El drama de los funcionarios catalanes: entre la coacción y el miedo a perder el sueldo

Tiene 35 años, es profesora en un colegio de primaria de Barcelona y se esconde para hablar conmigo cuando la llamo por teléfono a la hora acordada. “Lo hago porque el ambiente por aquí es muy tenso, muy incómodo. Los que más miedo tenemos somos los no independentistas, que hemos dejado de intervenir en las conversaciones referentes al proceso independentista para no crear enfrentamientos”. Me pide que no dé su nombre y que la cite en el artículo con una descripción muy genérica que no permita identificarla.

“El 155 es una medida muy dura y muy difícil, pero también necesaria”, añade. Cuando le pregunto si se está organizando algún tipo de protesta en su colegio, responde no tener constancia de ello. “Aquí, de momento, no. Supongo que dependerá mucho del colegio. En el mío, la proporción entre independentistas y no independentistas es aproximadamente del 50-50% y dudo que ocurra nada llamativo. Pero quizá en colegios de localidades más pequeñas o con una tradición más independentista sí que se lleven a cabo actos de desobediencia. Sé de colegios en los que mis compañeros se han visto muy sometidos. También conozco gente que se ha visto obligada a hacer huelga, a pesar de no ser independentista y de no estar de acuerdo con ella, para no significarse”.

La última frase de mi interlocutora es significativa porque ejemplifica la subversión de la lógica habitual en democracia. En Cataluña, los que se significan no son los funcionarios que hacen huelga, sino los que se niegan a hacerla. Dicho de otra manera. La normalidad es la huelga y la anormalidad, dar clase. “Ha habido puntos de inflexión, como el de la huelga del pasado 3 de octubre en protesta por la actuación policial del día del referéndum. Ese día fue muy incómodo porque los profesores tuvimos que sentarnos cara a cara y dejar clara nuestra posición. Los no independentistas podíamos estar o no de acuerdo con la actuación policial, pero no queríamos hacer una huelga manipulada que había sido convocada antes incluso de que se produjeran las cargas. Y tuvimos que retratarnos”.

Preparados para la batalla

El término de moda en Cataluña es desobediencia civil. Descartado el apoyo internacional y fracasada por sobreactuada la campaña propagandística que presentaba a los catalanes como víctimas de una España totalitaria heredera del franquismo, la estrategia del Gobierno catalán para las próximas semanas pasa en primer lugar por la movilización callejera y, en segundo lugar, por la desobediencia de los funcionarios de la administración catalana. Si alguna de esas dos columnas cede, el independentismo apenas será capaz de resistir durante unos pocos días. Y el Gobierno catalán lo sabe. La CUP puede llamar a la desobediencia civil tantas veces como quiera, pero para derrotar al Gobierno central se necesita a las capas medias de la población, esas que pueden moverse al dictado de ERC, el PDeCAT, Òmnium o la ANC, pero no de los antisistema.

De la primera estrategia se ocupan las asociaciones civiles. Òmnium y la ANC, por supuesto, pero también los colegios profesionales y todo tipo de colectivos, como la Assemblea Pagesa, las asociaciones de estudiantes o las de empresarios como la CECOT, afín al PDeCAT y que agrupa a pequeños y medianos empresarios catalanes. Para asegurarse la segunda, el Gobierno catalán a través de su Departamento de Economía ordenó ayer a los bancos abonar las nóminas de octubre de los trabajadores públicos. Los pagos se harán hoy con fondos de la propia Generalitat, unos 390 millones de euros para un total de aproximadamente 167.000 funcionarios de la administración catalana. Y eso porque el Gobierno catalán no puede permitirse el lujo, a apenas unas horas de la declaración de independencia, de que la duda haga acto de presencia en la cabeza de sus trabajadores. Esos que van a tener que resistir las órdenes de los gestores designados por Rajoy arriesgando sus puestos de trabajo. El pago de nóminas, en definitiva, es la última comida de las tropas romanas antes de la batalla contra los bárbaros queruscos en el bosque de Teutoburgo.

