Lucas Jiménez (1d), presidente del Scrats, en el último Consejo Nacional del Agua, celebrado en Madrid, donde los agricultores se movilizaron en contra del nuevo Plan del Tajo.
Los regantes presionarán al Gobierno con tres movilizaciones para que no apruebe el Plan del Tajo
El presidente del Scrats advierte a la Moncloa de que 2023 puede ser "muy conflictivo" con los agricultores: "Solo echan gasolina al fuego".
9 diciembre, 2022 14:45Los agricultores de Murcia, Andalucía y de la Comunidad Valenciana no piensan dejar de pelear contra la subida de caudales ecológicos del nuevo Plan del Tajo y esta Navidad, se movilizarán en Madrid, para presionar al Gobierno. El citado plan todavía debe recibir el visto bueno del Consejo de Ministros y el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats) está ultimando un calendario de protestas para evitar que su aprobación se traduzca en un recorte de 105 hectómetros cúbicos, en las aportaciones que el Segura recibe del Tajo a través del trasvase.
La actual planificación hidrológica del Tajo contempla que el nivel de los caudales ecológicos, para mejorar el estado medioambiental del río, sea de 6 metros cúbicos por segundo, pero el nuevo plan pendiente de aprobación del Consejo de Ministros prevé elevar los caudales a partir de 2027: a 8,65 metros cúbicos por segundo, en Aranjuez, a 17,25, en Toledo, y a 18, en Talavera de la Reina. Tal subida se traduciría, según cálculos del Scrats, en un recorte del 50% en las aportaciones al Trasvase Tajo-Segura para regar explotaciones agrícolas en territorio levantino.
El presidente del Scrats, Lucas Jiménez, avanza que los agricultores se movilizarán frente al Ministerio para la Transición Ecológica, con el objetivo de reclamar una sola cosa al Ejecutivo de Pedro Sánchez: "Tienen que modificar el Plan del Tajo para mantener el nivel de los caudales ecológicos en los 6 metros cúbicos por segundo que marca actualmente, ya que está demostrado que incluso con menos metros, la calidad de la masa del agua permanece inalterable".
El líder de los regantes murcianos, andaluces y valencianos ha llamado al sector agrícola a movilizarse en las tres protestas que está ultimando el Scrats. "De momento, vamos a empezar por la Delegación del Gobierno en Murcia, el próximo viernes 16 de diciembre; en Madrid, el 21 de diciembre, y estamos viendo fecha para cerrar la protesta ante el Consell de la Generalitat Valenciana".
Jiménez quiere agotar todas las opciones para meter presión al Gobierno antes de que el Plan del Tajo llegue al Consejo de Ministros, algo que se espera que ocurra a lo largo del mes de diciembre. "Esos escalones de los caudales ecológicos no tienen que subir bajo ningún concepto, por el daño que ocasiona al regadío y para la economía del Levante y por su nula repercusión en la mejoría del estado del Tajo", según advierte el presidente del Scrats.
De momento, desde el Palacio de San Esteban confirman a EL ESPAÑOL que el jeje del Ejecutivo de la Región de Murcia, Fernando López Miras, está dispuesto a sumarse a la protesta convocada el 21-D contra de la aprobación del Plan del Tajo. "El presidente estará donde le pida la Mesa del Agua que esté, ya se manifestó en Madrid en 2017, cuando había un Gobierno del PP, y ahora les acompañará en cuantas acciones emprendan si así lo quieren ellos", tal y como explica el citado portavoz.
El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, este miércoles, en la Mesa del Agua celebrada en la sede de la patronal Croem.
El Ministerio para la Transición Ecológica ha tratado de aplacar los ánimos de los agricultores de Murcia, Andalucía y de la Comunidad Valenciana, con una mejora en el precio del agua desalada. Por ejemplo, en el caso del nuevo convenio de la desaladora de Torrevieja, el coste será de 32 céntimos por metro cúbico, pero los regantes levantinos se niegan a claudicar con el Plan del Tajo y a compensar la pérdida de las aportaciones del trasvase con la desalación porque en la práctica, su precio se eleva a 45 céntimos el metro cúbico, al añadirle el IVA, el peaje de conducción...
El presidente del Scrats recuerda al Gobierno que la forma más eficiente de mejorar el estado del agua del río Tajo, a su paso por Castilla-La Mancha, consiste en mejorar la red de saneamiento: "Ellos saben que lo hay que hacer es invertir en la mejora de todo el sistema de depuración".
Jiménez advierte de que las tres protestas convocadas para esta Navidad, pueden ser la antesala de un enero caliente con los agricultores, si el Consejo de Ministros finalmente ratifica la subida de los caudales ecológicos del Plan del Tajo. "Estamos empezando a verle los colmillos al lobo porque no llueve en las cabeceras y hay mucho miedo y enfado: como esto siga así, 2023 puede ser un año muy conflictivo porque estas medidas lo único que hacen es echarle gasolina al fuego".
El último cartucho
La manifestación convocada el 21 de diciembre se presenta como el último cartucho en defensa del trasvase para el sector agrícola murciano, andaluz y valenciano, por eso en el Scrats tienen previsto solicitar una reunión con la ministra Teresa Ribera, aprovechando que los líderes de varias organizaciones agrarias se desplazarán a la capital del España.
"Pueden modificar el borrador del Plan Hidrológico del Tajo porque al final, el que decide es el Consejo de Ministros", según zanja Lucas Jiménez. "Nadie sale beneficiado de esta batalla del agua, aquí todos son perjudicados, incluida Castilla-La Mancha". De hecho, un informe de la Universidad de Alicante advierte de que el Plan del Tajo 2022-2027, supondrá un recorte de 105 hectómetros a las aportaciones hídricas del Segura, vía trasvase, y eso se traducirá para Murcia, Andalucía y la Comunidad Valenciana en la pérdida de 27.314 hectáreas agrícolas, un lucro cesante de 5.692 millones de euros y la destrucción de 15.322 empleos.
