España y Reino Unido estudian un uso compartido del aeropuerto de Gibraltar

El Gobierno y el Reino Unido estudian compartir el uso del aeropuerto de Gibraltar llevando una de sus terminales a suelo español. Es una de las soluciones que se baraja para la futura gestión del aeropuerto, que forma parte de la lista de pequeños y grandes conflictos que enturbia la relación del Peñón con España.

Madrid y Londres han iniciado los contactos bilaterales para encontrar una salida al contencioso de Gibraltar en el marco de las negociaciones del Brexit. La primera reunión tuvo lugar la semana pasada en Madrid. La predisposición de las dos partes a alcanzar un acuerdo es inmejorable, según fuentes conocedoras del encuentro. A la reunión asistieron técnicos de los gobiernos español y británico. No hay representantes de las autoridades de Gibraltar en la mesa de negociación. 

El futuro de Gibraltar es parte del acuerdo del Brexit. España tiene derecho a veto sobre cualquier decisión que afecte a la relación del Peñón con la Unión Europea. La oferta del Gobierno español es conocida: cosoberanía, régimen fiscal propio compatible con la UE y desmantelamiento de la verja. Las autoridades de Gibraltar lo rechazan.

El istmo no estaba en Utrecht

Pero antes de llegar al futuro estatus de Gibraltar, España y el Reino Unido se han propuesto resolver pequeños conflictos. El objetivo es allanar el camino a una solución global y definitiva. Uno de los primeros escollos es el aeropuerto de Gibraltar, construido sobre el istmo que une la colonia con la Península. España no reconoce el istmo como territorio británico por no estar incluido en el Tratado de Utrecht, pero el aeropuerto, sus instalaciones y la pista, que cruza perpendicularmente la única carretera entre el Peñón y La Línea de la Concepción, están de facto bajo el control de Gibraltar.

La posibilidad de ampliar la terminal a suelo español o incluso construir una nueva sería a priori una salida airosa para las dos partes. El aeropuerto seguiría operando y España tendría parte del control sobre el mismo sin tener que reconocer el istmo como suelo británico. En 1987, las autoridades de España y Gran Bretaña suscribieron un pacto muy similar, que preveía precisamente la construcción de una segunda terminal en territorio español. El acuerdo nunca se hizo efectivo por el bloqueo de las autoridades gibraltareñas.

Los aviones con destino a Gibraltar tuvieron prohibido durante años atravesar el espacio aéreo español. En 2006, como parte de los acuerdos de Córdoba, Madrid levantó estas restricciones y autorizó a Gibraltar la construcción de una terminal que permitía al aeropuerto entrar en el espacio Schengen. Un vuelo de Iberia procedente de Madrid aterrizó en Gibraltar a finales del 2006.

A pesar del pacto y de aquel vuelo simbólico, el aeropuerto ha sido fuente inagotable de conflictos entre las dos partes. La gestión compartida puede ser una solución de consenso. Hace ahora un año, el ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, reveló parte de los objetivos de España con el aeropuerto en una respuesta parlamentaria.

440.000 pasajeros

Dastis dijo que el Ejecutivo garantizaría, en el caso de firmar la cosoberanía, la "plena integración del aeropuerto de Gibraltar en el sistema aeroportuario español" que "se podría utilizar conjuntamente en un marco muy beneficioso para toda la región". Según los cálculos del Ministerio, los actuales 440.000 pasajeros que usan el aeropuerto de la colonia "podrían incrementarse fácilmente" con lo que "significa a efectos de turismo, y el impulso económico y social que éste siempre entraña para toda la región".

"En 1987, el acuerdo que se firmó fue quizá beneficioso para España. El de 2006 lo fue para Gibraltar. Lo que tenemos que encontrar ahora es una solución que satisfaga a las dos partes", explican fuentes conocedoras de la negociación.

El aeropuerto no es el único contencioso que se va a abordar en este proceso. La fiscalidad del Peñón y los conflictos medioambientales formarán parte del diálogo, según explican estas mismas fuentes. Madrid, que tiene derecho a veto sobre cualquier acuerdo en el marco del Brexit, mantiene su oferta de cosoberanía.

La negociación se prevé larga. El Gobierno confía en alcanzar un acuerdo que podría ponerse en marcha, al igual que el resto del Brexit, cuando pase el período de transición. Esa fecha límite sería marzo del 2020.