El PNV carga contra la Comisión Europea por pedir que se investigue la catástrofe de Zaldibar

A las puertas de una más que probable llamada a las urnas en el País Vasco para el día 12 o 19 de julio, el Gobierno vasco ha cargado contra la Comisión Europea (CE) a raíz de su decisión de investigar un posible incumplimiento de la normativa medioambiental en el vertedero de Zaldibar, donde permanecen sepultados desde hace tres meses los cadáveres de los trabajadores Alberto Sololuze y Joaquín Beltrán.

La CE ha decidido tomar cartas en el asunto tras una denuncia del PP y de la eurodiputada de Ciudadanos Soraya Rodríguez, que el pasado 19 de febrero preguntó a las autoridades europeas sobre el incumplimiento medioambiental en el vertedero de Zaldibar. 

La petición de Rodriguez y del PP fue contestada este miércoles 13 de mayo por la CE con el compromiso de investigar las "graves deficiencias" que condujeron al derrumbe del vertedero. De acuerdo a Virginijus Sinkevičius, el comisario de Medio Ambiente de la CE, el Gobierno vasco y los jueces deberían "haber detectado, vigilado y, en última instancia, sancionado" dichas deficiencias. 

La decisión de la CE cayó como una bomba en el PNV y el PSE, que a la cercanía de las elecciones, a las críticas por la gestión de la epidemia de Covid-19 y al descrédito por su incapacidad para encontrar los cuerpos de los dos trabajadores sepultados en el vertedero han de sumar ahora el problema que supone la internacionalización de la catástrofe de Zaldibar.

La respuesta del Gobierno autonómico vasco ha sido de reproche a Bruselas. Según una información del diario El Correo, los responsables del Departamento de Medio Ambiente regional se han lamentado por el hecho de que la CE "no se haya informado directamente sobre el control administrativo realizado sobre el vertedero de Zaldibar antes de expresar conclusiones sin una base fundamentada".

Según el Departamento de Medio Ambiente, liderado por el socialista Iñaki Arriola, el Gobierno vasco habría abierto dos expedientes a la empresa responsable del vertedero de Zaldibar. También habría contratado un informe pericial para aclarar las causas de la catástrofe, además de una auditoría externa cuyo objetivo sería investigar los permisos concedidos a los responsables del vertedero.

El PNV y el PSE siguen sin aceptar la ayuda de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en las labores de búsqueda de los dos obreros sepultados. El lehendakari afirmó un mes después del derrumbe que si no se hablaba más de este desde el Gobierno era porque "se actúa con especial discreción por respeto a los familiares". 

Abandono 

Las explicaciones del Gobierno vasco no han convencido a la oposición constitucionalista. Carlos Iturgaiz, candidato a lehendakari por el PP, ha acusado al PNV de tratar de dificultar la investigación de las causas del derrumbe. Iturgaiz también ha hablado de "ley del silencio" en torno al accidente. 

"El silencio atronador del Gobierno vasco es un insulto y un abandono intolerable a las familias de las víctimas" han añadido por su parte los eurodiputados del PP Dolors Montserrat y Javier Zarzalejos, también denunciantes del caso frente a la CE.

Tampoco han gustado las explicaciones en Ciudadanos, donde la eurodiputada Soraya Rodríguez se ha lamentado por el hecho de que hayan transcurrido casi cien días sin que el Gobierno vasco haya sido capaz de encontrar los dos cadáveres sepultados.

El portavoz de Ciudadanos en el País Vasco, Luis Gordillo, ha añadido luego que "las familias de Alberto Sololuze y Joaquín Beltrán merecen respuestas y ayuda, cuando el Gobierno vasco solo les está ofreciendo silencio".

Un caso "grave"

Según la CE, los encargados de comprobar el cumplimiento de la normativa medioambiental en circunstancias de normalidad son siempre las autoridades nacionales o locales. Sin embargo, y "dada la gravedad del caso", la CE habría decidido intervenir en el asunto.

De acuerdo a la respuesta de la UE, la documentación aportada por Ciudadanos y el PP "deja entrever importantes deficiencias en el funcionamiento del vertedero". Según las autoridades europeas, "pueden haberse producido daños importantes al suelo y quizá otros recursos naturales". 

El Gobierno vasco también podría haber incumplido la normativa sobre el acceso público a la información. Esta obliga a las autoridades públicas a informar de forma inmediata de todos los datos necesarios "que permitan al público que pueda resultar afectado la adopción de medidas para prevenir o limitar los daños provocados por la amenaza".