El Gobierno prorroga las moratorias en alquileres y la prohibición de los desahucios

Como siempre, a última hora y tras mucho negociar entre los socios que conforman el Gobierno de coalición, este martes el Consejo de Ministros aprobará la prórroga de, al menos, parte de los puntos del llamado "escudo social" aprobado de urgencia al inicio del confinamiento por la pandemia del coronavirus. Según ha podido confirmar este periódico de fuentes del Gobierno, la prolongación de estas medidas llegará hasta el 31 de enero. 

El plazo es el mismo que se le dio al plan MeCuida el pasado martes, tras el acuerdo con los agentes sociales, a pesar de que Unidas Podemos estuvo forzando con una propuesta que incluía un horizonte más prolongado. Tal como pudo saber EL ESPAÑOL el equipo negociador de los morados pretendía extender las moratorias a todo el año 2021, con la posibilidad abierta de revisarlas en caso de mejorar la situación económica general. 

Las medidas que puede confirmar este diario que se aprobarán en la reunión del gabinete son esencialmente "la prohibición de desahucios y las subidas abusivas en el alquiler de vivienda", explican las citadas fuentes. La realidad es que es sólo un aspecto de los muchos que conformaban el real decreto 8/2020, que presentaron Pablo Iglesias, vicepresidente de Derechos Sociales, y Nadia Calviño, vicepresidenta económica el pasado 31 de marzo.

Sólo alquiler... por ahora

Tal como ha sabido este diario, la negociación entre los representantes del PSOE y los de Unidas Podemos sigue abierta. Y es que sigue sin haber acuerdo para la prórroga de las medidas sobre hipotecas, los impagos en los suministros de agua, luz, gas, telecomunicaciones...

Es decir, que la división entre las dos almas del Ejecutivo se mantiene. Los dos puntos que estuvieron incluidos en el real decreto, y que ya fueron prorrogados en julio, que se ampliarán ahora por cuatro meses, justo un día antes de que caducaran son los siguientes:

Se prorrogará la prohibición de los desahucios, "en las mismas condiciones en las que venía recogido en el primer real decreto". Además, se acordará la prórroga de los contratos de alquiler "para evitar subidas abusivas". 

Asimismo, y siempre según estas fuentes del Gobierno, se ampliará la vigencia de las medidas "sobre grandes tenedores respecto al alquiler". Es decir, que los inquilinos en situación de vulnerabilidad podrán solicitar la moratoria o el aplazamiento del pago de la renta de sus contratos. Según estas fuentes, los grandes arrendadores "tendrán que decidir entre una quita del 50% del alquiler o una reestructuración de la deuda en, al menos, tres años".

Lo que queda pendiente

El Consejo de Ministros aprobó el 7 de julio la prolongación de las medidas lanzadas en marzo. Pero queda por saber si se amplía el plazo para otras de las medidas estrella que lanzó el Gobierno entonces. Por ejemplo, la moratoria sobre créditos hipotecarios y al consumo, que tenía una duración de tres meses.

Tampoco se ha cerrado el tira y afloja en lo tocante a la prohibición de suspender el suministro de agua, energía eléctrica y gas en ningún domicilio que tenga la consideración de primera vivienda, según informa el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Esta medida, presentada como una propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, formaba parte del paquete de ayudas que pretendía garantizar el acceso a los suministros básicos de los consumidores vulnerables.

El Gobierno consideró imprescindible que no se realizaran cortes de estos "servicios básicos" incluso aunque conste dicha posibilidad en los contratos de suministro o acceso suscritos por los consumidores. Una prohibición de cortes de agua, electricidad y gas natural, gases manufacturados y gases licuados de petróleo por canalización que estaba dirigida exclusivamente a particulares en su vivienda habitual.

Tampoco se sabe nada del bono social eléctrico, un descuento directo en la factura dirigido a los consumidores vulnerables con una vigencia de dos años. A su término, es necesario volver a tramitar la prestación que se concede siempre que se cumplan los requisitos. Con motivo de la declaración del estado de alarma, y para evitar que los beneficiarios que necesitasen renovarlo dejasen de percibir los descuentos y beneficios previstos, el primer decreto prorrogó de forma automática todos los bonos que expiraban hasta el 15 de septiembre de 2020.

Finalmente, se mantiene sobre la mesa otro de los suministros básicos cuya protección ya fue modificada en el real decreto 19/2020, preparando la llamada "nueva normalidad". Durante los primeros meses del confinamiento, el Ejecutivo suspendió la portabilidad de líneas entre las compañías de telecomunicaciones.

La medida protegía esencialmente a las empresas, en un contexto que podía provocar un colapso administrativo imposible de atender por la mucha demanda en busca de ahorros y la poca oferta de servicio -por el teletrabajo de los operadores-, pero fue eliminada a finales de mayo a cambio de medidas para garantizar a los abonados facilidades para "satisfacer las facturas" que no hubieran podido pagar durante el estado de alarma "a través de técnicas de flexibilización como las de fraccionamiento y aplazamiento de deudas".