Ni un solo minuto de desatención médica

Me pongo en contacto con Médicos de Cataluña. El sindicato hizo público ayer un comunicado conjunto con el Colegio de Médicos de Cataluña, el CCMM, mostrando su “rechazo absoluto” a la decisión del Gobierno español de aplicar el artículo 155 de la Constitución española. “Esta decisión es un menosprecio a nuestras instituciones y pone en riesgo la convivencia democrática y pacífica en Cataluña” decía el comunicado. Me pasan con el doctor Josep Maria Puig, secretario general del sindicato.

“Nuestra postura oficial es que la aplicación del artículo 155 genera rechazo entre los ciudadanos. Es un ataque a las libertades fundamentales de los catalanes y a unas instituciones cuyos representantes han sido escogidos democráticamente”. Le pregunto si su sindicato prevé problemas entre los profesionales de la salud. “Los médicos tienen unos deberes muy definidos respecto a sus pacientes y esos deberes no van a ser en ningún caso obviados. Y eso es independiente del político que dé las ordenes. Además, es de suponer que el 155 se aplicaría sólo durante un corto periodo de tiempo. Nadie va a hacer grandes cambios en el sistema sanitario catalán. En el día a día, en definitiva, no habrá ninguna repercusión para los pacientes”.

El nombre de Dolors Montserrat, actual ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, ha aparecido en todas las quinielas como posible virreina catalana durante el periodo de aplicación del 155. Sean o no ciertos los rumores, parece obvio que la ministra será clave si el sistema sanitario catalán se ve afectado por la intervención del Gobierno. “Dolors Montserrat no ha sido escogida para este papel, pero es obvio que conoce el mundo sanitario y en ese sentido nadie espera que haga cambios de 180 grados. No prevemos cambios radicales. Pero, en cualquier caso, que sea Dolors Montserrat o cualquier otra persona la escogida no es relevante. El problema no es de nombres concretos sino de rechazo a una manera determinada de manejar la convivencia”.

El fin de la ambigüedad

El siguiente en cogerme el teléfono es Joan Escanilla, responsable de la delegación catalana de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F). Su presidente nacional, Miguel Borra, cargó hace unas horas contra Raül Romeva durante una entrevista en Las Mañanas de RNE por su “irresponsabilidad al llamar a una desobediencia civil de los empleados públicos”. Y añadió: “El estatuto básico del empleado público y el de autonomía de Cataluña establecen que nos debemos a la Constitución”. Pero lo que yo busco es la opinión de la rama catalana del sindicato.

“Los funcionarios nos debemos a los ciudadanos. Quién dé las órdenes no afecta a nuestro trabajo. Y en caso de aplicación del 155, menos aún. Nos debemos al ordenamiento jurídico y al ciudadano” me dice Escanilla. Esa es la posición oficial del sindicato, efectivamente. Pero… ¿cómo andan las emociones entre sus afiliados?: “Hay mucho nerviosismo. Y también expectación, porque nadie sabe cómo se va a aplicar el 155 en la práctica. Pero lo que es cierto es que ahora vamos a tener seguridad jurídica. Porque hasta ahora vivíamos en la ambigüedad. En 2015 ya tuvimos que sacar un protocolo jurídico recomendando a los funcionarios que cualquier orden dudosa fuera solicitada por escrito”.

Le pregunto a Escanilla si ve posible una paralización total o parcial de la administración pública. “Lo veo imposible. Los funcionarios estuvimos a las órdenes de CiU en su momento. Luego del tripartito. Luego de CiU de nuevo. Y ahora de Junts pel Sí. Los funcionarios vamos a trabajar igual. Quizá haya algunos que dejen de trabajar, pero la mayoría seguirá en sus puestos”. Y si hay despidos, ¿qué? “Habrá que verlo caso por caso. El régimen disciplinario está muy claro. Las faltas muy graves pueden acarrear la pérdida del puesto de trabajo y la baja como funcionario. Pero es obvio que no es lo mismo una acumulación de faltas por llegar tarde al trabajo reiteradamente que una desobediencia pura y dura”.

