María Jesús Montero, ministra de Hacienda.

María Jesús Montero, ministra de Hacienda. Moncloa

Política CAMINO AL 10-N

El PP, decidido a llevar a los tribunales a la ministra de Hacienda por su "extorsión" a las CCAA

Tras confirmar el 10-N, el Gobierno dice ahora que sí puede pagar a las autonomías. Unidas Podemos cree que "abusan de las instituciones sin escrúpulos".

El Partido Popular no va a dejar pasar este "escándalo". Después de meses en que el Ministerio de Hacienda se negaba a librar las entregas a cuenta para las Comunidades Autónomas "sólo un día después de que quede claro que vamos a elecciones, de repente sí se puede pagar". Ese dinero, entre 4.700 y 5.000 millones de euros, es imprescindible para elaborar los Presupuestos regionales de 2020 y para que los Ejecutivos autonómicos puedan financiar servicios esenciales como la Sanidad, la Educación, la Dependencia...

Fuentes de la dirección del PP han confirmado a este periódico que el partido "va a exigir todo tipo de responsabilidades, incluso judiciales" a Pedro Sánchez en general y a la ministra María Jesús Montero en particular por "extorsionar" a las CCAA. "Ésta no es una actuación propia de un Estado democrático de Derecho", explica Mario Garcés, portavoz económico de los populares en el Congreso, "han puesto contra las cuerdas a las instituciones".

Y además, para los de Pablo Casado, "lo han hecho mintiendo". Según las fuentes de la dirección del PP consultadas, "lo sorprendente es que estaban esgrimiendo un supuesto informe de la Abogacía del Estado, que hemos pedido y no nos han entregado". Señalan los populares que Hacienda ha utilizado los servicios jurídicos del estado "a la conveniencia de los intereses espurios del Partido Socialista" y, "justo ahora que sabemos que nos vamos a elecciones, de repente todo cambia".

"El resquicio legal"

Lo evidente es que el anuncio, vía filtración al diario El País, de que en los próximos 10 días Hacienda comenzará a pagar 4.500 millones a las Comunidades Autónomas porque ha "encontrado el resquicio legal" que buscaba para poder hacerlo ha revolucionado el fin de semana final de la legislatura fallida. Es decir, el inicio de la precampaña electoral del 10-N. Todos los presidentes autonómicos del PP han reaccionado celebrando la llegada de los fondos pero criticando que "Pedro Sánchez está haciendo su campaña con el dinero público", como decía Casado en Logroño.

Mario Garcés, portavoz adjunto para asuntos económicos del PP en el Congreso.

Mario Garcés, portavoz adjunto para asuntos económicos del PP en el Congreso. PP

El "resquicio" que arguye el Ejecutivo es, supuestamente, que ahora se sabe que no habrá nuevo Gobierno este año, pues tras las elecciones del 10-N se tardarán al menos dos meses en constituirse las Cortes y en celebrar una sesión de investidura. Y que eso le abre la puerta a "interpretar" a conveniencia el informe de la Abogacía del Estado, ése que el PP ha reclamado a través del Congreso y el Gobierno no ha entregado. Así, alega el Gobierno, ya no estaría "condicionando" las políticas de un nuevo Ejecutivo... al menos en este ejercicio.

Pero además de iniciar la ofensiva política por la vía de las declaraciones, los populares prevén "analizar todas las vías para exigir responsabilidades", desde pedir comparecencias urgentes ante la Diputación permanente del Congreso hasta llevar a la ministra a los tribunales. "Montero ha mentido de manera sistemática y ha utilizado a la Abogacía del Estado a su discreción", explican las citadas fuentes del PP. "¿Cómo puede ser que hasta hace una semana los fondos no se podían librar, y ahora resulta que no hay ningún impedimento jurídico?".

