El colegio público Joan Veny i Clar, en Campos, lleva más de diez años en barracones.

El colegio público Joan Veny i Clar, en Campos, lleva más de diez años en barracones.

Política EDUCACIÓN

Cs denuncia el "retroceso" de Armengol que obligará a 2.500 alumnos a estudiar en barracones

Desde el Gobierno de Baleares aseguran que reducirán a la mitad el número de aulas modulares para 2023.

Este miércoles comienza el curso escolar en las Islas Baleares y cerca de 2.500 alumnos iniciarán sus clases dentro de unos barracones. Muchos de ellos llevan años viviendo en una situación así. Es un problema estructural, pero también uno de los caballos de batalla de las formaciones políticas de la Comunidad. El Gobierno defiende que están haciendo un "esfuerzo muy grande" invirtiendo en Educación, mientras que la oposición de Ciudadanos denuncia un "retroceso" en la política de Francina Armengol (PSOE).

Cuando la socialista llegó a la presidencia autonómica en 2015 se encontró con 93 "aulas modulares" heredadas de la anterior legislatura del PP. Para obtener el voto positivo de Podemos en la investidura, Armengol les prometió que eliminaría los barracones. No obstante, a finales del curso 2018-2019, al final su primera legislatura, no solo no se redujo el número de barracones sino que se aumentó hasta los 95, repartidos en 40 centros.

El Director General de Planificación, Ordenación y Centros del Gobierno de Baleares, Antonio Morante, achaca ese aumento a un "déficit histórico de inversión" en la Educación de la autonomía. Según explica Morante a EL ESPAÑOL, otro de los factores que explican ese incremento es el aumento demográfico de la población escolar de las islas. A pesar de que la natalidad haya disminuido, cada curso han ido llegando más de 2.000 nuevos alumnos sobre un global de 170.000. "Eso ha supuesto una gran presión sobre las infraestructuras educativas y el profesorado", afirma.

Desde septiembre de 2015, el Gobierno balear ha invertido cerca de 70 millones de euros en un plan de infraestructuras con distintas medidas para mejorar los centros públicos de la comunidad autónoma. En este plan también se contemplaban la ampliación y creación de nuevos centros. Ahora mismo hay 64 obras en marcha por valor de 22 millones.

Con esa inversión, la variación en el número de barracones ha sido la siguiente: en septiembre de 2016, aumentaron hasta 107; en 2017, 123; en 2018, 116; y en 2019, 95. "Nuestro objetivo para esta legislatura es reducirlos a la mitad", asegura Morante. "Vemos imposible la eliminación total mientras siga creciendo el número de alumnos en una proporción tan elevada". Según el director general, en esta legislatura esperan que la inversión ronde los 80 millones de euros.

Críticas desde Cs

La diputada y portavoz adjunta de Ciudadanos en el Parlamento balear, Patricia Guasp, considera que este gasto es "insuficiente" si se tiene en cuanto que el Gobierno regional maneja un presupuesto para 2019 de 5.457 millones de euros.

Guasp dice sentirse "sorprendida" por las intenciones de reducir el número de barracones a la mitad "puesto que este mismo fue el compromiso que adquirió Armengol en 2015". Para la portavoz adjunta de Cs, el aumento de "aulas modulares" es uno de los ejemplos más claros del "pacto de retroceso" de la presidenta socialista.

La diputada ya presentó una pregunta al Parlament el 17 de julio en la que solicitaba al consejero de Educación, Martí March, su planificación para eliminar los barracones y "va a comenzar el curso y aún no tenemos respuesta".

Su partido ha denunciado también que "los barracones no son sino módulos de obra que no garantizan ni la seguridad, ni la habitabilidad, ni la climatización necesarias para nuestros niños, jóvenes y docentes".

Un derecho fundamental

La FAPA, Federación de Padres y Madres de Alumnos, de Mallorca se ha sumado a las críticas. Desde este colectivo aseguran que los motivos por los que siguen existiendo barracones en las islas son "la dejadez, la  falta de voluntad política y la deficiente financiación de la comunidad".

Algunos profesores también se han mostrado en contra de las "aulas modulares". El mayo pasado, por ejemplo, el personal docente del colegio público Voramar Can Picafort firmó un comunicado en que exigían "diligencia y voluntad resolutiva" para que se inicie la construcción de la escuela. En ese escrito se recuerda que la primera aula prefabricada del centro se instaló en 2006 y que, aunque los terrenos están disponibles desde 2013, "el inicio de las obras se retrasa sistemáticamente". 

"Queremos que los alumnos no tengan que estudiar en barracones de plástico, que tengan biblioteca, laboratorio, aula de inglés, un baño en condiciones, que puedan salir al patio y hacer educación física en un espacio cubierto cuando llueve", decían. "La escuela no es un capricho, es un derecho fundamental y una urgencia".