascal -cuyos dirigentes reconocían ya en conversaciones de pasillo que se habían equivocado salvando el decreto de Sánchez-, saliera Pablo Casado desde su escaño como un francotirador ante Pedro Sánchez en una sesión de control: "Usted arrancó del decreto las páginas del dictamen del Consejo de Estado... señor presidente, ¿qué tiene que ocultar?". Sánchez sólo supo jugar a sugerir que Abascal incluso tiene "momentos de lucidez" que a Casado le faltan...

Y si efectivamente, el Gobierno estaba ocultando algo, este lunes ha quedado claro qué. El propio Consejo de Estado se ha hartado de esperar a que el Gobierno publique el documento -como es lo habitual cuando se trata de informes a instancia de parte y no obligatorios- y lo ha sacado a la luz en su página web [consúltelo aquí en PDF].

Demoledor

El documento es demoledor, al punto de que en cada una de sus 97 páginas incluye al menos una crítica al decreto del Gobierno. Pero el informe del máximo órgano asesor del Ejecutivo se centra principalmente en la supresión de controles en la gestión de los hasta 140.000 millones de euros que prevé recibir España en los próximos seis años.

De hecho, y a la vista del dictamen, fuentes del PP destacan en declaraciones a este periódico que el Gobierno, con este decreto se arriesga a dejar a España sin las ayudas europeas, porque "el dinero llegará si los proyectos cumplen los controles pertinentes que en la norma no están garantizados".

Y basan los de Pablo Casado su argumentación en una de las advertencias de las conclusiones del dictamen: "La UE está llamada a ejercer un papel fundamental en la vigilancia de la correcta gestión y ejecución de los fondos incluidos en el Instrumento Europeo de Recuperación, lo que exige extremar las medidas destinadas a garantizar la correcta aplicación de tales recursos". 

La realidad es que el documento del organismo presidido por Fernández de la Vega, exvicepresidenta con José Luis Rodríguez Zapatero y antes secretaria de Estado con Felipe González, lamenta la supresión de controles y muestra su "preocupación sobre la manifiesta insuficiencia de la memoria remitida" en lo tocante al análisis de impacto normativo.

"Severa crítica"

Pero sobre todo, expresa su "severa crítica" por la falta de remisión de dos informes claves: el de Intervención General del Estado y en de la Oficina de Coordinación y calidad Normativa, a los que sin embargo, "se hace cumplida referencia en el preámbulo del proyecto y en la memoria que lo acompaña". Es decir, que el Consejo entiende que ya obran en poder de Moncloa.

María Teresa Fernández de la Vega. Efe

"Esta falta de remisión priva a este Consejo de Estado de conocer en detalle los fundamentos de la regulación proyectada y la justificación particular de algunas medidas que pueden suscitar dudas en cuanto a su oportunidad, carácter proporcionado y eficacia", lamenta el redactor del dictamen.

Continúa, durísimo: "En este punto concreto, hubiera sido de inestimable valor conocer el parecer, no sólo de la Intervención Delegada, sino sobre todo de la Intervención General de la Administración del Estado, sobre las distintas medidas consistentes en la supresión o modulación de diversos mecanismos de control".

Y de inmediato, el ponente sugiere las razones al plantear que es la propia intervención del Estado la que dictaminaba sobre la supresión de sus servicios: "...incluidos los correspondientes a la función interventora".

Según Blanes, "la necesidad de eliminar trabas burocráticas no puede significar hacer caer los controles que son necesarios para asegurar la correcta utilización de los cuantiosos fondos europeos". Sobre todo, teniendo en cuenta que "se trata de enormes cantidades de dinero público" por las que el Consejo de Estado vela "llamando la atención sobre la falta de explicación de las razones para eliminar esos controles preventivos, necesarios para evitar casos de corrupción y fraude".

"Demasiada premura"

Aunque hay más salvedades que destaca el dictamen, tal como señala el experto consultado. Por ejemplo, el incumplimiento de la "exigencia del análisis de impacto presupuestario"... o un elemento primordial conexo a la supresión de controles: "la eliminación de la obligación de obtener informes preceptivos del propio Consejo en el texto del decreto".

Es cierto que el texto finalmente aprobado ya subsanó esa última salvedad, como alegan las fuentes de Moncloa. Pero es que el decreto es criticado en su contenido... y también en sus formas: para empezar, lamenta haber sido consultado con "demasiada premura", pues sólo se le dieron cinco días para dictaminar sobre un "texto legal tan prolijo". Y máxime si se tiene en cuenta, dice el propio dictamen, "que el expediente remitido únicamente contiene la versión definitiva del proyecto y la escueta memoria que lo acompaña".

Y después critica que por ejemplo, se dedique una cuarta parte de sus 89 páginas en un preámbulo con "contenidos innecesarios", "consideraciones excesivamente largas que nada aportan", etc. El dictamen es tan crítico que, por impugnar, impugna hasta el nombre del decreto. Con un objetivo, dice, que "parece más amplio que el que en sí mismo persigue la norma proyectada".

Blanes, también experto del Parlamento Europeo para asuntos relativos al Derecho Administrativo, concluye mostrando su sorpresa por todo lo acontecido. Según explica, es "incomprensible" que las importantes observaciones efectuadas "por un órgano de enorme prestigio como el Consejo de Estado, no solamente no han sido atendidas o subsanadas en el Real Decreto-Ley", sino que llegaron a ser "ocultadas a los diputados, y a toda la ciudadanía" hasta este lunes.

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