"Nunca vimos tanta frivolidad"

De hecho, las CCAA ya estaban preparando emisiones de deuda para poder disponer de los fondos. Eso las que tienen acceso a los mercados, como la Comunidad de Madrid, Andalucía, Castilla y León, Galicia, Baleares o Asturias. Mientras, en el resto de las regiones, incluidas Cataluña y la Comunidad Valenciana, la exigencia era que sí o sí se hiciera cargo el Tesoro Público, al no tener aún acceso a los mercados financieros y depender de los mecanismos habilitados por el Estado para financiarse.

Tanto el Gobierno de Quim Torra, como el de Ximo Puig, ya anunciaron subidas de impuestos y recortes respectivamente. Lo hicieron amparándose, entre otros, en esos retrasos de Hacienda, eso sí, sin aclarar si una vez librad o el dinero darán marcha atrás en esas decisiones presupuestarias.

Yolanda Díaz, portavoz de Galicia en Común, dentro del Grupo Confederal de Unidas Podemos.

Yolanda Díaz, portavoz de Galicia en Común, dentro del Grupo Confederal de Unidas Podemos. ADP

"Es que nunca hemos visto tanta frivolidad", explican, "muy preocupadas", fuentes de Unidas Podemos cercanas a la negociación con el Gobierno. "¿Es que no les importa su país o qué? Se faltó a la verdad, porque se podía pagar, se usó para presionar en aras a la investidura y se privó a las CCAA de un derecho objetivo... ¡imperativo por ley!".

El PP acusa al Gobierno de "una doble mentira", la de la ministra Montero "diciendo que no se podía pagar". Y lo dice amparándose en un informe jurídico -al que tuvo acceso EL ESPAÑOL- elaborado para la Xunta de Galicia. Este documento detallaba cómo "no existen argumentos de peso en el plano jurídico para justificar este impedimento, habida cuenta que la actualización es un procedimiento de ajuste de recursos objetivo, no discrecional y legalmente establecido con anterioridad”.

"Única opción constitucional"

Detalles de la primera y última páginas del Informe de la Xunta.

Detalles de la primera y última páginas del Informe de la Xunta. E.E.

El texto, elaborado por el director general de la Asesoría Jurídica General, Manuel Pillado, y firmado por la letrada de la Xunta, Carmen Mª Balgueiro, no sólo abría "un margen legal" a que Galicia -y el resto de CCAA- recibieran las cantidades actualizadas, sino que, de hecho, concluía que ésta es la "única opción constitucional". Cómo sería el grado de coincidencia entre PP y Unidas Podemos en su evaluación de que el Gobierno estaba "faltando a la verdad", que la propia Yolanda Díaz, diputada de los de Pablo Iglesias, esgrimió el informe de la Xunta asumiendo la argumentación como propia.

Tal como abundan las fuentes de la dirección del PP, de hecho, la actualización es "un procedimiento de ajuste de recursos objetivo, no discrecional y legalmente establecido con anterioridad”. Es decir, que lejos de constituir una nueva orientación política -como argumentaba la ministra Montero-, la falta de libramiento de estos fondos de financiación a las distintas regiones “constituirá una anomalía inaceptable del sistema que sí perturbaría el despacho ordinario de asuntos de las autonomías”.

La segunda mentira, añaden las fuentes consultadas en la formación de Pablo Casado, es la existencia o no de "ese informe del abogado del Estado que ahora no sirve para lo que sí servía hace dos días".

"No se puede utilizar algo que es absolutamente esencial, y es constitutivo del Estado Autonómico, como es la financiación: retener los fondos al servicio de los vaivenes políticos", afirma Mario Garcés. "No se puede decir ahora sí, ahora no, ahora tengo un informe, ahora no lo tengo... esto es muy serio".

Desde Unidas Podemos el discurso es casi idéntico: "No cabe duda de que no dijeron la verdad a la ciudadanía, lo que es muy grave en democracia", explican. "Pero es que además pusieron las instituciones al servicio de los intereses del PSOE, y lo hicieron sin escrúpulos... ¡muchas autonomías han tenido que llevar adelante un plan de ajuste!".