Funcionarios contra interinos

Me pasan el teléfono de una funcionaria del Departamento de Trabajo y Asuntos Sociales de la Generalidad. Me pide que no dé su nombre ni su puesto de trabajo concreto, aunque sí me permite que diga que está a punto de jubilarse. Suerte para ella: se va a librar de muchos de los dilemas que van a tener que afrontar sus compañeros durante las próximas semanas. Mi interlocutora me repite exactamente lo mismo que me ha dicho la primera entrevistada. “No puedes hablar de estos temas en el trabajo porque siempre salta el independentista que no quiere ceder en nada. ¿La solución? No hablar de política. ¿Que tu jefa te dice que ella no se siente española? Pues no dices nada. Aunque a veces sale uno que le responde que él sí se siente español y catalán. Pero hay malestar y se habla lo menos posible, efectivamente”.

Le pregunto por la posible paralización de servicios básicos. “Eso es difícil que ocurra. La Ley de Dependencia, por ejemplo, es una norma estatal. ¿Qué vas a hacer con una residencia de ancianos? La gestión del día a día no puedes pararla. Estás tratando con personas, no puedes abandonarlas. Los problemas vendrán en todo caso cuando se planteen delegaciones de firmas. Algunos dicen que no van a dejar entrar a los nuevos gestores en los despachos. Bueno, eso ya se verá”.

Me intereso por la huelga del día 3 de octubre. Todos los funcionarios con los que he contactado me hablan de ese día como aquel en el que se superaron todos los límites de la manipulación. Y noto que he pinchado en la llaga. “La de recursos humanos llegó y dijo que el día 3 habría huelga y que era nuestra elección secundarla o no. Pero acto seguido dijo que no viniéramos porque la puerta estaría cerrada. Esto lo dijo de viva voz, claro, para que no quedara ninguna prueba por escrito. También nos dijo que no nos pasaría nada. Pero los que quisieron ir a trabajar no pudieron hacerlo. Y luego, días después, nos dijeron que teníamos que recuperar esas horas. Yo me cabreé muchísimo. Que no nos engañen más con la excusa de las cargas policiales. ¿Quieren paralizarlo todo? ¿Qué van a hacer, cerrar los hospitales? ¿Cerrar los colegios? Y los padres que no puedan quedarse con sus hijos, ¿qué? Claro, ellos tienen canguros, pueden permitírselo”.

Para acabar, le pregunto por la posibilidad de éxito de las llamadas a la desobediencia civil. Y mi entrevistada me revela sin querer una de las armas con las que cuenta la administración catalana para obligar a los funcionarios a someterse a su dictado. “En mi departamento hay muchos interinos. Y los interinos tienen una concepción de la legalidad diferente. Han entrado a dedo y le deben vasallaje a sus superiores. ¡Ojalá fuéramos todos funcionarios! Yo he pasado oposiciones y jurado la Constitución, así que me debo a la legalidad. Pero el interino se debe al que le ha colocado, y tiene más incentivos que un funcionario de carrera para obedecer una hipotética orden de parada. A una sublevación, el interino dirá que sí porque su puesto depende de ello”.

Cataluña cuenta con una de las mayores tasas de temporalidad de todas las administraciones españolas. Se estima que aproximadamente un 30% de los funcionarios catalanes son interinos cuando la tasa máxima debería ser de un 8%. Durante los próximos tres años, la Generalitat debería convertir en funcionarios fijos a entre 25.000 y 45.000 interinos. Y esas decenas de miles de interinos a la búsqueda de una plaza son los que dentro de unas horas se verán ante el dilema de obedecer a la administración que les ha pagado sus sueldos hasta este momento o a un Gobierno central del cual no depende, de momento, su futuro profesional.