Casado propone que Policía y Guardia Civil controlen a los Mossos

El presidente del PP, Pablo Casado, ha defendido un reforzamiento "claro" del Estado en todas las parcelas de la vida pública e institucional que incluya también la "prevalencia" de la Policía Nacional y de la Guardia Civil sobre el resto de cuerpos policiales autonómicos y locales, ya que "el monopolio de la fuerza corresponde al Estado".

En un desayuno informativo de Europa Press, Casado ha presentado una propuesta para reforzar el Estado porque a su juicio requiere "un apuntalamiento" en distintos ámbitos, desde sus competencias hasta la capacidad de Policía Nacional y Guardia Civil. "Aquí nadie habla de acabar con el Estado autonómico, aquí lo que hay es lealtad al texto constitucional", ha apuntado el líder 'popular', para quien no es necesario reformar la Carta Magna sino respetarla en toda su extensión.

Según ha planteado se tratará de un "plan de choque" que incluiría medidas institucionales pero también sociales y económicas y que el líder del PP promete aprobar en los primeros cien días de gobierno si llega a La Moncloa tras las próximas elecciones generales del 28 de abril.

"Si me presento para presidente de este país es para achicharrarme en los primeros cien días y hacer todo lo que haya que hacer de inmediato", ha subrayado en su intervención.

Una de esas propuestas supone dar "prevalencia" a la Policía Nacional y Guardia Civil sobre el resto de cuerpos policiales no sólo en la defensa nacional o de fronteras, sino también en seguridad ciudadana ya que es el Estado por definición, ha dicho, el que tiene "el monopolio de la fuerza".

Casado ha asegurado que se trata de evitar escenas como las del referéndum de independencia del 1 de octubre de 2017 en Cataluña, y de no "tolerar" que haya cuerpos policiales que puedan recibir "órdenes ilegales", en clara referencia a los Mossos d'Esquadra.

También ha advertido contra la posibilidad de que el traspaso de las competencias de tráfico a Navarra suponga el repliegue de la Guardia Civil de esa comunidad. "Queremos reforzar su papel -ha dicho al respecto-- en coordinación con los excelentes cuerpos autonómicos y locales".

"No se puede transferir más"

Pablo Casado ha subrayado también que el reforzamieno de la nación exige dejar claro que las competencias que tienen las autonomías "emanan" del Estado, que les cede su gestión. Ha apostado en este punto por una "moratoria" en el traspaso de más competencias hasta que el Estado evalúe cómo están siendo gestionadas.

"Hay autonomías que ejercen muy bien su responsabilidad, otras que la están malogrando y luego está Cataluña, que está en la más absoluta ilegalidad con la complicidad del Gobierno de España", ha explicado.

Para esa evaluación, ha asegurado que son necesarios más inspectores en Educación, esa superioridad jerárquica de los cuerpos policiales del Estado así como un análisis de la eficiencia de servicios como sanidad, bienestar social o dependencia.

La moratoria que plantea Casado, en concreto, afectaría de lleno a las 33 materias que el Gobierno negocia traspasar al País Vasco en los próximos meses. El líder del PP ha dejado claro que desde su punto de vista "ya no se puede dar más poder" a las autonomías ni aprobar más transferencias, aunque tampoco ha defendido que ninguna materia vuelva a manos del Estado.

Según ha dicho, se trata de asegurar el cumplimiento de la ley para que los ciudadanos tengan los mismos servicios al margen de donde vivan, que se gestione con eficacia y que se legisle para asegurar mínimos comunes. Por ejemplo, con una normativa que "blinde" la igualdad educativa en todo el país, con una evaluación pública de conocimientos y con un MIR nacional para los profesores, entre otras medidas.

Un espacio público neutral

Casado también ha incluido en este paquete de medidas para reforzar el Estado una ley que defienda los símbolos nacionales y otra que establezca la prevalencia del castellano en asuntos como las oposiciones, la educación o la señalización en las calles.

Este bloque se completaría con medidas sobre los partidos políticos y los espacios públicos, para instar la ilegalización de las organizaciones que no condenen la violencia que se está produciendo en Cataluña o que incluso o la alienten y también ha planteado una reforma de la Ley de Financiación de Partidos para que no reciban fondos públicos partidos cuyos líderes están implicados en causas de sedición o rebelión.

Y ha apostado por que la convocatoria de un referéndum ilegal sea delito, o que los funcionarios no atiendan al público por ejemplo con el lazo amarillo en la solapa.